La cárcel de Soria no llega ni al 50% de ocupación en espera del módulo polivalente

La cárcel provincial de Soria mira ya hacia el quinto aniversario de su puesta en funcionamiento y aún no ha alcanzado ni el 50% de su capacidad. En estos momentos hay poco más de 300 internos cuando tras sus muros podrían internarse a casi 700. El porcentaje de ocupación, según los últimos datos del Gobierno es del 44,3% mientras se espera que, en breve, pueda sumarse el anunciado módulo polivalente. El Ejecutivo también reconoce que el tiempo que estuvo el centro terminado, pero cerrado, ha provocado que haya elementos técnicos que han quedado obsoletos.

La información del Gobierno figura en una respuesta parlamentaria al diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón, que aborda diferentes cuestiones vinculadas a la prisión de Soria, puesta en servicio a finales de noviembre de 2021. Ahora mismo el centro contaría con cuatro módulos residenciales abiertos además del dedicado a Enfermería y el apartado de ingresos. El recinto tiene capacidad para prácticamente doblar su población reclusa. El Gobierno central apunta que «el centro cuenta con una capacidad óptima de 684 internos y la ocupación actual es de 303, por lo que el porcentaje de ocupación se sitúa en el 44,3%». La respuesta está fechada el 10 de junio.

Tal y como se ha ido adelantando por las autoridades provinciales al menos desde finales del año pasado la intención es que pronto se sume el módulo polivalente, pero no más estancias residenciales. Lo deja claro el Gobierno señalando a que «actualmente, solo se baraja la posibilidad de abrir el módulo polivalente» y añade que «dicha decisión ha sido tomada por motivos de tratamiento y su apertura tiene viabilidad debido al número de funcionarios que actualmente, tras el concurso de traslados, cuenta el Centro Penitenciarios de Soria».

A nivel de materiales y enseres, desde Interior destacan que el inventario inicial fue entregado con fecha de 31 de diciembre de 2020 y que se revisa anualmente «sin que desde la apertura de este centro se haya producido ninguna baja de mobiliario». En este sentido aseguran que «en el caso de los módulos no abiertos, dicho mobiliario no ha sido alterado debido a que no se ha utilizado la dependencia».

No obstante, sí se han detectado otros problemas vinculados a la utilización de elementos procedentes de módulos no abiertos para «reparar averías en módulos o dependencias en uso». En este caso el Gobierno señala que «las instalaciones tienen más de 10 años –pues la puesta apunto fue en 2024– y al no existir repuestos para algunas reparaciones y en virtud del principio de economía, puntualmente, se han utilizado repuestos únicamente en aquellos casos en los que estuvieran descatalogados ya que resulta económicamente inviable reponer un equipo nuevo cuando se dispone de equipos que no están siendo utilizados». De forma más concreta se indica que «fue necesario sustituir una bomba de calor, que actualmente está descatalogada, para la reparación del refrigerador del cuarto de servidores, que, si no se hubiera utilizado, el servidor donde están los discos duros y cámaras se hubiera recalentado con la correspondiente consecuencia de perdida de datos». Desde el Gobierno recalcan que «estos usos queda acreditado con la documentación del origen de los materiales utilizados en las reparaciones, como los albaranes y facturas. Las averías o piezas que han tenido que ser reparadas tienen su base en los partes de avería e informes realizados por el personal de mantenimiento».

De cara a la apertura de nuevos módulos, desde el Gobierno indican que cada nuevo apartado residenciales tendría un coste de unos 4.000 euros. «se señala que la apertura de cualquier módulo del Centro Penitenciario se da con la simple realización de la puesta en marcha de la instalación. Para ello, La dotación presupuestaria estimada se ha calculado en unos 4.000 euros, a lo que habría que sumar la revisión de todos los aceites hidráulicos que sería conveniente cambiar».

El Gobierno también explica en su respuesta que los sistemas energéticos del centro están adaptados al uso actual de las dependencias. «El dimensionamiento y utilización de las instalaciones energéticas del centro se adecúan a las necesidades reales derivadas de su nivel actual de ocupación, que representa aproximadamente una cuarta parte de su capacidad total prevista. En este contexto, no se ha considerado necesario hasta la fecha disponer de la totalidad de los sistemas e instalaciones energéticas a pleno rendimiento».

Esta situación ha afectado a los equipos de microgeneración y a la caldera de biomasa que ya no están en funcionamiento. «Los equipos de microgeneración estuvieron en funcionamiento durante el periodo previsto inicialmente, alcanzando el límite de horas de operación programadas, actualmente, ni estos equipos, ni la caldera de biomasa se encuentran en funcionamiento ordinario, y, por tanto, las actuaciones de mantenimiento asociadas se limitan a labores mínimas de conservación y revisión preventiva, con el fin de preservar su estado ante una eventual futura puesta en funcionamiento», explican. Por último añaden que «en cuanto a los costes de mantenimiento, no existe un contrato específico asociado exclusivamente a los equipos de microgeneración y a la caldera de biomasa, al estar incluidos dentro del contrato de mantenimiento integral del centro penitenciario, que engloba el conjunto de sus instalaciones técnicas».