El Gobierno dice que el límite de plazas de la Junta no afecta al centro de refugiados de Soria

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones considera que la normativa autonómica que limita el número de plazas no afecta a la red de centros de inmigrantes que son competencia del Estado, como el caso del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria. Por tanto, la infraestructura, que está en pleno proceso de construcción, mantendrá sus 203 plazas previstas y con el objetivo de estar disponible en el segundo semestre de 2026.

La polémica surge hace unos meses, en febrero, cuando se inician obras de adecuación en la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún de Salamanca con más de 400 plazas. Desde la consejería de Familia de la Junta se recordó entonces la existencia de una normativa autonómica -Orden Fam/1160/2024, de 28 de octubre- por la que se limitaba el número de plazas con 120 para los ubicados en poblaciones de más de 20.000 habitantes, 72 para los ubicados en localidades de entre 10.000 y 20.000, y 60 para los municipios de menos de 10.000 habitantes.

El Ministerio recibió primero la noticia con sorpresa y luego encargó un análisis de la normativa autonómica a la Abogacía del Estado. Ahora, a través de una respuesta parlamentaria, sostiene que esa norma no afecta a este tipo de centros «que son competencia del Estado».

La pregunta fue planteada por el senador del PP por Soria, Javier Jiménez, que recuerda que el CAPI de Soria tiene previstas 203 plazas «si bien es cierto que la Junta aprobó una normativa que limita las plazas para este tipo de centros en poblaciones de más de 20.000 habitantes a 120, como el caso de Soria». «¿Esta orden va a afectar a las obras que vienen desarrollándose?», pregunta el senador.

La contestación del Gobierno, fechada el 22 de septiembre, remarca que es el Ministerio de Inclusión el que desarrolla la política del Gobierno en materia de extranjería siendo el competente para «la planificación, desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, así como las coordinación de actuaciones urgentes». En este ámbito, destaca el «Programa de Atención Humanitaria» que está dirigido a «atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a las costas españolas o acceden a nuestro país» y se cubre «mediante centros públicos gestionados directamente por el Ministerio y recursos gestionados por entidades del tercer sector mediante acción concertada». Además, el Gobierno recuerda que el Sistema de Acogida de Protección Internacional «es el conjunto de recursos y actuaciones que se proporcionan a las personas destinatarias con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad».

Sobre la normativa de la Junta, desde el Gobierno indican que fue el 26 de febrero de 2025 cuando se emitió el informe sobre la orden de la Consejería de Familia de la Junta. Como aspectos destacados en la respuesta se cita el artículo 47 que hace referencia a los criterios y mínimos de calidad de los servicios sociales sociales y los que «hayan de cumplir todas las entidades, centros y servicios integrados en dicho sistema autonómico». Ahonda además en que «la misma limitación» se observa en el 47.2C «cuando limita la potestad de creación, organización, mantenimiento, dirección y gestión de los centros que guarden relación con las prestaciones cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comunidad según las leyes y el catálogo de servicios sociales de Castilla y León».

Esas son las dos cuestiones fundamentales estudiadas por la Abogacía del Estado y que sirven de base a la argumentación del Gobierno para considerar que esa normativa no afecta al CAPI de Soria. «La referencia que contiene la norma legal a la autorización de centros de asistencia social queda limitada a aquellos sobre los que la Comunidad Autónoma extiende su competencia», subraya añadiendo que, por tanto, «no afecta a otros diferentes como serían los pertenecientes a la red de centros de inmigrantes que son competencia del Estado». Por último, concreta que esto se aplica en la «determinación del número de plazas de los que dispone cada uno». Por último, desde el Gobierno aclaran que más allá de estas cuestiones, lo que no cambia es «el cumplimiento de todas las normativas locales, autonómicas o estatales que sean de aplicación».

El Gobierno concluye indicando que «el CAPI de Soria será una realidad en el segundo semestre de 2026 sometiéndose en ese momento a la normativa que pudiera serle de aplicación». En el caso de Soria, las obras de construcción se iniciaron a principios del pasado mes de febrero con una inversión que supera los 13 millones de euros. El plazo de construcción era de 18 meses. El CAPI de Soria contará con un área residencial, oficinas, despachos, talleres, aulas, salas polivalentes, zonas comunes y de servicios constituyen las dependencias del centro en 7.650 metros cuadrados construidos.