El Gobierno elimina el empadronamiento para utilizar el VTC que conecta a Soria con el AVE en Calatayud
Taxistas esperando viajeros en Soria para conectar con el AVE en Calatayud.
El Congreso ha dado este miércoles luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye la eliminación del empadronamiento para usar el VTC que conecta Soria con el AVE en Calatayud, y remite la norma al Senado para completar su tramitación.
Y es que se ha incluido como novedad una disposición adicional en este proyecto de ley que indica que la experiencia piloto se extenderá de forma general para la conexión de todos los viajeros entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud sin limitación de residencia.
La aprobación de la ley por tanto eliminará de forma automática el criticado requisito del empadronamiento, pero no aborda las otras dos cuestiones demandadas con respecto al servicio del VTC como son la obligación de reserva con 48 horas de antelación ni la limitación de plazas.
De este modo, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior y como experiencia piloto, en el plazo máximo de 60 días desde la entrada en vigor de la presente ley, se establecerá por Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible las condiciones a aplicar para la implantación de este régimen para la conexión de viajeros entre Soria y la estación de alta velocidad de Calatayud.
Un proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que fue aprobado este miércoles en el Congreso de los Diputados tras lograr el respaldo de la mayoría del Pleno con 174 votos a favor y 4 abstenciones.
Permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial. El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España se sustentará en cuatro pilares. El primero de ellos es que, por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Esta deberá ser accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla.