Castilla y León y País Vasco abren hoy una etapa de «buena vecindad»

El presidente de la Junta de Castilla y León y el lehendakari vasco, Patxi López, firmarán hoy en Valladolid un convenio de colaboración que cierra tres décadas de desencuentros entre las dos comunidades.

 

En apariencia, se trata de uno más de los pactos que en diferentes materias el Ejecutivo autonómico ha promovido con las comunidades limítrofes y que fomentan el intercambio de servicios sociales, sanitarios, educativos y en materia de transportes. Pero a nadie se le escapa lo ‘histórico’ del evento: han sido tres décadas en las que los sucesivos gobiernos nacionalistas cerraron cualquier posibilidad de acuerdo.

A pesar de recientes desacuerdos, incluída la anulación de una cita similar antes de las elecciones autonómicas, hoy se hace valer la decisión de López de acabar con ese aislamiento y la de Herrera de fomentar el ‘autonomismo útil’.  

Después de 30 años de disparidades entre ambas comunidades, los más altos representantes de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco llegarán a acuerdos en materias como sanidad, educación, servicios sociales, transporte y cultura que, en la práctica, beneficiará a las zonas limítrofes.

Las tres décadas de espera y los frentes que permanecen abiertos entre ambos territorios revisten de un peso simbólico al encuentro del lehendakari Patxi López y el presidente castellano y leonés Juan Vicente Herrera. Se abre una nueva etapa de «buena vecindad con todo lo que ello significa».

Así lo declaró a este periódico el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, para quien, más allá «de la letra del protocolo», se establece entre las dos autonomías «un sentimiento» diferente que deberá influir en una mejor comunicación en todos los conflictos abiertos.

Con ello, el consejero de la  Presidencia hacía referencia a cuestiones que quedan fuera del convenio pero que serán tema de conversación entre los dos presidentes.

Mientras la luz de los flashes buscará la imagen de un afectuoso saludo –como el que Herrera y López se dieron en Guernica en la toma de posesión del último el 7 de mayo de 2009– las preguntas de la prensa se adentrarán en sombras recientes y, a veces, en una oscura historia de enfrentamientos.

El giro del Gobierno de Mariano Rajoy para alargar la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña es motivo del último roce. El Ejecutivo de Herrera apoya esa decisión. Sin embargo, en junio de 2009, ya siendo Patxi López lehendakari, aprobó una iniciativa de EA que se oponía a toda prórroga y demandaba el cierre definitivo de la misma.

Si se quiere brindar por el acuerdo de hoy,  mejor no hacerlo con vino txakolí. La determinación de algunos bodegueros burgaleses por utilizar en sus etiquetas el término ‘chacolí’ –que los vascos consideran limitado a su territorio– enfrenta a los dos gobiernos autonómicos en avinagradas declaraciones y amenazas.

Ambos asuntos, sin embargo, son dos puntas de un iceberg temporal si se comparan con la disputas por Treviño,  las ‘vacaciones fiscales’ y el blindaje del Concierto Económico. En estos últimos, la Junta siempre ha visto un agravio comparativo que hacía del suelo vasco un imán para las empresas de Castilla yLeón y siempre los ha recurrido ante los tribunales.

Isleta de Castilla y León en el País Vasco, el  Condado de Treviño es símbolo de reclamación por parte del nacionalismo vasco. López, por su parte, ha establecido un equilibrio: respeta el marco legal, pero defiende que dicho territorio se integre en Álava.

Desde Treviño, por cierto, surge la única voz discordante a este encuentro de hoy, ya que el pasado viernes un pleno de su ayuntamiento reprochaba no poder hacer oír sus demandas en la cita de los representantes autonómicos.

Estos asuntos espinosos han quedado fuera del convenio, precisamente para facilitar el acuerdo «en beneficio de los ciudadanos», recalca De Santiago-Juárez, quien señala que esa política de apartar conflictos para encontrar intereses comunes no es nueva: «Se firmó un acuerdo con Extremadura incluso cuando habían presentado un recurso contra nuestro nuevo Estatuto».