La Junta empeora el periodo de pago a sus proveedores y abona sus facturas en febrero en 56,11 días
El periodo medio de pago de la Junta de Castilla y León a sus proveedores se situó en febrero en 56,11 días, por encima de los 41,98 días de media para el conjunto de las autonomías, y muy alejado de los 30 días que fija la normativa vigente. El dato de febrero, supone que la Comunidad, empeoró la cifra del primer mes del año, cuando abonó sus facturas en 47,15 días.
Los datos difundido hoy por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reflejan, que Castilla y León fue en febrero la sexta autonomía que pagó con más retrasos, solo por detrás de Extremadura (101,66 días); Aragón (78,79); Valencia (69,06); Murcia (64,02); y Baleares (58,71).
Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Páís Vasco; Navarra, La Rioja y Galicia se sitúan ya por debajo de los 30 días que fija la normativa; mientras que Cantabria, Cataluña y Madrid “superan por muy poco esa cifra”, según destacaron desde el departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro.
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuó distintas comunicaciones el pasado 1 de abril a las autonomías como consecuencia del incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. En concreto, a las comunidades de Castilla y León, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, y Murcia se les notificó la aplicación del artículo 13.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) por el que, cuando una autonomía supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad “deberá incluir en su plan de tesorería el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores y el compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita reducir su periodo medio de pago a proveedores”.
Asimismo, a Baleares y Valencia se les notificó comunicación de “alerta” por haber superado los plazos previstos en el artículo 18.4 de la LOEPSF. Los efectos de estas comunicaciones se mantendrán hasta que cumplan con el plazo máximo de pago de 30 días previsto en la normativa de morosidad.
En la misma fecha, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comunicó a las comunidades de Aragón y Extremadura, el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, por incumplimiento de los plazos máximos de pago previstos en el artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.