Las estafas copan el 97% de los ciberdelitos que llegan a los juzgados sorianos

Las nuevas tecnologías avanzan a velocidad del rayo, pero también quienes las utilizan con fines espurios. Lo corrobora la Fiscalía de Soria en su memoria anual de 2024 que asegura que «las estafas por internet son cada vez más perfeccionadas», lo que unido al imbricado trasnacional y la participación de multitud de intermediarios, motiva que «resulte muy costosa su investigación». La ciberdelincuencia está a la orden del día y tiene su reflejo en los juzgados.

Los procedimientos judiciales de criminalidad informática abiertos en Soria, Almazán y El Burgo de Osma fueron 175 el pasado año, una contención respecto a la anualidad anterior, con 261, pero una distorsión dentro de la línea ascendente de los últimos tiempos. Con una tendencia clara, cada vez es mayor el protagonismo de las estafas. En concreto, del 97% de los ciberdelitos. Es más, el numero de acusaciones por estafa informática aumentó hasta casi triplicarse (16 frente a 6) y lo mismo sucede con respecto a las sentencias dictadas tanto por el Juzgado de lo Penal como por la Audiencia Provincial, que fueron 18 frente a las tres del año anterior. Además, como matiza la Fiscalía, ha crecido la cifra de causas por delito de estafa agravada por aplicación de la circunstancia de la multireincidencia. En definitiva, llegan más a los juzgados y quiénes los cometen repiten.

Las ciberestafas ya representan el 70% de todas las estafas cometidas en la provincia dentro del apartado delitos contra el patrimonio.

El Ministerio Público pone de manifiesto, como ya se ha venido demostrando desde hace unos años, el auge de las estafas informáticas va en aumento, tanto por técnicas de engaño basadas en la ingeniería social como por el uso de programas informáticos maliciosos difícilmente detectables por el ciudadano medio. En paralelo, los consumidores y usuarios cada vez utilizan más las plataformas digitales de las entidades bancarias con lo que la combinación está servida.

La Fiscalía asegura que si bien algunas defraudaciones son muy sofisticadas y difíciles de detectar, otras por el contrario eluden de forma burda los controles bancarios o se trata de operaciones fraudulentas fácilmente detectables por las entidades bancarias, «debido al elevado número de cuentas aperturadas o sus estrafalarios movimientos bancarios». En ese sentido, evidencia la observación de «una escasa colaboración por parte de algunas entidades bancarias para la investigación de los delitos informáticos». Hasta tal punto es importante en la resolución de este problema que aqueja a los usuarios que la Fiscalía propone que sería deseable que «desde el ámbito del derecho sustantivo penal, se apreciara una responsabilidad civil objetiva de estos proveedores y el ámbito civil, se pudiera dirigir acción de responsabilidad civil directa contra las entidades bancarias, y así de esta forma se verían forzadas a implementar sistemas de detección preventiva más eficaz y a colaborar de forma mas efectiva con las investigaciones criminales».

Al margen de las estafas, la ciberdelincuencia tiene otras ramificaciones. El año pasado en Soria se iniciaron diligencias por un delito de pornografía infantil derivado de una investigación policial de carácter transnacional. También por el acoso a un menor de 16 años a través de las tecnologías de la información. Igualmente, se abrió otro procedimiento judicial por descubrimiento y revelación de secretos, en el ámbito de la violencia de género, por acceder de forma no consentida al teléfono móvil y aplicaciones de su pareja sentimental. En el ámbito de las jurisdicción de menores, destaca la incoación de un expediente por pornografía infantil, con imágenes sexuales con menores muy explícitas, y otro por un delito contra la intimidad por descubrimiento de claves para acceder a equipos informáticos desde donde se enviaban mensajes injuriosos contra otras personas. Desde la Fiscalía de Soria indican «la importante labor de concienciación para la prevención de los delitos informáticos que están llevando a cabo los cuerpos policiales, tanto en el ámbito escolar como entre la población de personas mayores. Desde nuestro punto de vista, una mejor información y concienciación social de los riesgos de estos delitos ha tenido un claro reflejo» en la estadística de 2024.

Por otro lado, las agresiones sexuales constituyen una preocupación de primer orden social y más aún si existen menores implicados. El año pasado se detectó un resurgimiento de las violaciones entre menores con edades próximas, también de lesiones de carácter leve. En el otro lado de la moneda, se redujeron las violencias domésticas.

El número total de diligencias preliminares incoadas en el año 2024 fueron 136 –un año antes 121– y el de expedientes de reforma –contra un menor– sumaron 45. Con un condicionante además, que el tiempo medio de instrucción ha aumentado, dado que los delitos cada vez son de mayor gravedad, incrementándose tanto los delitos graves de lesiones, en total 13 en el año 2024, como los de agresiones sexuales, incoados seis. «La instrucción se prolonga por más tiempo, debido al tiempo de espera para la sanidad de las lesiones o de los resultados biológicos, por lo que en algún caso se ha agotado el tiempo de medida cautelar, pero no así de la prórroga», señala la memoria anual de la Fiscalía de Soria. Respecto a los delitos leves, se mantuvo dada su fácil instrucción.

En el caso de los menores de 14 años, inimputables, la incidencia criminológica de los hechos más graves indica que quedaron archivadas 26 casos. Aunque continúa siendo el acoso escolar el delito que más se prodiga entre los menores de 14 años, cada vez son más los de hurto o leve de lesiones los que se cometen entre estos chavales.

Respecto a la oficina de asistencia a víctimas, para la que la Fiscalía reclamó en otras ocasiones una mayor dotación de personal dado que sólo contaba con una gestora procesal y una psicóloga, careciendo de personal administrativo para la gestión y tramitación de los expedientes, en esta memoria referida a 2024 la Fiscalía manifiesta su «satisfacción» por el acuerdo de la creación de una plaza de tramitador procesal para la OAVD de Soria. «Era evidente, que debido al incremento de sus funciones, esa escasez del número de sus componentes dificultaba enormemente la labor que desempeñan, problema que se veía agravado en periodos vacacionales, de permisos o bajas de sus miembros.

Asimismo, el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y estupefacientes constituye el mayor porcentaje de procesos incoados en materia de seguridad vial. Sobre todo consumo de alcohol, muy escasos los relativos a drogas, confirma la Fiscalía de Soria. Durante el año pasado se incoaron 34 diligencias previas y 97 urgentes. De estas últimas, siete derivaron a diligencias y el resto resultaron todas condenatorias. La posible conducción bajo los efectos de alcohol o droga se detecta en su mayor parte en controles preventivos de alcoholemia y por la observación de conducciones irregulares, pero, según la Fiscalía, se evidencia que se han detectado en accidentes de circulación, tales como salidas de vía, choques contra vehículos aparcados con producción de daños o resultados lesivos, si bien en su mayor parte de no especial relevancia. «Sigue siendo evidente el dato preocupante, ya observado en años precedentes, del cada vez mayor número de conducciones con elevadas tasas de alcohol, superiores a un miligramo de alcohol por litro de aire espirado o muy próximos».