El presidente de la Diputación de Soria no admite garantías penales en la cesión de la antigua residencia para Ágreda
El alcalde agredeño aboga por "empezar a trabajar por el proyecto"
Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, y Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, en segundo término
La bronca entre el PP y el PSOE por la reapertura del edificio de la antigua residencia de ancianos de Sor María Jesús de Ágreda se trasladó ayer al pleno de la Diputación.
Hasta dos veces intervino el alcalde y también diputado, Jesús Manuel Alonso, para aclarar el acuerdo de un reciente pleno municipal en el que se ha solicitado la cesión a la Diputación del edificio.
Alonso dijo que se ha aceptado la oferta de la Institución Provincial que ofrece el edificio y un 25% de financiación para las obras y otro 25% como crédito. «Tomamos la palabra a la Diputación para empezar a trabajar en el proyecto», matizó el alcalde.
Defendió que el Ayuntamiento cuenta desde hace tiempo con el proyecto para convertir el edificio en un centro intergeneracional, en el que tiene cabida una residencia de ancianos de 50 plazas.
Lo que no le gusta al equipo de Gobierno de la Diputación es las cláusulas de garantías penales que el Ayuntamiento de Ágreda ha incluido en su petición de cesión del edificio que obligarían a pagar una indemnización en caso de incumplimiento. Serrano fue tajante, «cesión y 25% de financiación de la obra sin ninguna garantía penal», en declaraciones a este periódico.
El presidente confrontó la petición de cesión de Ágreda con la que ha solicitado recientemente El Burgo para San Agustín. Esta última sin garantías y siendo, por lo tanto, más amable.