PP, Vox y FOES abren otra batalla al Ayuntamiento por la tarifa del agua

La nueva ordenanza para el servicio de agua ha encontrado, al igual que la normativa para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la negativa frontal de la oposición municipal y de la patronal soriana. La nueva regulación, aprobada de forma provisional por el Pleno, acaba de completar sus proceso de exposición pública y al menos estas entidades han presentado alegaciones. Aunque con matices, PP, VOX y FOES reclaman al Ayuntamiento una reflexión, mayor información y sobre todo reclaman tarifas «más proporcionadas».

La nueva ordenanza supone un cambio en el modelo tarifario de Soria e incluye la amortización de la nueva depuradora de Sinova. De esta manera, se suprime el ‘mínimo’ de 40 metros cúbicos. Y el recibo establecerá tres tramos de consumo: de 0 a 8 metros cúbicos; de 8 a 20 metros cúbicos; y más de 20 metros cúbicos. Estos tramos son uno de los cuatro conceptos que incluirá el recibo cuatrimestral (no se cambia la periodicidad). Los otros tres se refieren a los costes fijos. Así, el abastecimiento sumará un coste de 12,72 euros al cuatrimestre. Por su parte, la depuración ascenderá a 12,72 euros. Y la amortización de la depuradora sale a 8,76 euros. En total, el recibo supondrá de manera fija 34,2 euros al cuatrimestre.

En su escrito de alegaciones el PP pone varios reparos a la normativa. Algunos de ellos atienden a la cuestión formal. Los populares consideran que hay «insuficiencia» en la justificación económica y que el expediente carece de una «verificación» del Ayuntamiento de los costes determinados por la empresa mixta del agua.

En opinión del PP el estudio comparativo aportado para la nueva ordenanza «no acredita la necesidad ni la proporcionalidad de la subida» además de que «no analiza adecuadamente el impacto económico real sobre los ciudadanos».

La postura del PP es que el Ayuntamiento puede modificar la tarifa pero «debe acreditar de la manera suficiente que la concreta modificación elegida responde a costes reales o razonablemente previsibles, que esos costes han sido comprobados y que la distribución entre usuarios es razonable y objetivamente justifica». Por todas estas cuestiones pida que no se apruebe definitivamente la ordenanza y que se complete la documentación.

Por su parte, Vox ha presentado hasta siete propuestas y entre ellas «la creación de una tarifa social con bonificaciones de hasta el 100% de la cuota de servicio y del primer tramo de consumo para familias en situación de vulnerabilidad económica, así como una bonificación del 50% para jubilados y pensionistas con ingresos reducidos». También plantea rebajas específicas para personas con discapacidad o dependencia.

Una de las principales críticas de VOX se dirige al sistema de bloques de consumo previsto en la ordenanza ya que consideran que en las nuevas tarifas el precio del metro cúbico se incrementa «injustificadamente» a medida que crece el gasto de agua. VOX cuestiona la motivación de los límites establecidos para los diferentes bloques tarifarios y afirma que la memoria económico-financiera no explica suficientemente por qué se fijan determinados umbrales de consumo, ni qué datos reales de los hogares sorianos han servido para justificar que, a partir de esos niveles, el consumo pueda considerarse excesivo. «Nuevo tarifazo: no puede ser que los hogares sorianos quedemos otra vez como un mero cajero automático de donde recaudar más y más», comentó su portavoz, Fernando Castillo.

Por último, desde FOES se propone revisar las cuotas establecidas tanto para uso doméstico como para uso industrial ajustándose a criterios de mayor proporcionalidad, necesidad, transparencia y equilibrio. Además, solicita que la futura ordenanza contemple bonificaciones para favorecer la actividad comercial e industrial en la ciudad.

En su escrito, FOES advierte de la incidencia que tienen las cargas fiscales en la competitividad de las empresas y en el mantenimiento y la creación de empleo. Además, las alegaciones incluyen una comparativa con otros municipios próximos que refleja diferencias significativas en la configuración de las tarifas para usos industriales.

En concreto, pone como ejemplo la ordenanza vigente en Burgos, donde el primer tramo para usos industriales alcanza los 100 metros cúbicos (m³) mensuales, frente a los 20 m³ previstos en la propuesta del Ayuntamiento de Soria. Según la comparativa realizada por la Federación, una empresa con un consumo anual de 1.500 m³ (equivalente a 125 m3 mensuales) pagaría en Soria cerca de 2.570,09 euros al año, frente a los 1.295,19 euros que abonaría en Burgos, una diferencia próxima al 98%.

A juicio de FOES, apostar por un modelo más restrictivo y oneroso para las empresas sorianas debería estar suficientemente justificado y motivado, ya que puede ser contrario a los principios de necesidad, proporcionalidad y buena regulación que deben presidir el ejercicio de la potestad reglamentaria de las administraciones públicas.