Heraldo-Diario de Soria

UGT rechaza el preacuerdo del convenio provincial de hostelería de Soria

El sindicato sostiene que el texto no garantiza el poder adquisitivo ni responde a la falta de trabajadores y desaprovecha una oportunidad para hacer atractivo el sector

Terrazas en la capital.

Terrazas en la capital.MARIO TEJEDOR

Soria

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Las asambleas de trabajadores del sector de la hostelería convocadas por UGT Soria respaldaron la decisión del sindicato de no firmar el preacuerdo del convenio provincial de hostelería y de solicitar que continúen las negociaciones antes de proceder a su firma definitiva. «La decisión adoptada por los trabajadores no responde a una cuestión de estrategia sindical ni a una negociación basada únicamente en porcentajes. Responde a una realidad que nadie discute: Soria necesita trabajadores, la hostelería necesita trabajadores y este preacuerdo no da respuesta a ese problema», expresó el sindicato a través de un comunicado. De manera general, el texto «no garantiza el poder adquisitivo, no responde a la falta de trabajadores y desaprovecha una oportunidad para hacer más atractiva la hostelería en una provincia que lucha contra la despoblación».

«Durante años hemos escuchado a la patronal advertir de la dificultad para encontrar camareros, cocineros y personal cualificado», expuso el sindicato. Es algo que «no lo dice UGT, lo dice la propia patronal. Tanto es así que Asohtur encargó un estudio específico para analizar por qué el sector cada vez tiene más dificultades para atraer y mantener profesionales. Sus conclusiones fueron claras: los salarios, las jornadas, la conciliación, la organización del trabajo y las condiciones laborales son factores determinantes para que muchos trabajadores abandonen el sector o decidan no incorporarse a él». Además, «dos años después, el XXI Observatorio Empresarial de FOES vuelve a señalar la falta de trabajadores como uno de los principales problemas de las empresas sorianas. Es decir, todos conocemos el diagnóstico. La pregunta que deben responder ahora quienes pretenden cerrar este convenio es muy sencilla: Si todos sabemos cuáles son las causas de la falta de trabajadores, ¿por qué el convenio colectivo apenas actúa sobre ellas?».

Desde el inicio de la negociación, UGT recordó que «ha defendido una propuesta coherente con ese diagnóstico. No hemos planteado reivindicaciones sin fundamento. Hemos propuesto medidas para hacer más atractivo el sector y empezar a solucionar un problema que afecta ya no solo a la hostelería, sino a buena parte del tejido productivo soriano». Las propuestas del sindicato para 2026 se basaban en «una subida salarial del 5 %, una cláusula de revisión salarial anual que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo, la reducción de la jornada anual hasta las 1.700 horas, mejoras en conciliación, permisos retribuidos y avances para colectivos especialmente afectados por la dureza del trabajo, como las camareras de piso».

El sindicato «no esperaba que todas sus propuestas fueran aceptadas. Pero sí esperaba que aquellas encaminadas a solucionar los problemas que la propia patronal ha identificado para atraer y mantener trabajadores fueran realmente negociadas. Sin embargo, el preacuerdo finalmente alcanzado establece una subida salarial del 3,25 % para 2026, una vigencia de cuatro años y una revisión salarial únicamente al finalizar el convenio y con importantes limitaciones. Los datos demuestran que aceptar ese planteamiento supone asumir un riesgo que no deben pagar los trabajadores».

En este sentido, «los precios siguen aumentando. El coste de la vida continúa creciendo, el IPC de Soria en junio ha sido del 3,30%, es decir, los precios en Soria ya han subido por encima del aumento fijado para esta año y el propio Banco de España ha advertido recientemente de que la incertidumbre internacional y el impacto de los conflictos geopolíticos pueden mantener elevadas las tensiones inflacionistas durante los próximos años».

«Precisamente por eso, UGT defendió una revisión salarial anual. Porque un convenio colectivo no puede obligar a los trabajadores a esperar cuatro años para comprobar si han perdido poder adquisitivo. Un convenio debe protegerlos mientras está vigente», expresó UGT.

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