La Diputación de Soria amenaza a AESA con ir a los tribunales por la inacción en el aeródromo

La situación del aeródromo sigue estancada desde hace meses. AESA no ha aprobado el informe de la ampliación de la infraestructura, ubicada en Garray, porque indica que las competencias van a traspasarse y que es la Junta de Castilla y León la que tiene la capacidad de decisión. Sin embargo, la Junta no puede aprobar o desestimar nada porque las competencias siguen sin traspasarse. Y mientras el expediente va pasando de tejado en tejado. De Madrid a Valladolid y vuelta de nuevo. 

Por este motivo, el vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel, aseguró este viernes que el «estado de desesperación en el que nos encontramos es indecente» y, por todo ello, avanzó a HERALDO DIARIO DE SORIA que la Diputación se está planteado ya contratar un despacho de abogados con experiencia en estos asuntos para «llevar a AESA a los tribunales. Al Contencioso, a Europa... O donde haga falta. Pero esto no es de recibo», subraya De Miguel. 

Y es que, continuó, «este entretenimiento para algunos, porque yo ya creo y lo he dicho otras veces que hay intereses políticos detrás, a los sorianos nos está costando mucho dinero». No en vano, incidió, «los cuatro millones de euros presupuestados y puestos a disposición por la Junta para la infraestructura se han convertido en seis millones con un incremento del 50% del importe inicial precisamente debido a la dilación en el tiempo de todos los procedimientos» y recordó que «cuatro años para resolver un expediente no es de recibo. No tiene nombre». Por todo ello, acudirán a los tribunales «de cara a buscar responsables de este sinsentido».

En este punto, recordó, «las administraciones tenemos unos plazos para resolver los trámites y el silencio administrativo no cabe en este caso». Sin embargo, parece que esto no se cumple cuando la infraestructura que está sobre la mesa y pendiente de resolver su expediente es el aeródromo de Garray.

Entre los sobre costes que esta inacción está suponiendo para la provincia, el vicepresidente de la institución, también se refirió a que «se nos han ido empresas que estaban interesadas en venir a Garray precisamente porque no saben cuándo van a poder contar con esta infraestructura, ante el interrogante de su puesta en marcha». Sin embargo, reconoció que no puede dar nombres debido a que «al entrar en negociaciones se firma un contrato de confidencialidad». Un escenario, lamentó De Miguel, para el que «no hay explicación posible». Y todo ello, «a pesar de que llamamos todos los días a AESA para interesarnos por el expediente. Que por pesados no sea».

A todo esto hay que añadir, continuó el diputado coordinador del ATI, que la nueva empresa que se va a encargar de la gestión de la infraestructura tampoco puede entrar a llevar a cabo su actividad precisamente porque también corresponde a AESA dar el visto bueno. Por eso, la anterior adjudicataria, que ya ha cumplido el contrato y no quiere seguir no puede irse pero la nueva tampoco puede entrar. Todo ello a pesar de que la Diputación llevó a cabo la licitación y la adjudicación y la Junta de Gobierno de la institución ya ha aprobado este proceso.