Pollán anticipa otro pulso con el Gobierno por el Centro de Refugiados

El Centro de Asilo y Protección Internacional (CAPI) de Soria concluirá obras en unos cuatro meses y la intención del Gobierno central es que este mismo año abra sus puertas. Aún faltan algunos detalles por conocer, pero todo apunta a que su puesta en servicio generará un nuevo choque entre el Ejecutivo central y el autonómico. «Veremos cuando esté hecho», aseguró ayer el vicepresidente y nuevo titular de Familia, Carlos Pollán, recordando que el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox ya recoge «oponernos con todas nuestras fuerzas y todos nuestros medios a la política migratoria de Pedro Sánchez».

El vicepresidente se expresó así en su comparecencia en las Cortes para explicar las líneas maestras de la política que desarrollará desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En el transcurso del debate el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, aprovechó para preguntar directamente por la situación del CAPI de Soria, cuyas obras tienen fecha de finalización en noviembre, y la posición del Gobierno autonómico al respecto.

La respuesta de Pollán, sin concretar sus movimientos, avanza que se buscará alguna fórmula para frenar el centro de Soria. «Reitero lo que pone en el pacto de gobierno, oponernos con todas nuestras fuerzas y nuestros medios a la política migratoria de Pedro Sánchez», comentó. El vicepresidente autonómico indicó que sus posibles decisiones llegarán cuando el centro concluya sus obras. «Veremos cuando este hecho» apuntó y, dirigiéndose a Ceña, «¿quiere que le diga lo que vamos a hacer?». Pollán señaló que primero toca esperar «si lo van a terminar o no y a que lo van a dedicar». «Lo veremos, pero desde luego, nuestra oposición frontal seguirá estando ahí».

Cabe recordar que algunas de las cuestiones a las que ayer aludió Pollán ni siquiera han sido respondidas por el Gobierno central. En una reciente respuesta parlamentaria el Gobierno recuerda que el centro de Soria contará con capacidad para 2023 personas «solicitantes y beneficiarias de protección internacional». El presupuesto ya supera los 14 millones y que ya se han ejecutado «el 49,71%» de las mismas. La previsión es que se abra este mismo año «contando con una recepción parcial de la misma en el mes de junio y el final de obra en el mes de noviembre. Asimismo, consideraba «aventurado» predecir su influencia en los servicios públicos «cuando todavía no se conoce el perfil de las personas que van a residir» en el Centro de refugiados de Soria más allá «de su condición de solicitantes o beneficiarios de protección internacional».

No es la primera vez que el CAPI de Soria genera polémica entre el Ejecutivo central y el autonómico. En febrero del año pasado la anterior titular de Familia de la Junta, Isabel Blanco, recordó la existencia de una normativa autonómica -Orden Fam/1160/2024, de 28 de octubre- por la que se limitaba el número de plazas con 120 para los ubicados en poblaciones de más de 20.000 habitantes, 72 para los ubicados en localidades de entre 10.000 y 20.000, y 60 para los municipios de menos de 10.000 habitantes. El centro de Soria está diseñado para más de 200 plazas en una población de poco más de 40.000 habitantes por lo que excedería dicha normativa.

El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones no tardó en responder, previo informe de la Abogacía del Estado, asegurando que la normativa autonómica no afectaba al centro estatal. «La referencia que contiene la norma legal a la autorización de centros de asistencia social queda limitada a aquellos sobre los que la Comunidad Autónoma extiende su competencia», considera el Gobierno añadiendo que, por tanto, «no afecta a otros diferentes como serían los pertenecientes a la red de centros de inmigrantes que son competencia del Estado».

Aquel enfrentamiento no fue a más, pero la situación podría cambiar en apenas unos meses cuando el Estado cumplimente los trámites para iniciar la actividad en el Centro de Refugiados de Los Royales.