Casas propone un complemento de disponibilidad para empleados de Vías y Obras

Los representantes de la Diputación Provincial en el comité de empresa han propuesto, en el marco de la negociación del convenio colectivo del personal laboral, una reestructuración del personal del Departamento de Vías y Obras para tener garantizados los servicios de limpieza de carreteras a causa de la nieve y el suministro de agua en los pueblos.

La propuesta incluye un incremento salarial de 1.550 euros anuales, dentro de un complemento fijo de disponibilidad, para 29 empleados de los 70 laborales que componen el parque. Este incremento se concederá a 14 conductores, los capataces, un vigilante de carreteras, mecánicos y a algún peón. Según explicó el responsable de Personal, Pedro Casas, esta plantilla de mínimos se ha elaborado «de una manera lógica» y de acuerdo a las indicaciones que ha marcado el jefe del servicio de Vías y Obras.

Casas explicó que el servicio de la viabilidad en las carreteras y el suministro de agua siempre ha estado garantizado pero el sistema de funcionamiento «a través de horas extraordinarias generaba problemas y quejas entre la plantilla, porque siempre las hacían los mismos o bien porque otros no las hacían y otros no querían, parece que estaban sujetas a decisiones personales», puntualizó el diputado del equipo de Gobierno.

Con este planteamiento se eliminarán las horas extraordinarias para cubrir estos servicios que son los más importantes y los que requieren inmediatez fuera del horario habitual. Además se incluye la transformación de una plaza del parque para tener un encargado de capataces. Es una figura de mando intermedia para coordinar los suministros y los pedidos.

Esta reclasificación del personal del Vías y Obras ha tomado por sorpresa al comité de empresa que negocia este convenio desde hace y medio. El anterior se denunció en noviembre de 2015. El presidente del comité, Ildefonso Núñez, recordó que en este departamento existe descontento del personal y abogó que existe un buen número de empleos con adscripciones provisionales «que queremos que se conviertan en definitivas a través de concursos de traslados y por promoción interna». Núñez reclamó que se normalicen estos empleos de «una manera reglamentaria y sean ocupados por las personas que reúnan los requisitos».

El principal escollo de la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 300 laborales, ha estado en la recuperación salarial para los empleados de las residencias de ancianos que perdieron un 5% del sueldo hace años, con motivo del conflicto del cierre de centros asistenciales. La pretensión ahora es lograr la equiparación «porque es inadmisible que hoy por hoy sigan pagando el coste los 110 trabajadores de las dos residencias», puntualizó Ildefonso Núñez.

Esta bajada se acordó en las negociaciones cuando el anterior equipo de Gobierno decidió externalizar la gestión de las residencias al ser deficitarias. Al final se decidió cerrar dos de ellas y mantener dos con reducciones salariales. El comité de empresa considera que ha llegado el momento de la equiparación salarial, porque además, ahora, la Diputación goza de un importante remanente. La restitución de esta bajada salarial supondría una partida de 200.000 euros, según las estimaciones del comité. Núnez expuso que, al margen de la negociación del convenio, la Diputación debería haber equiparado ya estos salarios, «pero el equipo de Gobierno parece que quiere y no quiere y pone como excusa que no tiene la mayoría absoluta en el Gobierno».

En el inicio de las negociaciones el comité solicitó que la restitución salarial se realizase de una vez y posteriormente el comité accedió a que fuese en dos anualidades (la mitad a fecha de uno de enero de 2017 y la otra mitad a uno de enero de 2018). Sin embargo, desde la administración se plantea en tres años (el dos por ciento en 2017, el otro dos por ciento en 2018 y el uno por ciento restante en 2019), según explicó Casas, quien razonó que como este año está tan avanzado, la subida salarial al final se aplicará a los trabajadores en menos tiempo.

Núñez lamentó las dificultades que se está encontrando el comité a la hora de negociar este convenio que no plantea propuestas especialmente complicadas y lo achacó a «la falta de voluntad» del equipo de Gobierno.