10 viviendas de las 40.000 que el Gobierno traspasa a Sepes están en Soria

En un movimiento sin precedentes para abordar la crisis habitacional que afecta a España desde hace años, el Gobierno ha tomado una decisión intenta cambiar el panorama inmobiliario del país. Este martes, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos finalistas desde la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la Empresa Pública de Vivienda (Sepes).

El 'banco malo', tal y como refleja su página web, tiene diez viviendas en Soria, que según el anuncio del Ejecutivo pasarán a estar a disposición de Sepes.

También cuenta con un suelo en la provincia, así como con 19 unidades de inmuebles terciarios. Estos son aquellos que no son de uso residencial y que pueden ser desde locales comerciales a naves industriales u hoteles.

Entre los activos del Sareb en Soria, siempre según lo que refleja el 'banco malo' en su página web, hay 14 anejos, que son propiedades complementarias a las viviendas, como trasteros o garajes.

La transferencia de inmuebles a la Sareb anunciada por la ministra está valorada en aproximadamente 5.900 millones de euros según estimaciones de mercado actuales. No solo representa la totalidad de las viviendas que poseía Sareb, sino también más del 30% de sus terrenos. El objetivo principal de esta iniciativa es ampliar significativamente el parque público de vivienda asequible en España, un sector que actualmente representa apenas el 3,4% del total del parque inmobiliario nacional, cifra muy inferior a la media europea, informa Ical.

La ministra Rodríguez ha destacado que esta transmisión se realizará de forma no lucrativa, pasando primero a Patrimonio por cuestiones de seguridad jurídica y posteriormente a Sepes. Un aspecto fundamental de este plan es el compromiso de que los inquilinos jamás pagarán más del 30% de sus ingresos mensuales por el alquiler, garantizando así que estas viviendas sean verdaderamente asequibles para las familias españolas.

Un cambio de paradigma en la política habitacional

Durante su intervención, Rodríguez lamentó que en los últimos 45 años se construyeran en España cerca de 2,5 millones de viviendas públicas que posteriormente fueron vendidas a particulares y fondos de inversión. Este nuevo enfoque busca romper con esa tendencia, blindando el parque público de vivienda de forma permanente para garantizar su función social a largo plazo.

El cambio de gestión desde Sareb a Sepes supone una transformación radical en el propósito de estos activos inmobiliarios. Mientras que el conocido como 'banco malo' tenía como principal objetivo la venta de inmuebles para recuperar parte de la deuda bancaria, ahora estos recursos se pondrán directamente al servicio de las necesidades habitacionales de la ciudadanía española, marcando lo que la ministra ha calificado como "un cambio de paradigma coherente con las políticas públicas de este gobierno".

La gestión de estas viviendas y terrenos, que hasta ahora Sareb había externalizado a empresas especializadas como Hipoges y Aliseda, pasará a manos del propio Sepes, empresas públicas de vivienda autonómicas y municipales, así como organizaciones del Tercer Sector. Este modelo pretende garantizar una administración más orientada al interés público que a los beneficios económicos.

Características de los inmuebles transferidos

Según ha detallado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las viviendas incluidas en esta operación cumplen con estrictos criterios de ubicación y calidad. Se encuentran situadas en áreas metropolitanas, islas y municipios con población significativa (superior a 5.000 habitantes o mayor de 1.000 con crecimiento poblacional superior al 5% en la última década). Además, todos los inmuebles carecen de patologías estructurales, cumplen con la legislación urbanística vigente y presentan condiciones de habitabilidad adecuadas.

En cuanto a los terrenos, también deben cumplir requisitos específicos: ubicación en municipios de más de 5.000 habitantes, superficie superior a 150 metros cuadrados, calificación de uso residencial plurifamiliar o colectiva, y capacidad para albergar promociones de al menos 30 viviendas. Estos 2.400 suelos finalistas tienen potencial para construir hasta 55.000 nuevas viviendas, lo que multiplicaría el impacto de esta medida en los próximos años.

Adicionalmente, los terrenos deben estar debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro, en pleno dominio de Sareb (salvo excepciones específicas donde su participación sea superior al 80% o sean susceptibles de completar su titularidad tras procesos de gestión urbanística).

Impacto social y futuro de la vivienda pública

La ministra Rodríguez puso en valor el trabajo realizado por la Sareb desde 2022, año en que el Estado se convirtió en su máximo accionista a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Durante este periodo, la división social de Sareb ha regularizado 7.700 contratos de familias vulnerables, demostrando el potencial de estos activos cuando se orientan hacia fines sociales.

Respecto al futuro de Sareb, cuyo horizonte temporal está fijado para finalizar su actividad en 2027, la ministra indicó que, aunque su gestión es competencia del Ministerio de Economía, este acuerdo supone "una señal" clara de la dirección que está tomando el Gobierno respecto a esta entidad y sus activos.

Este ambicioso plan habitacional se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda en España, donde los precios tanto de compra como de alquiler han experimentado incrementos significativos en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades. La incorporación de estas 40.000 viviendas al parque público podría representar un primer paso importante para contrarrestar esta tendencia, aunque expertos del sector inmobiliario señalan que serán necesarias más medidas estructurales para resolver completamente el problema habitacional español.

Con esta iniciativa, España busca acercarse a los estándares europeos en materia de vivienda pública, un ámbito en el que tradicionalmente ha estado rezagada respecto a sus vecinos del norte de Europa. El éxito de este programa dependerá en gran medida de la eficacia en la gestión y mantenimiento de estos activos por parte de Sepes y las entidades colaboradoras, así como de la continuidad de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.