El ATI de Garray sigue atascado por el traspaso de competencias de AESA a la Junta

El Aeródromo Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray sigue en punto muerto y el proyecto, que encara su tercera fase, no termina de despegar. El vicepresidente de la Diputación y responsable de esta iniciativa, José Antonio de Miguel, lamentó este lunes el atasco que sufre el aeródromo una vez que AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) haya «decidido de forma unilateral» traspasar las competencias de tráfico aéreo a la Junta de Castilla y León. Todas estas demoras, que ya se dilataron en el tiempo durante la aprobación ambiental de la segunda fase, han provocado un sobrecoste del proyecto del 50% de su presupuesto inicial que rondaba los cuatro millones de euros y ahora se encuentra ya rozando los seis millones de euros. Una financiación que está sobre la mesa, ya que Somacyl se hará cargo de esos dos millones de euros de más, pero «no contamos con la licencia para poder comenzar las obras», lamentó De Miguel que asegura estar «desesperado» por la situación que afrontan.

Y es que, De Miguel destacó que en la última reunión mantenida a tres bandas la Junta pidió a AESA «tiempo para poder prepararse para la recepción de la nueva competencia, contratar a los técnicos e ingenieros necesarios y que, mientras tanto, AESA resolviera el expediente de Garray». Sin embargo, todo está en el limbo en este momento. Y, en el peor de los escenarios y que el expediente pasara a manos de la Junta, habría que esperar a que la Junta asumiera la competencia y «probablemente, por plazos, tener que empezar de cero incluso con el impacto ambiental», aseveró el vicepresidente recordando, en este punto, que la Junta de Gobierno aprobó, hace unas fechas, «el cambio de gestor del aeródromo ya que el anterior, Airpull, no concurrió manifestando su deseo de no seguir». Sin embargo, «este trámite tampoco ha sido aprobado por AESA por lo que el nuevo gestor, que quiere realizar inversiones en las instalaciones, no puede arrancar».

De Miguel continuó afirmando que la situación se encuentra paralizada y en punto muerto desde otoño del año pasado. Entonces «desde Airpull nos dijeron que era inminente su aprobación», y sin embargo, seis meses después la situación sigue sin resolverse a pesar de que De Miguel sostiene que «las modificaciones que nos han solicitado son mínimas, por lo que el retraso no responde a aspectos técnicos», subraya añadiendo que «ya está modificado una cuestión referente a un estudio arqueológico y a la afectación de una cañada real por lo que solo falta el permiso». Un permiso que, de haberse conseguido «y habiendo comenzado las obras en primavera podrían haber estado concluidas en seis meses». De hecho, destaca, una de las cláusulas que se van a incorporar en el contrato de cara a puntuar para la adjudicación es la agilidad en los plazos. Sin embargo, de momento hay que esperar. Una espera que De Miguel destacó podría estar «motivada por intereses políticos».