El TSJ da 20 días al Ayuntamiento para que le remita el expediente de la ZBE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) da 20 días al Ayuntamiento de Soria para que el Ayuntamiento de Soria envíe al órgano judicial el expediente administrativo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) «de forma completa, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice», así como de los documentos que contenga, según consta en un decreto del alto tribunal al que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria y que está fechado el pasado 26 de octubre.

Es la respuesta del TSJ, órgano judicial encargado de dirimir estos conflictos, al recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular de Soria contra la ZBE, que ha admitido a trámite, y aclara que si se tiene conocimiento de otros recursos contencioso administrativos se puedan agrupar ante los supuestos de acumulación que previene el capítulo III de la Ley Procesal. Vox, FOES y Adiso ya trasladaron también al alto tribunal de la Comunidad la intención de recurrir la norma municipal. El decreto se puede recurrir en el plazo de cinco días.

El recurso se dirige contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Soria de 25 de agosto de 2026 de la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Soria, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de 26 de agosto de 2026.

Según el artículo 45.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, el recurso se iniciará por un escrito en el que se ha de citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva que haya tenido lugar y que se solicita impugnar. El TSJ admite a trámite el recurso del Grupo Municipal del PP de Soria.

Por otra parte, este medio ha accedido también al estudio del Ayuntamiento de Soria sobre la «implantación de una Zona de Bajas Emisiones» en la ciudad de Soria. Es especialmente relevante el apartado referente al análisis de la contaminación, que puede resultar clave a la hora validar a no la BES (Bajas Emisiones Soria), así como el hecho de que la implantación de este modelo no es obligatorio en la ciudad al tener menos de 50.000 habitantes. Hay que recordar que la capital es el único gran municipio de Castilla y León con más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 que ha decidido sacar adelante una norma de esta índole.

En el epígrafe 5.2 del citado informe municipal, se puede leer que «de acuerdo con los datos anuales del Informe Anual del Aire, elaborado por la Consejería de Fomento y Medo Ambiente de Castilla y León, el aire es bueno y, en algunos lugares, excelente».

Abunda en que «durante doce años consecutivos no se han superado los límites de protección a la salud establecidos por la Unión Europea y alguno incluso por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a contaminantes primarios, es decir, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, benceno, monóxido de carbono y partículas en suspensión». Es decir, la capital soriana no tendría ningún problema con la calidad del aire, por lo que difícilmente encajaría una Zona de Bajas Emisiones con ese cometido.

Sin embargo, el Ayuntamiento se agarrará seguramente al tercer enunciado de este epígrafe, el que señala que «en cuanto al ozono troposférico (O3), es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera a partir de contaminantes primarios emitidos por automóviles y fábricas y otros contaminantes de origen natural emitidos por la vegetación, especialmente en los días de mayor radiación solar y más calor», y apostilla que «Soria es una de las ‘regiones’ más afectadas por este fenómeno». 

Así las cosas, y a un día de que este domingo eche a andar la Zona de Bajas Emisiones en la capital soriana, justo en el puente de Todos los Santos y con la llegada de numerosos sorianos de la diáspora y de turistas de otras partes de España, la decisión sobre la legalidad del marco normativo, así como su proporcionalidad, va a depender del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No solo eso. Podría darse el caso de que las multas impuestas por el Ayuntamiento quedaran en papel mojado si el TSJ decide su revocación.

La implantación de la ZBE en Soria ha tenido una amplia contestación capitalizada en lo político por PP, sumando 3.000 firmas ciudadanas, y Vox y con eco a través de los agentes sociales con FOES y sus asociaciones sectoriales liderando las protestas. Otras formaciones también han mostrado su rechazo como Soria Ya, que hace unos días organizó una cacerolada en contra de la polémica herramienta regulatoria.

El periodo de prueba establecido para la puesta en marcha de la ZBE de Soria se agota. Tras su aprobación a finales de agosto se activó la Zona de Bajas Emisiones con restricciones permanentes de 7.00 a 20.00 horas.

Un aspecto clave es que durante esa fase no ha habido sanciones, sino avisos informativos a los infractores. La fase de pruebas comenzó el 16 de septiembre, con la entrada en vigor de la norma, y tiene fechada su finalización el 31 de octubre. La segunda fase por tanto comenzará a continuación, este 1 de noviembre, y supondrá la entrada en vigor del régimen sancionador y la tramitación de denuncias. Comienza, por tanto, la maquinaria de un contestado marco normativo en la ciudad.