La Diputación de Soria tiene paradas las obras del Plan de Carreteras de 2025 por los sobrecostes a causa de la guerra

Las obras del Plan de Carreteras de la Diputación Provincial de 2025 se encuentran paradas. Las empresas adjudicatarias no pueden hacer frente al incremento de los costes, en torno al 40%, desde que comenzó la guerra de Irán. 

Así lo han trasladado los empresarios afectados y la patronal soriana de la construcción AECOP a los responsables de la Diputación en dos recientes reuniones.

Los empresarios han planteado que les resulta más beneficioso, económicamente, no acometer la obra y pagar la penalización, lo que supondría unos 20.000 euros, que hacer frente al sobrecoste, sobre todo porque se ha disparado el precio del petróleo, que estiman que les puede costar unos 80.000 euros.

Esta paralización afecta a las obras de mejora de 12 tramos de carreteras, en las se prevé una inversión de 7 millones de euros, que son las que están incluidas en el Plan de Carreteras aprobado el año pasado.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, reconoció, en el transcurso de la celebración del pleno ordinario, que es un problema en el que han comenzado a trabajar para buscar soluciones de la mano de los empresarios. 

En este sentido, el portavoz del PP, José Antonio de Miguel, indicó que se plantea aprobar una prórroga de las obras, adjudicadas con el plazo de un año, a la espera de si bajan los precios, «pero claro, puede ocurrir lo contrario, que sigan subiendo», puntualizó.

El portavoz expuso que una renuncia a las obras también puede conllevar problemas futuros para las empresas porque pueden ser inhabilitadas en un futuro para contratar con las administraciones públicas.

El problema se dio a conocer en el pleno ordinario en el transcurso del debate de una moción de urgencia, presentada por el PP, en la que se solicitaba al Gobierno aprobar «con carácter de urgencia» un Real Decreto-ley que establezca un régimen excepcional y temporal de revisión de precios para todo tipo de contratos de obra pública, incluidos aquellos de duración inferior a un año, afectados por el incremento extraordinario de costes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio. La moción no se votó y se quedó encima de la mesa, por lo que se retomará en próximos plenos.

El equipo de Gobierno atendió la petición de los grupos de la oposición que solicitaron el aplazamiento. La portavoz del PSOE, Esther Pérez, planteó la conveniencia de contar con un informe técnico sobre la situación que se ha generado en la Diputación de Soria con las obras de carreteras.

De Miguel expuso la necesidad de que el Gobierno tome conciencia del problema y apruebe un Real Decreto, como ya lo hizo con la guerra de Ucrania, en este sentido, que abriría la puerta a que la Diputación pudiese negociar con las empresas adjudicatarias en obras con plazos de un año, como son las del Plan de Carreteras, «pero ahora tenemos las manos atadas», matizó.

La corporación de la Diputación celebró el pleno ordinario de junio con un orden del día sin asuntos, salvo la toma de posesión de la nueva diputada del PSOE, Carolina Romero, en sustitución de Carlos Martínez. 

La sesión se prolongó durante más de tres horas por el debate de tres mociones de urgencia, dos del PP y otra del PSOE, aunque hasta el final de la sesión no se quedaron todos los diputados, algunos fueron abandonando el pleno.

Los alcaldes de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, y Langa, Iván Andrés, por los compromisos en las fiestas patronales de ambos pueblos. También fueron dejando la sala, Jesús Cedazo, José Javier Gómez Pardo y Enrique Rubio.

El PP sacó adelante, con el apoyo de VOX, y la abstención del PSOE, su segunda moción, en la que se solicitó al Gobierno para instar al Gobierno de España o administraciones competentes a promover las modificaciones legislativas o propuesta de reforma legal, necesarias para que las fincas rústicas y urbanas vacantes, así como los bienes procedentes de herencias intestadas que pasen a titularidad del Estado, puedan ser transferidas de oficio a los ayuntamientos. 

Los populares no aceptaron la enmienda socialista que planteaba mejor una colaboración entre las instituciones que una cesión de oficio que puede generar problemas a los ayuntamientos sin recursos.

La que no salió adelante fue la moción del PSOE que reclamaba el desarrollo de medidas de apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Soria ante el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Los socialistas plantearon la habilitación de un fondo de 350.000 euros para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a los sobrecostes energéticos.