La ZBE anticipa una batalla judicial tras tumbar las alegaciones claves

La polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se encamina a un proceso contencioso-administrativo. La comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Soria aceptó ayer algunas de las propuestas llegadas en el trámite de información pública, pero los cambios no son suficientes para PP y Vox que ya han confirmado que si el Pleno aprueba finalmente la normativa el próximo martes, irán al juzgado. Un proceso al que también podría sumarse FOES.

La ZBE de Soria ultima su tramitación administrativa. Tras informarse las alegaciones presentadas en la comisión, el siguiente paso es su debate en el Pleno, con el texto resultante tras las incorporaciones aceptadas en el trámite de audiencia pública. Aunque PP y VOX votarán en contra, la ordenanza saldrá adelante con la mayoría del PSOE. El siguiente paso sería su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor inmediata. Esa publicación también habilitará a PP y Vox a iniciar el proceso judicial.

La comisión abordó ayer las propuestas y sugerencias que han llevado al Ayuntamiento tanto de particulares como de organizaciones sectoriales y partidos políticos. Algunas se van a incorporar al texto y aunque no hay un cambio sustancial si «mejoran» el texto normativo, en palabras de la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre.

En total se han recibido 135 alegaciones, aunque una parte mayoritaria corresponde a escritos que reproducen un mismo modelo, por lo que los servicios técnicos han analizado 15 planteamientos diferentes, procedentes de grupos políticos, asociaciones empresariales y particulares.

Según informó el propio Ayuntamiento uno de las incorporaciones a la norma «más relevantes» es «la inclusión expresa de todos los aparcamientos cuyo acceso queda permitido sin ningún tipo de limitación dentro de la ZBE: Doctrina, Olivo y Mariano Granados-Espolón». De esta forma, «se refuerza la claridad del texto y se despejan dudas sobre la posibilidad de acceder a estos estacionamientos».

También se ha estimado la posibilidad de que las gestiones vinculadas a la ZBE puedan realizarse» de forma presencial», además de los canales telemáticos, mejorando especialmente «la accesibilidad para aquellas personas con mayores dificultades en el uso de herramientas digitales». Otro de los cambios relevantes es la incorporación de objetivos anuales para la implantación de puntos de recarga, acompañados de un calendario, criterios de accesibilidad y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su cumplimiento. En este sentido, Alegre explicó que se incorpora la obligatoriedad de instalar un punto de recarga anual y planes quinquenales para el desarrollo de la red.

Más allá de estas cuestiones, cabe recordar que el principal planteamiento en contra de la ZBE que esgrimen tanto PP como Vox es que Soria no tiene obligatoriedad de contar con esta figura y que no es necesaria. Desde el Ayuntamiento insisten en que «la memoria justificativa recoge los objetivos que sustentan la medida: acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, favorecer el comercio y el tránsito peatonal, proteger las condiciones patrimoniales del centro, avanzar en un reparto modal con mayor presencia de vehículos no contaminantes, preservar la calidad del aire y mejorar los espacios verdes».

El Ayuntamiento no esconde que «Soria no está legalmente obligada por población a implantar una Zona de Bajas Emisiones», pero defienden esta herramienta «como una decisión estratégica para preservar la calidad del aire, avanzar hacia modos de desplazamiento más sostenibles y acceder a convocatorias europeas vinculadas a este modelo de ciudad».

Contencioso

Las aportaciones introducidas en la normativa no han satisfecho las aspiraciones de PP y Vox que votarán en contra de la normativa el próximo martes en el Pleno municipal. Si nada cambia, tras su aprobación recurrirán la normativa ante el Contencioso. El camino parece el mismo también para FOES, que siempre se ha mostrado muy crítico con la ZBE, aunque la confirmación llegará una vez que conozcan el detalle exacto de la normativa que se apruebe.

En el caso del PP, la portavoz popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo lamentó que se hayan desestimado las alegaciones del PP recordando además que venían respaldadas por más de 3.000 firmas ciudadanas. «Por compromiso y por convicción» el PP acudirá a la vía judicial contra la ZBE «al no ser obligatoria ni necesaria». «Una subvención no puede condicionar la vida de los sorianos», remarcó aludiendo a que la llegada de la ZBEa Soria está vinculada a unos fondos europeos que también incluían, por ejemplo, la actuación en Doctrina.

Vox por su parte solicitó retrasar la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta que se presente «una evaluación suficientemente, concreta y cuantificada» de sus efectos ambientales, económicos y sociales. Consideran que las respuestas ofrecidas a las 135 alegaciones presentadas siguen sin aportar la justificación técnica y material que la ley y la jurisprudencia exigen para implantarla en Soria. Sus dos concejales califican la documentación aportada en la comisión como «un maquillaje jurídico para imponer una ZBE que no quiere nadie». En su opinión «el equipo socialista no ha sido capaz de acreditar los requisitos legales objetivos para imponer una medida tan restrictiva».