La Junta abre la puerta a llevar a los tribunales el nuevo plan minero de cierre acordado con Bruselas

La Junta de Castilla y León estudiará con sus servicios jurídicos la posibilidad de presentar un recurso contra el último plan de cierre de la minería española, acordado por el Gobierno de España y la Comisión Europea, como solicitó el Grupo Socialista durante el debate sobre el Plan de Dinamización de Municipios Mineros, ratificado por las Cortes. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, abrió la puerta a llevar a los tribunales este nuevo modelo de ayudas, del que admitió que no se conocen sus detalles.

La titular de política económica presentó al Parlamento autonómico la propuesta de la Junta para revitalizar las cuencas mineras, que contó con los votos a favor de los grupos Popular, Socialista y Mixto -Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés-, mientras Ciudadanos y Podemos se abstuvieron. Del Olmo admitió la demanda del procurador socialista, Celestino Rodríguez, sobre el recurso y planteó que los servicios jurídicos de la Junta estudiarán si existe algún argumento para presentarlo e incluso si su contenido puede perjudicar a la actividad minera.

No obstante, Pilar del Olmo recordó al dirigente socialista que las 26 empresas que figuran en el plan que ha cerrado hace unas semanas el Gobierno de Mariano Rajoy y Bruselas son las mismas que se incluyeron en el Plan de Cierre que aprobó el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La consejera señaló que esto se debe a que las ayudas son al cierre, porque de lo contrario serían “ilegales” de acuerdo a la decisión de la Unión Europea de 2010.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda aceptó otra propuesta del Grupo Socialista para reclamar los fondos Miner que cuentan con una resolución negativa y explicó que en este momento ya no tiene sentido pedir al Gobierno que adopte una decisión sobre las solicitudes presentadas. Del Olmo argumentó, ante la demanda de Rodríguez, que el Principado de Asturias pidió ante la jurisdicción que el Ejecutivo central se pronunciara sobre los proyectos pendientes.

También la Junta aceptó otras iniciativas, como las presentadas por el procurador 'leonesista' Luis Mariano Santos, en relación a las ayudas al alquiler para asentar población y a cuatro proyectos, como la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos (Villablino, León), una idea que apoyó el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, o el Instituto Tecnológico de Investigación del Carbón, ya incluidas en el Plan. Además, se comprometió a incluir el estadio de aguas bravas y un matadero de carne de vacuno y ovino en la montaña leonesa.

En cuanto a la comisión de seguimiento del Plan, que se aplicará en 81 municipios de León y Palencia, la consejera de Economía y Hacienda admitió que incorpore a los grupos con representación en las Cortes y al Consejo Comarcal del Bierzo, como pedían los socialistas, la UPL e IU. Además, Pilar del Olmo aceptó que este órgano busque a una persona de “consenso” que se encargue de controlar y velar por el cumplimiento de las iniciativas para el impulso económico y social de las cuencas mineras.

Aparcar diferencias

La consejera pidió hoy a los grupos parlamentarios “dejar aparcadas” las “recriminaciones” y trabajar “juntos” en la búsqueda de soluciones y futuro para los municipios mineros. Así, aseguró que el Plan pretende ser un “catalizador” para la revitalización económica, laboral y demográfica, con el objetivo de crear un “ecosistema” que favorezca el máximo aprovechamiento de los recursos endógenos.

No obstante, reconoció la necesidad de contar con un “adecuado nivel de colaboración institucional” sobre este Plan, que señaló puede ser mejorado, ya que de esta forma recalcó que se podrá ofrecer un “reforzado apoyo” a estas zonas. No obstante, la consejera recalcó que la Junta no renuncia a la defensa de que la minería del carbón forme parte de la actividad económica de las cuencas, puesto que puede ser “rentable” y recalcó que tiene un “carácter estratégico”.

Carbón y proyectos complementarios

El procurador del Grupo Socialista Celestino Rodríguez defendió la posición de su partido en defensa del carbón y afeó la ausencia del PP en acuerdo que se firmó este martes en Madrid. El socialista leonés se remontó al inicio del mandato de Mariano Rajoy y le espetó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que en política minera había “fracasado”. Además, añadió que el PP ha ido en estos años en “contra del carbón”. “Veo mucho corazón en su logo, pero no veo corazón en el apoyo a las cuencas mineras”, dijo en relación a Podemos.

El procurador lanzó cinco propuestas al Plan. Por un lado pidió más apoyo al consumo de carbón autóctono para abrir las minas este año y crear empleo, no para mantener la actividad en 2018. Tras ser aceptado el posible recurso al nuevo acuerdo entre el Gobierno y Europa, se comprometió a trabajar para que en el 2018 no haya que devolver las ayudas”. También reclamó el 'céntimo verde', que recordó el Ejecutivo central se niega a poner en marcha por estar “en funciones”, y la adaptación de las centrales térmicas.

