El lío de los cortos salpica al pleno de Soria con la retirada de una declaración institucional

El Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria metió la pata claramente hace unos días al proyectar para niños menores de 12 años obras con contenido inadecuado para su edad. Escenas de aborto con agujas o lesiones con cuchillas dejaron impactados a los chavales y muy indignados a unos padres que consideran, con razón, que sus hijos no están para ver cosas de adultos o cuasi sadomasoquistas. Un error admitido por la organización, que pidió disculpas a los afectados por haberles puesto unas piezas con la clasificación de edad equivocada y que les traumatizó el día. Menuda casualidad: el lío de los cortos coincide con el Día Mundial de la Infancia y el pleno, que iba a leer una declaración institucional al respecto, la retiró del orden del día.

El motivo, explicó el alcalde, Javier Antón, la falta de unanimidad. Esto venía a significar que en la Junta de Portavoces previa Vox había manifestado su preferencia por que el texto fuera como moción y, por tanto, con debate, debido al escándalo de las proyecciones. El PP no veía relación entre una cosa y otra. Y se ve que el equipo de Gobierno, en una acción de control de daños, optó por quitar el punto que podría suscitar la discusión y vincular la confusión del Certamen con las políticas de infancia del Ayuntamiento.

El fallo es mayúsculo pero puntual y nada tiene que ver con las acciones generales de infancia. A no ser que alguien piense que el municipio promociona la mutilación genital con cuchillas entre menores, como parece que salía en uno de los cortos de marras para alegorizar el paso de la infancia a la adolescencia.

Por otra parte, los concejales tampoco parecían muy dispuestos a teorizar sobre una retórica del séptimo arte que por ahora ha acabado mejor que aquellos titiriteros en Madrid acusados de enaltecimiento del terrorismo y encarcelados en el régimen de colaboradores con banda armada. Un tema siempre se puede intercalar en otro, venga o no a cuento, pero el pleno no destaca por su inquietud artística y sí por su preocupación por individuos de artes mañosas, como Koldo, Montoro o el porrón de acusados en el caso de la trama eólica. De estos sí hablaron los concejales en lo que siguió al silencio del Día Mundial de la Infancia.

Se trataba del reconocimiento extrajudicial de crédito y su correspondiente modificación presupuestaria para pagar las facturas que, o bien derivaban de un exceso en el contrato, o bien se habían producido sin el procedimiento debido. El reconocimiento «no es la figura más recomendable», aceptó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, pero los servicios se han prestado efectivamente y hay que pagarlos. Admitiendo esto último, PP y Vox votaron en contra.

A algo más de 680.000 euros ascendía el reconocimiento. Servicios hosteleros de San Juan, los autobuses de las fiestas y el transporte público del eclipse conformaban un grupo de facturas llegadas como prestaciones por encima del contrato. Gastos menores de Deportes, de la celebración del eclipse y de Cultura se habían ocasionado sin la tramitación obligatoria. Pero lo peor eran los compromisos debidos a los contratos vencidos incluso más allá de la prórroga. La empresa de jardines reclamaba 292.000 euros, la de limpieza de los colegios otros 145.000 y la del suministro de calefacción de los centros escolares añadía 111.000.

El contrato de mantenimiento de los parques y jardines está en licitación, pero su precedente lleva expirado nada menos que desde 2018. De 2021 procede la última vez que la relación con la empresa de limpieza está en regla, aunque ahora también está licitada. Mientras, la de la calefacción expiró el año pasado.

Presumiblemente llevado por el clima electoral el popular Javier Jiménez enmarcó la controversia en la «gestión» del equipo de Gobierno, al hilo de los esfuerzos de Feijóo de centrar en ella el papel del partido tras el último accidente ferroviario. Recurrir al expediente extrajudicial «debería avergonzarles», pues «no es un procedimiento alternativo de contratación» ni una «ventanilla de regularización de su lamentable gestión».

La base de las críticas de Jiménez era el propio informe de Intervención, donde, en un inusual rapapolvo, hablaba de obligaciones «indebidamente adquiridas» y conductas «contrarias a la normativa de contratación pública». Hay «irregularidades que no quedan subsanadas» por el reconocimiento de crédito, añadió Jiménez, quien se refirió como «chiringuito» y «cajero automático» al equipo de Gobierno. «Esto es un problema general de gestión» y necesita de medidas «organizativas».

La réplica de Muñoz consistió en contrastar gestiones, pues donde gobierna, el PP utiliza «los mismos mecanismos o peores». Por ejemplo, Golmayo abonaba 80.000 euros a una empresa de autobuses «sin tener el contrato». Muñoz aceptó que «hay defectos de contratación, ¿pero dónde no los hay?». Al menos, el PSOE vota a favor de los reconocimientos que se producen en la Diputación. Y «allí los tienen de todos los colores», añadió sobre la procedencia de las facturas en la institución provincial.

«Vaya papelón tiene usted», expresó Sara López por parte de Vox, pues «para no asumir la gestión propia» Muñoz tenía que poner ejemplos de otras administraciones. Para Vox también era un debate de gestión, «al margen de la ley» en este caso.