Pardo reclama en el Senado apoyo inversor y fiscal por la despoblación

El presidente de la Diputación de Soria, Antonio Pardo, intervino en la tarde de ayer en el Senado, en el marco de la Ponencia de Estudio sobre la Despoblación en el mundo rural creada dentro de la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta. Junto al presidente de la Institución Provincial, serán 16 los comparecientes en las cinco sesiones que se celebrarán dentro de la Ponencia, tras las que se elaborarán las principales conclusiones de cara a buscar soluciones que frenen la tendencia a la pérdida de población en el interior de España y, de manera concreta, en el medio rural.

Según desglosó Pardo en su ponencia es fundamental tomar medidas que corten esta tendencia a la despoblación el mundo rural que pasan por cinco puntos clave. Se trata de la aplicación de medidas fiscales; ayudas al sector empresarial; reparto de fondos por parte de la Administración del Estado donde la población no sea el único parámetro de financiación; inversiones en infraestructuras viarias; y la habilitación y acceso a fondos europeos centrados en paliar la despoblación.

Asimismo consideró necesario que se diese un carácter especial a las zonas menos pobladas. «Soria, por su geografía y demografía, al igual que otras provincias como Teruel o Cuenca, debe de ser calificada como espacio singular y excepcional, precisando de medidas urgente singulares y excepcionales. Que además, en años sucesivos se tendrán que aplicar en otros territorios del interior de España para evitar la sangría poblacional» ante lo que definió como una «crisis demográfica».

En su intervención, Pardo expuso el caso de Soria al ser la provincia más despoblada del territorio español y con mayor índice de dispersión población que no supera los nueve habitantes por kilómetro cuadrado «incluso en parte del territorio las cifras se sitúan en tan solo 1 habitante por kilómetro cuadrado». También recordó que los 513 núcleos de población se agrupan en 183 municipios «de los cuales 170 tienen menos de mil habitantes y de éstos, 102 menos de 100. Es además, la única provincia de España con una población menor a los 100.000 habitantes», la mayoría rurales, y además con altas tasas de envejecimiento, con más de la mitad de la población por encima de los 45 años.

Respecto a las medidas solicitadas, en el bloque fiscal reclamó «que más que fondos económicos, debemos buscar la dotación de mejoras fiscales porque son claves para paliar la situación grave de despoblación de determinados territorios, en los que ese alivio en la rebaja fiscal llevaría y traería consigo una mejora en la condiciones para aquellos empresarios o emprendedores que fijen o tengan fijada su actividad económica en estos territorios deprimidos. Porque, hoy por hoy, es el sector empresarial y, concretamente, los pequeños empresarios y pymes quienes van a crear empleo en nuestro país, y para ello las Administraciones jugamos un papel clave a la hora de crear y posibilitar las condiciones más beneficiosas para ello».

Medidas que, a juicio de Pardo, «deberían pasar por planes excepcionales y decisiones en materia fiscal que mejoren el asentamiento empresarial que genera desarrollo industrial y económico, con la consiguiente fijación de empleo y población». Concretamente pidió reducir a la mitad el IRPF y bajar en una proporción «similar» y como «bonificación de la cuota» el Impuesto de Sociedades.