Rodríguez insistió que el PSOE no quiere proyectos alternativos, sino complementarios que impulsen el empleo destruido y reclamó flexibilidad para abrir explotaciones mineras, ya que recordó que existe una iniciativa empresarial para generar 30 empleos en Velilla del Río Carrión (Palencia). También, pese a no estar contemplado en el Plan, advirtió de que más de 100 familias corren el riesgo de perder su casa en Ciñera de Gordón (León).

Participación ciudadana

El procurador del Grupo Popular José Manuel Otero demandó “consenso” y la participación de la población de la zona para desarrollar iniciativas emprendedoras que contribuyan a dinamizar las comarcas mineras. Así, el 'popular' defendió que el Plan incluye inversiones y plantea crear un entorno para aprovechar los recursos de estas zonas y valoró su carácter dinámico. Aseguró que todos los procuradores, alcaldes, concejales y agentes sociales, “en bloque”, apoyan a la consejera y la Junta por la “sensibilidad” que han demostrado con la minería del carbón.

Pervivencia y nuevas inversiones

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel justificó el voto de su grupo sobre este Plan, que nació a iniciativa de su formación, cuando alcanzó un acuerdo con la Junta para facilitar la aprobación de los presupuestos de 2016. “Nosotros no somos la madre de la criatura”, dijo y lamentó no poder apoyar este programa. Aseguró que la principal razón se debe a que el eje del Plan es el mantenimiento de la actividad extractiva, “la pervivencia de una determinada situación, abocada al cierre el 31 de diciembre de 2018”.

La consejera aseguró que no entendía su posición cuando se adhirieron al acuerdo entre sindicatos, patronal y cuatro comunidades, que recoge el contenido del Plan sobre la continuidad del carbón. Mitadiel reconoció este extremo, pero recalcó que este punto no puede ser lo “primordial” puesto que en su opinión se debe buscar “nuevas oportunidades” porque explicó que “a corto y medio plazo”no hay “futuro” en estas zonas y apostó por encontrar medidas para avanzar en los próximos 30 años.

También, el parlamentario de C's explicó que el Plan “no cuenta con recursos nuevos” y recordó que su grupo marcó como exigencia que los cinco millones previstos cada año fueran “inversión nueva”. “Las carreteras tienen que llegar porque las necesitan, no por efecto de la dinamización”. “Tenemos que ser ambiciosos, mucho más innovadores”, dijo Mitadiel y pido un “esfuerzo de cuantificación”. Sin embargo, Del Olmo indicó que llegarán fondos Miner adicionales una vez se firmen convenios con el Gobierno y reiteró el compromiso de la Junta para cumplirlo.

Auditoría de fondos

El procurador de Podemos Ricardo López pidió una auditoría de los fondos Miner invertidos desde 1998 para la reestructuración de las cuencas mineras, la generación de empleo y evitar la despoblación. De esta forma, aseguró que se puede “determinar” lo que se hizo “mal” y diseñar un mejor destino de los recursos públicos. Además, pidió una modificación del Plan en lo relativo a la defensa y promoción del carbón porque en su opinión la bonificación no ha dado resultados.

López planteó un cambio en el Plan de Dinamización para que apueste por una “ecotasa” al mineral de importación, que se produce en países que no se respetan los derechos laborales y por inversiones para adaptar las centrales térmicas a la directiva europea de emisiones. La consejera de Economía y Hacienda argumentó que esta especie de “arancel” encarecería el mineral a las centrales térmicas de Castilla y León, lo que las perjudicaría en relación a otras existentes en España.

Más concreción

El procurador de la UPL indicó que el Plan es “imprescindible”, pero expresó su temor sobre la “falta de concreción” de los fondos económicos y advirtió de la posibilidad de que no aplique por la “escasa” dotación. Santos reclamó que se concreten las inversiones, para no correr el riesgo de que éste sea un “plan más”. Además, Luis Mariano Santos recordó el papel de cada agente en esta película de “terror” y señaló que la única certeza es que el “daño” al sector es “irreversible”, como indicó ha reconocido la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón.

El 'leonesista' censuró la actitud que lleva en la “mochila” el PSOE, similar en su opinión a la del PP. También, cuestionó la actuación de Podemos sobre el apoyo al carbón en el Congreso de los Diputados y la última posición de Ciudadanos.

Finalmente, el procurador del Grupo Mixto José Sarrión (Izquierda Unida) reclamó una apuesta “valiente y decidida” a favor de las comarcas mineras y señaló que el Plan se debería haber puesto en marcha “mucho antes”.