El Consistorio estudia pedir para Soria la declaración de zona tensionada
Rey confirma que se está realizando el estudio previo para solicitar a la Junta que la capital sea reconocida en virtud de los alquileres. «En principio» la ciudad cumpliría los requisitos del trámite
Vista de Soria
La presión sobre el mercado de alquiler ha crecido en la capital, en un contexto de aumento de precios y de reducción de la oferta. En este escenario el Ayuntamiento se plantea recurrir a uno de los mecanismos de regulación que determina la Ley 12/2023, de 24 de mayo, Por el Derecho a la Vivienda. Se trata de algo que ya han hecho otras localidades y obtenido de sus Comunidades Autónomas, pues a ellas corresponde declarar el municipio como zona residencial tensionada. El concejal de Urbanismo, Luis Rey, admitió que se está estudiando solicitar a la Junta de Castilla y León que la capital tenga tal declaración, lo que supondría «una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos», al tiempo que una limitación de «la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior», según la información del Ministerio de Vivienda.
El Ayuntamiento está estudiando «si Soria cumple los requisitos» para ser una zona tensionada, refirió el concejal de Urbanismo. En este sentido, se está «valorando si solicitarlo a la Junta». Rey explicó que la decisión, el parecer político de la cuestión, no ha sido tomada. Pero que técnicamente Soria sí cumpliría con las condiciones. «En principio, parece que podría encajar», explicó el concejal. En cualquier caso, «nos falta complementar algún dato técnicamente». La declaración sería en su caso para la capital al completo, pues por su tamaño no es posible desagregar unidades menores.
Los requerimientos para la formulación no parecen demasiado exigentes y, en principio, se habrían producido. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda es necesario cumplir con una de dos circunstancias. Así, «que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el treinta por ciento de los ingresos medios o de la renta media de los hogares». O que «que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la comunidad autónoma correspondiente».
En su caso, matizó Rey, la decisión última correspondería a la Junta de Castilla y León.
Además de las bonificaciones para los propietarios y la capacidad de limitar el incremento de precios, la zona tensionada supone establecer «un índice de precios de referencia para los precios de los alquileres de la vivienda, que se fundamenta en los alquileres declarados en la zona, y sobre el que todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados a fijar los precios de sus contratos». Además, determina la «obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida», señala la información del Ministerio de Vivienda.
En Soria la situación del mercado de alquiler no alcanza todavía los niveles de otras ciudades. Pero las últimas referencias del Observatorio del Alquiler (Fundación Alquiler Seguro en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Complutense de Madrid) indican que la capital avanza hacia un estado de cosas en la que la demanda por un alquiler ejerce una notable presión en el mercado, siendo muchos los que se interesan por una oferta.
El apremio para encontrar un arrendamiento aumenta y Soria entra en lo que el Observatorio del Alquiler denomina como zona de riesgo hacia una presión elevada. Según la entidad de estudios, son 16 los inquilinos interesados por una vivienda en el plazo de diez días. Los 16 son, precisamente, el límite en el que la presión entra en zona de riesgo.
En cuanto a los precios, en el segundo trimestre del año la media del arrendamiento se ha colocado en los 712 euros, según el último dato, que marca claramente un salto en relación al precedente. Y es que se ha superado el umbral de los 700 euros, ya que a finales del año pasado el promedio se situaba en los 692 euros.
La estadística del Observatorio arranca en 2019 y la trayectoria muestra un preocupante encarecimiento, pues entonces el promedio alcanzaba los 452 euros. En 2021 se había pasado a 487. El gran salto se produjo en 2022, cuando el alquiler saltó a los 573 euros. Ya en 2023 se había sobrepasado la barrera de los 600.
Por su parte, la presión es la más elevada desde que el Observatorio comenzó su andadura. Apenas seis personas pugnaban por un anuncio de vivienda en un plazo de diez días en el año 2019.
«La aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia. Se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si bajan los alquileres un 5%», expone el Ministerio de Vivienda.
En su caso el Ayuntamiento tendría que propone las medidas concretas que conllevaría la declaración, si la Junta la admitiera. «La declaración, de acuerdo con este procedimiento, de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado conllevará la redacción, por parte de la administración competente, de un plan específico que propondrá las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo», afirma la Ley por el Derecho a la Vivienda.
De momento, Soria se encuentra en la fase inicial del procedimiento, a expensas de si al final reclama a la Comunidad Autónoma la proclamación. «La declaración de una zona de mercado residencial tensionado», sostiene la Ley, «requerirá la elaboración de una memoria que justifique, a través de datos objetivos y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente, incluyendo las dinámicas de formación de nuevos hogares, en condiciones que la hagan asequible».