El Procurador del Común evidencia la falta de accesibilidad del autobús urbano en Soria
La Institución insta al Ayuntamiento de la capital a que requiera al concesionario acciones que garanticen el correcto y continuo funcionamiento en todos los vehículos de los elementos para personas con movilidad reducida
El autobús urbano, en la plaza de Mariano Granados.
Las deficiencias del transporte urbano en relación a la accesibilidad de los viajeros con movilidad reducida vuelven a llegar el Procurador del Común. La institución que vela por los intereses de los ciudadanos frente a la administración no niega que se hayan producido mejoras a raíz de las actuaciones previas, pero vuelve a incidir sobre un asunto del que depende la posibilidad de ciertas personas de acceder a los autobuses. «Un autobús verdaderamente accesible sólo es aquel que responde de forma eficaz a las expectativas de los usuarios, asegurando de forma efectiva que la subida y bajada de los pasajeros se realice sin incidencias o riesgos. Lo que no queda garantizado si siguen surgiendo problemas técnicos en su funcionamiento, rompiendo la cadena de desplazamiento y generando inseguridad en los usuarios», señala el Procurador, que pone en el punto de mira las deficiencias de las rampas de los vehículos.
Por eso, insta al Ayuntamiento a que «requiera a la entidad concesionaria del servicio de transporte público urbano de Soria la realización de las actuaciones necesarias para garantizar de forma continua en todos los vehículos un funcionamiento eficiente y eficaz de los mecanismos destinados al embarque y desembarque de las personas con movilidad reducida». Las acciones que solicita son, por ejemplo, «la implementación de revisiones diarias y de mejores sistemas de mantenimiento o conservación, sin perjuicio de cualquier otra intervención que contribuya de forma efectiva al logro de dicha finalidad».
El Procurador considera que «es necesario» realizar «los mayores esfuerzos para seguir mejorando las condiciones de la red de transporte urbano, revisando diariamente los mecanismos de acceso y ejecutando su continuo mantenimiento para que, en el momento en que el usuario demande su utilización, funcionen correctamente y, en definitiva, no se originen incidencias». Y es que, la población con movilidad reducida debe «ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades, de lo que resulta la necesidad de evitar que se produzcan deficiencias o dificultades en su entrada y salida de los vehículos». Si no se remueven los obstáculos en el acceso al autobús «no será un servicio integral y plenamente accesible para todas las personas», indica la institución, que apela a la normativa europea.
Esta «concede a los viajeros de autobús un nivel especial de protección, al considerarlos la parte más débil del contrato de transporte, estableciendo una serie de derechos generales aplicables en todos los servicios regulares. Entre ellos, la no discriminación y la asistencia obligatoria a las personas con discapacidad y con movilidad reducida sin costes adicionales». El transporte «es uno de los pilares de una ciudad accesible» y «se debe seguir trabajando para evitar cualquier situación que suponga discriminación en la utilización de los autobuses».
De manera general, en los últimos tiempos los servicios de transporte han realizado un «importante esfuerzo» de modernización en accesibilidad, implantándose de manera general rampas y elevadores. Los «avances» en este sentido «han sido muy significativos» y han beneficiado a las personas con movilidad reducida y a otros colectivos con discapacidad. Sin embargo, «continúan existiendo todavía eslabones en la cadena del transporte urbano que impiden alcanzar una accesibilidad total». En el caso de Soria se ha producido la reclamación a que da lugar la resolución, que denuncia «la imposibilidad» de utilizar el transporte por las deficiencias en las rampas.