Choque entre Cedazo y Pico por la propiedad del Palacio
El alcalde de Almazán acusa al consejero de «jugar sucio» por señalar al Consistorio como responsable de la reconstrucción de la parte del edificio que no es dueño

El Consejero de Cultura, Alberto Diaz Pico, junto a la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregoriom visita el Palacio de los Hurtado en Almazán.
El derrumbe y el riesgo de destrucción parcial del Palacio de los Hurtado de Mendoza entra en el terreno político con un choque institucional entre el Ayuntamiento de Almazán y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a tenor de la propiedad del edificio.
Tras la visita el lunes del consejero de Vox de Cultura de la Junta de Castilla y León, José Alberto Díaz Pico, el alcalde socialista de Almazán, Jesús Cedazo, lo acusó de «irresponsable» y de «jugar sucio» por poner el foco en el Ayuntamiento como uno de los propietarios del inmueble BIC y tener responsabilidades en la reconstrucción de la parte dañada de la que dice que no es dueño.
Cedazo aclaró que el Ayuntamiento solo tiene la propiedad del 2,7% del inmueble en uno de los dos lotes en lotes en los que está dividida la propiedad del edificio y que corresponde a la parte conservada y que se accede por la plaza Mayor. El segundo lote es la parte posterior en la que se han sucedido dos graves derrumbes en 20 días y que cuenta con múltiples propietarios.
Aún así, según explicó a este periódico Cedazo, a pesar de que hay numerosos responsables, la propiedad y las obligaciones en materia de conservación se encuentran perfectamente delimitadas y recogidas en el Registro de la Propiedad desde finales de la década de los años 60 del siglo pasado.
«No sé si el consejero tiene conocimiento de esto, pero seguro que la Consejería sí tiene la documentación correspondiente», expuso el alcalde adnamantino que achacó estas declaraciones de Pico al «nerviosismo» por la grave situación actual del Palacio y porque el Ayuntamiento de Almazán está gobernado por los socialistas.
En este sentido subrayó que si se aplica la normativa del Código Civil en materia de división horizontal, «el Ayuntamiento sería el más beneficiado porque ha sido de los que más ha invertido en los últimos años en el inmueble».
El alcalde de Almazán volvió a solicitar al consejero que la Junta de Castilla y León invierta en el Palacio y que se haga cargo además de las obras de emergencia de las de reconstrucción y conservación y «que asuma su responsabilidad con el Patrimonio de Almazán».
Cedazo no ve inconveniente en que el bien sea de titularidad privada y expuso que «el Patrimonio es de todos, como los son las catedrales que también son privadas e invierten en ellas todas las administraciones».
Cedazo aseguró que los vecinos de Almazán están hartos de este abandono y se lo demostraron al consejero Díaz Pico y a la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, en la visita que realizaron el lunes a Almazán para presenciar los daños del último derrumbe. Indicó que desde la Consejería no se le notificó la visita de Pico, pero no obstante lo recibió y tuvo la oportunidad de plantearle algunas propuestas.
El titular de Cultura de la Junta fue recibido con abucheos y reproches por parte de un grupo de vecinos de Almazán que expresaron su indignación por el grave estado del Palacio.
En su reciente visita, el consejero anunció que la Junta asumirá la actuación de urgencia con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad, detener el deterioro del inmueble y preservar los elementos que todavía pueden ser recuperados.
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Estas obras conllevan un apuntalamiento tras constatarse de la existencia de un daño estructural grave, con afección a la crujía norte del Palacio, a seis arcos de la galería, al artesonado, la cubierta y los forjados intermedios, así como una posible afección a la estabilidad del torreón.
Los restos del derrumbe alcanzaron además, la vía pública, lo que supone un riesgo para la seguridad de las personas y obliga a mantener cerrado el entorno hasta que quede garantizada su estabilidad.
Pico, en sus declaraciones, manifestó que la intervención de urgencia no elude «la responsabilidad que tienen los los titulares entre ellos también el Ayuntamiento para cumplir con las resoluciones y los acuerdos de la Comisión Territorial de Patrimonio, entre ellos presentar en el plazo de un mes un proyecto de recuperación de este inmueble, es su obligación», concluyó.