El Procurador del Común atiende 77 quejas de Soria, la mitad resueltas

El Procurador del Común recibió el año pasado 77 quejas presentadas desde la provincia de Soria, y la mitad ya han sido resueltas. El resto están en proceso, teniendo en cuenta que un número importante se formularon en los últimos meses del año por lo que se hallan en trámite, incluso están pendientes de recibir los correspondientes informes de la administración requerida. Además, en torno al 80% de las resoluciones son aceptadas por las administraciones a las que se dirige el Procurador.

Según la complejidad de la queja o los tiempos de demora en la remisión de la información solicitada, el tiempo de resolución de las quejas es variable. Todas las quejas que recibe el Procurador del Común son resueltas, en unos casos mediante resoluciones con recomendaciones o sugerencias, otras con un archivo por no apreciar irregularidad o por haberse solucionado el problema que dio lugar a la queja. En algunos casos, las quejas son remitidas al Defensor del Pueblo por no ser competente la institución del Procurador del Común, o bien son archivadas por haberse iniciado un procedimiento judicial sobre el mismo asunto.

Lo cierto es que el 80% de las resoluciones son aceptadas por las administraciones a las que se dirige el Procurador tras una queja; el resto se incluye en el Registro de Administraciones y Entidades no Colaboradoras, unas por incumplir con la obligación de informar y otras por no contestar a las resoluciones. En Soria hay un total de 27 ayuntamientos registrados por no contestar a las resoluciones, con 61 expedientes abiertos, y otros 16 por incumplir con la obligación de informar a 30 requerimientos, el último de ellos el de Quintana Redonda, a quien se le preguntaba por las retribuciones a los miembros de la Corporación municipal. La solicitud de información se registró el 23 de diciembre de 2025 y se le ha realizado dos apercibimientos de inclusión, uno el 4 de febrero y otro el 11 de marzo, ese mismo día, otro de posible responsabilidad penal.

El Procurador indica que en principio, suelen ser entidades locales de reducido tamaño, con pocos medios humanos y materiales. De hecho, además de Quintana Redonda en la provincia son la mayoría, como Reznos, Candilichera, Cihuela, Viana de Duero, Moñux (junta vecinal), Montenegro de Cameros, Coscurita, Almazul, Borobia, Medinaceli, Vinuesa, Santa María de las Hoyas, o Molinos de Duero.

Pero la realidad es que hay instituciones como la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Soria y el de Golmayo, con expedientes sin informar o sin contestar a algunas de las resoluciones.

En lo que va de año hay dos expedientes en marcha por no contestar a las resoluciones del Procurador del Común, uno es del Ayuntamiento de Soria en materia de medio ambiente por unas molestias causadas por los humos de una vivienda, para el que se han solicitado respuesta tanto en septiembre como en noviembre del año pasado y con apercibimiento desde el pasado 7 de enero. El segundo es para la Diputación, por una resolución sobre el abastecimiento de agua potable, el control efectivo de los consumos y la instalación de contadores, con solicitudes de respuesta en mayo y en agosto del año pasado y con apercibimiento desde el 12 de diciembre de 2025.

También el Ayuntamiento de Quintana Redonda figura entre las entidades no colaboradoras por no contestar a las resoluciones. La última de noviembre del año pasado por un asunto relacionado con el aprovechamiento de leñas comunales y el establecimiento de una fianza para poder beneficiarse del recurso por la que hay disconformidad entre los vecinos. El Procurador solicitó respuesta en mayo y en septiembre, y hay apercibimiento desde octubre.

Son dos las obligaciones de las administraciones cuando su actuación es objeto de queja por los ciudadanos ante la Procuraduría: Facilitar los datos y documentación que le requiera el Procurador del Común en el marco de la tramitación del expediente de queja; y dar respuesta a la resolución que dicte el Procurador del Común, en términos de aceptación o rechazo de la misma.

Cabe recordar que el Procurador del Común está legalmente habilitado para dar a conocer la identidad de las administraciones, organismos o entidades que hayan impedido o entorpecido su actuación o no le hayan prestado su colaboración en el ejercicio de sus funciones.

De ello se deriva que el citado Registro se estructure en dos secciones: En la primera de ellas figuran aquellas administraciones o entidades que no facilitan la información que se les haya solicitado, información que considera necesaria para ejercer su labor de supervisión, por lo que su omisión también merma las expectativas y las garantías de los ciudadanos que se dirigen al Procurador del Común.

En la segunda sección se incluyen aquellas administraciones que incumplen la obligación de dar a conocer su postura sobre la resolución que ha dictado el Procurador del Común. En concreto esa inclusión en la Sección Segunda del Registro es simultánea al segundo recordatorio que se efectúa a la administración.

El Procurador del Común puede actuar a partir de la recepción de una queja por parte de cualquier persona física o jurídica si ésta considera que la actuación o falta de actuación de una administración supone un menoscabo a sus derechos. Pero también de oficio, ya que el Procurador puede actuar por iniciativa propia cuando aprecia irregularidades en la actuación de las administraciones, situaciones de incumplimiento normativo o de vulneración de derechos individuales o colectivos, ya sea de la Junta de Castilla y León o de ayuntamientos, entidades locales menores, diputaciones provinciales, y demás entes públicos dependientes de éstas.