El Gobierno desvincula al Miteco del caso Fuentona y niega el chivatazo

El caso Fuentona de Soria sigue bajo secreto de sumario desde su estallido el pasado 23 de junio. Hace apenas dos semanas se informaba por la autoridad judicial que la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia extendía el secreto sobre las investigaciones un mes más a partir del 22 de septiembre. Ese secreto ha servido, por ejemplo, para que el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, no ofrezca información ni valoración alguna sobre el caso. No es así para el Gobierno central. En una respuesta parlamentaria, fechada el 23 de septiembre, el Ejecutivo desvincula del caso al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), niega cualquier relación con la empresa Biosfera, con la que estaban relacionados todos los detenidos, y remata negando que existiera un chivatazo a los responsables socialistas antes del estallido de la operación.

El pasado 23 de junio estalla el caso cuando la Guardia Civil se presenta en las dependencias del Ayuntamiento de Soria. Los agentes permanecerían en su interior unas once horas requisando documentación de varias áreas, especialmente de Turismo y Medio Ambiente. En el transcurso de la operación se detuvo a 7 personas, incluida la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos. Todos los detenidos estaban vinculados a la empresa Biosfera, que Santos abandonó cuando pasa a formar parte del Ayuntamiento.

La operación Fuentona estalla con Javier Antón como alcalde de Soria, pero investiga hechos producidos durante el largo mandado de Carlos Martínez, hoy secretario general del PSOE de Castilla y León. Precisamente, Martínez, con sus diferentes versiones sobre cómo se enteró del registro del que fuera su Ayuntamiento, el que alimentó las sospechas de un posible chivatazo previo al estallido de Fuentona.

El PP, a través de su grupo parlamentario en el Senado, presentó, el 25 de junio, una batería de preguntas parlamentarias destinadas a aclarar los pormenores del caso. La portavoz popular en el Senado, la abulense Alicia García, lideraba la iniciativa parlamentaria apoyada en los tres senadores del PP por Soria.

Las preguntas iban en dos bloques. Por una parte, cuestionaban por el papel de la Subdelegación del Gobierno en Soria y su conocimiento previo del registro así como el escrito que llegó a las dependencias municipales advirtiendo de la posibilidad del registro. El otro bloque interrogaba la participación del Miteco dado que una de las detenidas era funcionaria del citado departamento.

Las respuestas del Gobierno están fechadas el 23 de septiembre. Con respecto a la actuación de la Subdelegación y un posible chivatazo, desde el Gobierno se recuerda que «a fecha actual continúa el secreto de las actuaciones decretado por la Autoridad judicial» y que el único órgano que conoce de la investigación «es la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria».

Sobre el supuesto convencimiento previo de las actuaciones, desde el Ejecutivo se asegura que «se limitó al personal de la Guardia Civil que participa en la investigación de los hechos como Policía Judicial, así como en la planificación, coordinación y dirección de los servicios, al objeto de garantizar su normal desarrollo». De manera contundente asegura que «en modo alguno se tuvo conocimiento de ninguna de las actuaciones judiciales que fueran a practicarse». De la misma forma, sobre el papel de la Subdelegación del Gobierno se recalca que tuvo conocimiento «una vez iniciadas las actuaciones, de que agentes de la Policía Judicial se encontraban practicando diligencias en el interior del Ayuntamiento de Soria».

En la respuesta al segundo bloque, el que tiene que ver con la implicación del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno exonera al departamento que ahora dirige Sara Aagesen y que antes estaba bajo la tutela de Teresa Ribera. En el entramado del ministerio trabajaba como técnico Marta Viu, una de las implicadas en Fuentona.

El Gobierno afirma que el Miteco «no ha recibido notificación ni comunicación alguna oficial de la detención de la funcionaria citada, ni requerimiento al respecto». A mayores explica que «en la consulta de documentos contables del Sistema de Información Contable del Estado (SIC3), llevada a cabo el 20 de julio de 2026, no se ha detectado ningún apunte en el que figure como tercero la empresa Biosfera Soria S.L. en la oficina contable de este departamento en los ejercicios 2021-2016».

Por último, y de nuevo en respuesta a si se ha abierto algún tipo de expediente reservado o procedimiento interno para determinar si se hubiera producido algún tipo de filtración del dispositivo policial, se indica que «la Delegación del Gobierno informa de que no tiene constancia del inicio de ninguna actuación en relación con las cuestiones planteadas y que desconoce las actuaciones o medidas que, en su caso, pudieran adoptarse».

Cabe recordar la gravedad del caso. Los hasta ahora 7 investigados se enfrentan a un rosario de delitos que incluyen prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todos son ex administradores solidarios o administradores únicos de la empresa Biosfera, en el punto de mira de la Guardia Civil. Hasta once contratos concedió el Ayuntamiento de Soria a esta firma por valor de más de 260.000 euros.

El caso se mantiene bajo secreto de sumario. Esa figura ha sido la excusa que desde el Ayuntamiento de Soria se ha dado para evitar cualquier tipo de explicación sobre la detención de la concejala, a pesar de que la oposición forzó un debate tenso con dos mociones. Excusa para el Ayuntamiento, que no para el Gobierno que en los apenas 6 párrafos que emplea en dar respuesta a las solicitudes de información del PP deja claro que el Ministerio no tiene nada que ver con el caso y que tampoco hubo chivatazo alguno de las actuaciones. Sobre el presunto chivatazo indicar que la cuestión también fue objeto de procedimiento judicial impulsado por Vox, aunque inicialmente la querella no fue admitida a trámite por el juzgado.