DIPUTACIÓN
Las viviendas de alquiler para la bolsa son mayormente públicas
Diputación ultima los trámites de justificación de las ayudas del Plan Soria 2017 con 38 viviendas de las que 35 son titularidad de ayuntamientos y 3 de particulares
Viviendas en una localidad soriana-V.G.
La Diputación estrenará en los próximos días la bolsa de vivienda destinadas a alquiler con 38 casas, a priori, de las que 35 son viviendas de titularidad municipal y las tres restantes de particulares. Todas ellas se han beneficiado de las subvenciones concedidas dentro de la convocatoria del Plan Soria 2017 y son las que han justificado la subvención, según informaron ayer fuentes de la Institución. «En estos días se va a proceder a pagar las subvenciones y posteriormente se abrirá la bolsa de vivienda destinadas al alquiler de familias que quieran asentarse en el medio rural», explicó ayer el presidente de la Diputación, Luis Rey.
Desde que se cerró el plazo, el pasado mes enero, para que propietarios de vivienda pública y privada optasen a estas ayudas a la rehabilitación los números han cambiado. Si bien, la Diputación recogió 38 peticiones, en un principio fueron 24 de ayuntamientos y las 14 restantes de particulares. Una vez que ha pasado el año y se han cumplido los plazos en los que los solicitantes han tenido que justificar las obras, el número de viviendas públicas se ha incrementado hasta las 35 y las privadas se han reducido a tres.
Los beneficiarios de estas líneas de subvención del Plan Soria deberán mantener su vivienda en dicha bolsa durante un periodo de tres años y los contratos deberán tener una duración mínima de un año.La Diputación de Soria mantendrá actualizados los datos de la bolsa. Además se deberán ofrecer a precios de alquileres sociales que no podrán ser superiores a 4 euros el metro cuadrado en los municipios de Ágreda, Almazán, Covaleda, Duruelo, El Burgo de Osma, Ólvega, San Esteban y San Leonardo; ni a 3,5 euros en el resto de municipios. Asimismo, los arrendatarios deberán ocupar la vivienda como residencia habitual y permanente del titular, y en su caso, de su unidad familiar o de convivencia.
Las viviendas deben tener una superficie mínima de 40 metros cuadrados, tanto la vivienda, como en su caso, los anejos a ella vinculados que deberán alquilarse con aquella tendrán que estar desocupados, además deberán estar en perfectas condiciones de uso y habitabilidad, el edificio deberá haber sido objeto de la inspección técnica de construcciones, siempre que estuviese obligado a ello y la vivienda deberá contar con el certificado de eficiencia energética.
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobó ayer las convocatorias relativas a las ayudas para atracción y arraigo de población, rehabilitación de viviendas particulares y municipales con destino a alquiler y obras de accesibilidad e instalaciones de calefacción, correspondientes a las líneas de ayudas que ha sacado la Diputación con el presupuesto del plan de 2018.
En materia de vivienda, la Junta de Gobierno dio vía libre a las tres convocatorias para accesibilidad y rehabilitación de viviendas particulares y municipales por un montante global de 850.000 euros. En el caso de las viviendas municipales que se destinarán a alquiler, la convocatoria cuenta con una partida de 500.000 euros y establece que el importe máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del importe de adjudicación de la obra ni la calidad de 20.000 euros por vivienda.
El objetivo de estas ayudas es contribuir a que las entidades locales mantengan un patrimonio que actualmente tienen en desuso y lo pongan en el mercado de alquiler para facilitar el acceso a la vivienda a potenciales demandantes que tienen dificultades para encontrar viviendas en el ámbito rural. Esta medida, además de facilitar que la población establezca su residencia y se asiente en el territorio de Soria, contribuye también al mantenimiento y rentabilización del patrimonio público de las entidades locales de la provincia, así como a la reactivación del sector de la construcción y a la creación de empleo.
Por otra parte, la convocatoria para la rehabilitación de viviendas particulares asciende a 150.000 euros y tiene como objetivo fomentar el parque de vivienda en régimen de alquiler en el ámbito rural, adaptada a los actuales requisitos funcionales y calidad, que contribuya la fijación de la residencia en el territorio. En este caso, el importe máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del presupuesto de la obra ni la cantidad de 15.000 euros por vivienda.
En cuanto a la convocatoria para obras de mejora de la accesibilidad e instalaciones de calefacción, el importe de la misma asciende a 200.000 euros, estableciéndose un importe máximo de subvención por solicitud, incluidos los honorarios de proyectos o direcciones de obra, no superior al 50% del importe de la obra ni a la cantidad de 7.500 euros. En este caso, la novedad es la inclusión de las instalaciones encaminadas a dotar de calefacción y/o agua caliente sanitaria, en aquellas viviendas que carezcan de un sistema común a toda la vivienda y siempre y cuando la nueva instalación se realice mediante el uso de energías renovables.
El plazo de presentación de las solicitudes para las tres convocatorias se extenderá desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP hasta el 31 de enero de 2019.
La convocatoria de ayudas para arraigo cuenta con una partida de 400.000 euros y contempla un reparto del presupuesto en diferentes partidas en función de los destinatarios, de modo que las subvenciones para actividades de atracción y arraigo de ayuntamientos cuentan con una partida de 150.000 euros; las ayudas para empresas, de 125.000 euros; y las que van destinadas a asociaciones y fundaciones, otros 125.000 euros. Según establecen las bases, únicamente se considerarán subvencionables los proyectos experimentales de atracción de población y de retorno de emigrados a los pueblos de la provincia de menos de 1.500 habitantes.
La Diputación cierra las convocatorias de ayudas en los últimos días del año, dentro de la partida del Plan Soria de 2018, que contará con cuatro millones de euros para poner en marcha medidas demográficas que permitan paliar la despoblación en la provincia de Soria. Estarán cofinanciadas al 50% entre la Junta de Castilla y León y la Diputación.