El PP recoge 2.000 firmas contra la creación de la Zona de Bajas Emisiones de Soria
El equipo de Gobierno sostiene en solitario la Ordenanza, como una herramienta «preventiva» para la calidad del aire y la planificación. Los populares recalcan que su establecimiento «no es obligatorio
Un momento del pleno extraordinario.
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) cumplió con una primera fase con la aprobación inicial en el pleno. Se abre ahora un periodo de alegaciones de 30 días hábiles para presentar propuestas, quejas y consideraciones a una Ordenanza que salió adelante con los solos votos del equipo de Gobierno. La de la Zona de Bajas Emisiones se aventura como la polémica del año y más allá, pues los populares avanzan que recurrirán a la justicia el establecimiento de la circulación limitada a los coches con distintivo ambiental de la DGT, por más que la norma marque tantas excepciones que al final pueda pasar cualquiera con una necesidad. Por lo pronto, el PP se está dedicando a recoger firmas en contra y ya lleva 2.000, según expuso en un pleno que dio además luz verde al nuevo modelo de tarificar el agua y al encargo a Valoriza de los contenedores marrones, la recogida de material orgánico que viene obligada por Europa.
La concejala de Obras, Ana Alegre, defendió la implantación de la ZBE dentro de un proceso «transparente, participativo y garantista» y como una «herramienta útil» para la planificación estratégica y el mantenimiento de la calidad del aire. Una herramienta «preventiva» frente a posibles empeoramientos y estratégica de planificación, también para la captación de fondos europeos. Como ciudad de menos de 50.000 habitantes, Soria no tiene obligación de contar con ella, pero «nace de una decisión política responsable».
La Ordenanza trata de «limitar el acceso» a los vehículos «más contaminantes, a aquellos que carecen de distintivo ambiental de la DGT», pero hay una «amplitud de excepciones». En este sentido, la Ordenanza apunta a los residentes empadronados en alguna de las calles; los dedicados al transporte de personas con movilidad reducida; los dedicados al transporte de personas con enfermedades que les condicionan el uso del transporte público; propietarios o arrendatarios de plazas de garaje; servicios públicos esenciales; vehículos del Ayuntamiento o sus contratistas; vehículos que presten servicios de urgencia en la vía pública sobre incidencias de servicios generales; transporte público colectivo o taxis.
El modelo es «progresivo y revisable» y desde el punto de vista del equipo de Gobierno, el debate se centra en «si queremos seguir siendo una ciudad que se adelante a los problemas». Prevención, salud pública, sostenibilidad y mejora del espacio urbano son las líneas de una ZBE que señala cómo «las ciudades que avanzan son las que planifican», expresó Alegre.
Para el PP, el punto está en que «no es obligatorio». «Mi pregunta es ¿por qué?», señaló Saturnino de Gregorio, si la propia Ordenanza dice que Soria cuenta con un «aire saludable» y además la ciudad tiene una población inferior a los 50.000 habitantes. «Nos vamos anticipando porque tenemos una subvención», refirió.
El popular se preguntó «dónde están esos análisis de contaminación» que justifiquen la medida y cuál será la ganancia en calidad del aire con ella. «No va a haber mejora en la calidad del aire porque no puede haberla, porque es excelente», aseguró De Gregorio, quien insistió en «qué ganamos con ello». Para el PP existe un «afán recaudatorio y un gasto público innecesario». No sólo alegarán en su momento los populares, sino que también acudirán al Contencioso para ‘tumbar’ la ZBE, de la que, por otra parte, pedirán «aclaración» a la Dirección de Fondos Europeos por su hay «fraude de ley» o «negligencia» por su implantación.
Para Sara López, de Vox, se establece una «restricción voluntaria de los derechos de circulación», pues Soria «no tiene obligación» de crear la ZBE. «Esto no es gestión, es ideología verde», afirmó la concejala, quien consideró que intenta «penalizar la pobreza vehicular». El bajo nivel de contaminación «expone este texto a la impugnación» y, debido a la falta de memoria de impacto económico, la Ordenanza está «abocada a la invalidez», declaró López, quien habló «atropello económico».
El voto en contra de PP y Vox se repitió en la implantación del contenedor marrón de orgánico, la modificación del contrato con la empresa Valoriza para que, de una parte, adquiera los recipientes precisos, la maquinaria para su manejo y, las llaves y tarjetas de los ciudadanos para su apertura. De otra, para incrementar en 297.000 euros al año (más 10% del IVA) los gastos de gestión desde 2027. El motivo de la negativa venía dado por las dudas sobre el sistema de cerraduras y tarjetas, que al parecer en otras ciudades no está funcionando todo lo bien que se esperaba. Por lo demás, el contenedor de orgánico es una exigencia de la normativa europea.
Por último, el pleno dio el visto bueno con la abstención de PP y Vox a la nueva tarifa del agua. Es el modelo que incorpora un fijo de 34,2 euros al mes por la potabilización, depuración y amortización de la depuradora. Y un cargo variable por el consumo, del que se introducen tres tramos. Según los cálculos municipales, un consumo tipo de 20 metros cúbicos (casi 13.500 de 29.300 recibos) quedaría en 150 euros al año. Lo que vuelve a dejar a Soria entre las capitales más baratas.