Incertidumbre ante la aportación regional a las viviendas protegidas

Incertidumbre en Quintana Redonda a menos de una semana de que se conozca el reparto de las 15 viviendas protegidas convenidas que se han ejecutado en la localidad. Los seleccionados para hacerse con uno de estos pisos dudan de que la Junta aporte el 20% de su valor tal y como creían cuando se presentaron a la convocatoria.

 

La duda se cierne no sólo sobre algunos de los incluidos en esta lista, que así lo reseñan, sino también sobre parte del equipo de Gobierno de la localidad. El teniente de alcalde, Pedro Frías, mostró ayer su preocupación por este asunto. «En la pasada legislatura (desde Ides) promovimos con el PSOE las viviendas sociales, que ahora son convenidas». Las condiciones estipuladas señalan «un precio de unos 106.000 euros. Se quedó en una reunión que la Junta deduciría el 20% y los beneficiarios pagarían el resto», a lo que se suma costear «el IVA del valor total» de la vivienda, esto es, de los 106.000 euros. Sin embargo «no las tenemos todas con nosotros».

Aunque la lista ya se conoce, el próximo día 20 se celebra un sorteo para saber qué piso le corresponde a cada solicitante. «No sabemos nada más», por lo que la intención es «ponerme en contacto con la Junta de Castilla y León» para asegurarse de que ese dinero llega a las viviendas.

«Como no paguen ese 20%, por parte de Ides tomaremos medidas», avanzó Frías. «Si no se cumple con la aportación es el fin, porque entonces lo que habría hecho el Ayuntamiento es regalar el terreno a un empresario, no ayudar a la creación de viviendas para asentar población y traer gente nueva. Nosotros entendíamos que debe ser así, el terreno lo cedimos de forma altruista».

Aunque el teniente de alcalde confió en resolver el tema, si finalmente no se produjese esta aportación «haríamos algo. No sé, desde manifestaciones a exigir la reversión del terreno». Frías explicó que ahora los futuros propietarios podrían incluso encontrar dificultades para el crédito.

Por su parte el alcalde, Evaristo Manrique, señaló que «en esos temas no tengo ni idea. Sé que las viviendas están terminadas y que vienen a sortearlas, pero eso lo lleva todo la Junta». De hecho «no sabemos nada de nada, ni yo ni el alcalde anterior», Juan Manuel Valero. Efectivamente su antecesor confirmó que «cuando fui a Fomento a Soria me decían que se regulaba según la normativa. Hasta que no se diga nada por escrito no sabremos nada seguro».  El Ayuntamiento  cedió el terreno y a partir de ahí la Junta comenzó la tramitación administrativa a través de la empresa pública Provilsa. La adjudicación se realizó el 12 de septiembre de 2010 en 1.528.942,67 euros.

Según recoge la Junta de Castilla y León en su web oficial, en las viviendas convenidas «la aportación de la Consejería de Fomento consiste en una subvención directa por vivienda, así como el reconocimiento de los beneficios correspondientes a la calificación como viviendas de protección pública». No obstante, ayer la institución no se pronunció sobre este asunto.