Contrarreloj de la Diputación de Soria para salvar el contrato del PERTE del agua

Cuenta atrás para que la Diputación no pierda el contrato de seis millones de euros del PERTE del agua. La plataforma de la contratación del Estado publicó este miércoles la licitación del pliego que marca como plazo el 23 de enero para que las empresas puedan presentar sus ofertas para suministrar y colocar 13.500 contadores telemáticos de agua en domicilios de 320 pueblos de Soria. 

El 28 de enero se abrirán las ofertas en la mesa de contratación en una tramitación calificada como «urgente». No en vano el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico concedió una prórroga a la Diputación de Soria para ejecutar esta actuación hasta el 1 de junio de 2026. Lo cierto es que los plazos son muy ajustados aun contando que la adjudicación se desarrollase sin ninguna incidencia.

Precisamente lo apurado de los plazos fue objeto de debate en el último pleno de la Diputación, celebrado el pasado 29 de diciembre. Durante la sesión, la portavoz del PSOE, Esther Pérez, incidió en «la falta de planificación, los retrasos y la gestión improvisada» apuntando que el contrato se podrá adjudicar, como muy pronto, en el mes de marzo dejando escasamente tres meses de margen para que la adjudicataria lleve a cabo la actuación.

Sin embargo, este planteamiento socialista fue tildado de «charlatanería pura y dura» por el diputado responsable de Reto Demográfico, Daniel García, área en la que se enmarca este importante contrato rechazando que exista riesgo de perder la financiación lamentando «el alarmismo y el ruido político».

Este miércoles, Pérez destacó que «los plazos son ajustados y de ello han alertado en sus informes los propios técnicos de la Diputación» recordando, además, que «la parte que no pueda justificarse porque se ha ido de plazo, deberá pagarse a la empresa con fondos propios y este dinero habrá que detraerlo de algún proyecto necesario para la provincia».

Pero aún hay más. Y es que en el pliego del contrato puede accederse a un listado de ubicaciones orientativas de equipos para instalar en diferentes pueblos con los nombres y apellidos de los propietarios de las viviendas junto a la dirección del domicilio en cuestión. Un listado que deja en entredicho la Ley de Protección de Datos ya que cualquiera tiene acceso a esta información.

En concreto, aparecen los datos de los vecinos de Bayubas de Arriba, Velilla de la Sierra, Arcos de Jalón, Viana de Duero, Nafría de Ucero, Torreblacos, Cañamaque, Montejo de Tiermes, Tardelcuende, Torrubia de Soria, Rioseco de Soria, Barca, Fuentelsaz, Nolay, Vinuesa, Covaleda, San Felices, Renieblas, Blacos, Almenar, Cubo de la Solana, Matalebreras, Navaleno, Torlengua, Trévago, Castillejo de Robledo, Almarza, Bayubas de Abajo, Borobia, Ciria, Duruelo de la Sierra, Garray, Santa María de Huerta, Valdeavellano de Tera, Villar del Ala, Villar del Río y Molinos de Duero. En el resto de localidades que recoge este documento excel (porque no están todas las que forman la provincia), aparecen las direcciones de las viviendas, naves o edificios públicos en cuestión pero no los nombres de los propietarios de los inmuebles.

En opinión de Esther Pérez, este listado «vulnera la Ley de Protección de Datos» tildando la situación de «muy heavy». Y, de hecho, durante la jornada de este miércoles «he recibido varias llamadas de vecinos alertando y quejándose de la situación por lo que hemos realizado una consulta jurídica con el objetivo de que se pueda rectificar el expediente» aunque dejando en el aire si este contratiempo podría dilatar la licitación actual comprometiendo todavía más los plazos. Así las cosas, de momento, el 23 de enero cumple el plazo para presentar las ofertas pero con la incógnita de que pudiera variar tras la publicación del documento con datos personales de muchos de los beneficiarios.