Cidones y Andaluz piden limitar las granjas y las cabezas de cerdos

La Plataforma ‘Por una Soria Verde’, de Cidones, y la Asociación Fueros de Andaluz han solicitado una reunión con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Manuel López Represa, en la que pedirán al representante de la Administración regional que extreme la regulación para la ubicación de granjas de cerdos en la provincia, con planes provinciales específicos, y con limitación del número de explotaciones y de cabezas de animales por municipios en Soria.

Estas dos agrupaciones aglutinan a los vecinos de Cidones y Andaluz que han mostrado su rechazo a la ubicación de dos explotaciones de porcino intensivo en sus respectivos términos municipales.

El rechazo social se ha puesto de manifiesto en numerosas movilizaciones, celebradas en los últimos meses. Rechazo que también se ha reflejado en los escritos de alegaciones que presentaron ante el Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente contra las dos granjas. El proyecto de Cidones contempla una explotación porcina con una capacidad para 4.386 cerdos y la de Andaluz, para 2.685 cerdos. Ambas han recibido una fuerte contestación social que se ha plasmado en las alegaciones, en Cidones se presentaron 163 y se han recogido más de 5.500 firmas en contra, mientras que Andaluz ha recogido otras 1.927 firmas.

Las dos plataformas presentarán al delegado territorial un conjunto de medidas que, a su juicio, son necesarias para garantizar la viabilidad de nuevos proyectos de porcino, así como actuaciones que se deben de tener en cuenta en el tratamiento de purines. La documentación se complementa con valoraciones de cada uno de los proyectos de ambas explotaciones en la que se analizan desde varios puntos de vista: redacción, sostenibilidad medioambiental, estudio de impacto ambiental y riesgos no considerados.

Ante la dimensión y el crecimiento de las granjas de porcino en la provincia de Soria. Ambas plataformas consideran que se tienen que limitar el número de granjas por municipio, así como el incremento anual del número de cabezas, que no debe superar el 10%.

También reclaman la elaboración de un plan del potencial económico por zonas, en las que se contemple la especial protección ambiental y paisajística de las zonas de origen de la actividad económica basada en el turismo cultural y de la naturaleza que sean críticas para la provincia. Para estas plataformas sería conveniente que los estudios de impacto ambiental fuesen más exhaustivos y ajustados a la zona de ubicación, a la vez que se deberían exigir a todos los ayuntamientos con granjas ordenanzas que regulen el vertido de los purines y aquellos que sean contaminantes. Reclaman a la administración que obligue a los promotores de granjas la puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de purines para explotaciones de gran capacidad. Asimismo consideran que las distancias mínimas a zonas sensibles deberían ser de 4.500 metros a los núcleos de población y 2.000 metros a zonas protegidas por la Red Natura 2.000 y las vías pecuarias y de 1.000 metros a rutas o senderos de interés cultural o turístico.

En materia de gestión de purines las reclamaciones se centran en el establecimiento de sistemas de control eficaces, ampliación de distancias mínimas para el vertido de purines, con un calendario en los municipios que no hay ordenanzas, y limitaciones del tránsito de cubas de purines a través de los núcleos de población. Por último, piden una comisión provincial que gestione los problemas relacionados con estas explotaciones.