La instalación de las polémicas cámaras de la Zona de Bajas Emisiones comenzará tras el verano

Todo está preparado para que a la vuelta del verano pueda comenzarse el debate sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con la colocación de cámaras de vigilancia que desde algunos sectores se considera con polémica. Y es que Soria no tiene la obligación, por nivel poblacional, de establecer uno de estos perímetros urbanos, pero el Consistorio lo determinará a efectos sobre todo informativos. La herramienta previa para la instalación de los puntos de control es una Ordenanza de la que ahora Soria carece. No parece que por mucho tiempo, pues el equipo de Gobierno dispone ya de un «borrador» del texto normativo, señaló la concejala de Obras, Ana Alegre. La intención es que, previo su paso por la Comisión informativa, el asunto pueda llevarse al pleno de septiembre u octubre.

Alegre recordó que con carácter previo el Ayuntamiento tiene que hacer el anuncio de la Ordenanza. Es decir, comunicar que se está lanzando el proceso y poner a disposición del público el borrador, como sucedió, por ejemplo, con la norma que regula los vehículos de movilidad personal. Tras el paso por el pleno llegará el periodo de exposición pública con el fin de recoger las posibles alegaciones. Si las hubiere, el texto volverá a pasar por el pleno para la votación de tales reclamaciones y el paso a definitivo de la Ordenanza. Si no, entrará en vigor sin más una vez pasado el periodo de exposición.

Desde el punto de vista operativo, la Zona de Bajas Emisiones está compuesta por una treintena de puntos vigilados. En concreto, 32, según recogen las condiciones de contratación. A a la espera de la Ordenanza, el contrato para su instalación y el despliegue de todas las señales se formalizó a mediados del pasado noviembre. La empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas es la adjudicataria por un importe de 377.000 euros. Los sistemas se despliegan en dos espacios separados. Por una parte, la ‘almendra central’ de Soria, una amplia superficie que abarca desde el barrio de San Pedro hasta el paseo de San Andrés. Por otro, las entradas y salidas.

En su momento, la concejala de Obras avanzó algunas de las cuestiones que abarcará la Ordenanza. Así, la carga y descarga, ya regulada, aunque su incorporación se debe a que es uno de los aspectos que a nivel informativo y de fluidez más importancia tiene. También se regularán las entradas y salidas del casco, ya que el uso indebido del centro es una recurrente queja vecinal. En general, la Zona de Bajas Emisiones recogerá la «apuesta política» llevada a cabo por el equipo de Gobierno con las zonas peatonales y semipeatonales, las ‘pacificadas’ a 30 kilómetros por hora para los conductores. En principio, tendrá sobre todo un carácter informativo y no de sanción o limitación del tráfico, si bien las cámaras pueden ser un complemento para la justicia, por su potencial al identificar, por ejemplo, vehículos requisitoriados.

Y es que las cámaras son de dos tipos: de seguimiento ambiental y de reconocimiento de matrículas.

Estas segundas se corresponden con la tecnología LCR, de reconocimiento óptico de los caracteres de la placa. Es la más frecuente que se instalará en las calles. «Su funcionalidad», recordaban las condiciones de contratación, «está enfocada a leer matrículas, identificar vehículos señalados con algún requerimiento, recabar datos para generar base de datos de interés o verificar los movimientos de los vehículos». En cuanto a las cámaras de ambiente, son contextuales, con la misión de captar «planos abiertos en su zona de visión, permitiendo almacenar imágenes, que se podrán recuperar para su posterior análisis, de la trayectoria de los vehículos».

El núcleo central de la ciudad, con sus espacios ‘pacificados’ y peatonales y el entorno de la Dehesa componen la Zona de Bajas Emisiones. Aquí está prevista la instalación de una veintena de puntos de vigilancias, en espacios como la plaza de San Pedro, Obispo Agustín, Dehesa Serena, Tirso de Molina, Santo Tomé, Tejera, Santa María, Espolón, Mosquera de Barnuevo, San Andrés, Nicolás Rabal, Mariano Granados, Ramón y Cajal, Caballeros, San Juan de Rabanera, Betetas, Postas y Nuestra Señora del Azogue. Hay calles que carecen de tráfico rodado, pero en las que la instalación es coherente con esas entradas y salidas que se quieren controlar. Así, en Ferial, Sorovega, Diputación, plaza de las Mujeres, Olivo, Mariano Granados y Espolón. El control de accesos al centro se establece en Numancia, Condes de Lérida, Calixto Pereda, Condes de Gómara, Arboleda, Real, Postas, Estudios, Fuentes y San Juan.

En esta ‘almendra’ la mayoría de dispositivos serán de lectura de matrícula. La combinación de placa y contexto se da en la recopilación de datos en las entradas y salidas de Soria: puente de piedra (entrada y salida), avenida de Valladolid (dos puntos), Carretera de Madrid (otros dos), entrada y salida por Fuente del Rey y polígono (Burger King y Würth). Dependiendo de las características de la vía, el control será de doble carril.

Antes de la Ordenanza, el ‘plano’ de los puntos en el centro tuvo que ser acordado con Patrimonio, que le dio el visto bueno el pasado marzo. Sucede que el Casco Histórico de Soria tiene la categoría cultural de Conjunto Histórico, lo que condiciona ciertas actuaciones. Ocho de las cámaras se ubicarán en entornos de protección de monumentos declarados BIC o con afección arqueológica.

Al no contar con 50.000 habitantes Soria no tiene la obligación de precisar una Zona de Bajas Emisiones. Sin embargo, la voluntad política ha pesado en la decisión de hacerlo, con las regulaciones de las semipeatonalizaciones y nuevas urbanizaciones de los últimos años, aprovechando además la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.