El canal de Ines se queda a medias de nuevo tras las obras a falta de una segunda fase que supone otros 7 millones

Concluida la primera fase de las obras de regadío del Canal de Ines, que ha supuesto una inversión de 14 millones de euros, la comunidad de regantes confía en que el Gobierno central apruebe este mes de septiembre una adenda para acometer la segunda fase de las actuaciones, imprescindible para que entre en marcha esta infraestructura de riego que lleva esperando su turno desde hace casi veinte años.

La UTE formada por Espina Obras hidráulicas y Adiante Infraestructuras resultó adjudicataria de los trabajos, con cargo a los los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno central, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) que tenía 12 meses para acometer la modernización, que afecta a los municipios de San Esteban de Gormaz, Miño de San Esteban y Langa de Duero, obras que se completan con la aportación de la Junta de 5,6 millones.

Así, la adjudicataria se ha ocupado de acometer los trabajos a partir de un punto de toma único de una estación de bombeo y una red de riego única presurizada, que se completan con la parte que financia la Junta de Castilla y León a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), de las dos balsas, una actuación que «lleva buen ritmo», según explica el presidente de los regantes, Teófilo Andrés. Además de una tubería enterrada e hidrantes con regulación de presión y caudal en cada unidad de riego, y la electrificación y el control de las instalaciones, que también han tenido que asumir los propietarios de las fincas.

Ahora quedaría pendiente la segunda fase, que incluiría San Esteban, Atauta y el canal de Eza con Velilla y Alcozar, presupuestada en unos siete millones, que a día de hoy no está adjudicada. Al respecto, Andrés explica que desde el Ministerio les informaron que iba a salir la obra incluida en una adenda a los presupuestos en diciembre del año pasado, pero finalmente quedó fuera, de modo que la comunidad de regantes confía en que esté contemplada en una nueva adenda que al parecer va a publicar este mes de septiembre. «Vamos a ver si no se olvidan de nosotros, porque sin esta segunda fase no se puede concluir la infraestructura de riego; nos quedamos a medias».

Y mientras tanto, la Junta está acometiendo la concentración parcelaria, cuya tramitación discurre de manera paralela. En estos momentos está pendiente de disolución de condominios para adjudicar, pero «es un paso que se tiene que resolver en Valladolid», añade el presidente de los regantes, quien se muestra decepcionado por tantas trabas y problemas después de casi veinte años de espera para ver realidad las obras.

«Era la oportunidad que llevamos esperando desde hace tantos años, porque empezamos con toda la tramitación en la primavera de 2008. Luego llegó la crisis económica de 2008, y a día de hoy seguimos sin tener la modernización en marcha, y estamos perdiendo rentabilidad en nuestros campos», indica este agricultor.

Lo peor es que todo este retraso va aumentando de forma progresiva el coste de las obras. En un principio, en la firma del convenio entre las partes, los regantes debían asumir el 20% del presupuesto, pero ahora se temen que será más. «Vamos a tener que empezar a pagar sin la infraestructura hecha».

El objetivo de la actuación es la modernización de estas zonas regables de la provincia de Soria que afecta a 1.495 hectáreas de superficie total, y consiste en la ejecución de una línea eléctrica de MT y un generador fotovoltaico que alimentan a una estación de bombeo, que a su vez toma el agua del canal de Ines y de una balsa de regulación para bombearla a la red de riego y a una balsa de acumulación elevada por medio de una tubería de impulsión. La red de riego a presión cuenta con sistema de telelectura. El proyecto se completa con las instalaciones eléctricas de baja tensión y la automatización de la toma en el azud. Cuando se haga realidad esta infraestructura, la provincia contará con otras 1.500 hectáreas de regadío, 947 hectáreas de Ines y 498 de Eza de 832 propietarios.

La obra fue declarada de interés general a finales de 2020, pero el Gobierno no hizo pública la adjudicación oficial hasta el 1 de julio del año pasado, ya que no salió a licitación hasta principios de marzo de 2025 con fecha límite de presentación de ofertas hasta el 31 de marzo. Tras la recepción de las mismas el proceso de análisis de las propuestas técnicas y económicas se completó íntegramente en el mes de abril. En mayo de ese año tuvo lugar la última reunión hasta la fecha de la mesa de contratación en la que tras analizar la documentación de las ofertas anormalmente bajas se procedió a la evaluación de las ofertas tanto por su puntuación técnica como económica. La empresa que obtuvo una mayor puntuación fue la referida Espina y Adiante con 89,61 puntos seguida de Vilor Infraestructuras y Martín Holgado que alcanzó los 88,62.

El proceso, por procedimiento abierto, discurrió de forma ágil ya que se tramitó de urgencia. La justificación es que dada la necesidad de completar el proceso de adjudicación, la aprobación del plan de Seguridad y Salud, y el plazo de las obras, «siendo la finalidad garantizar la terminación de las obras antes de agosto de 2026 de conformidad con los hitos y objetivos fijados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la obtención de fondos procedentes del Programa Next Generation.