El fin de la ayuda de la Junta pone en riesgo el Centro regional ecuestre

El Centro Regional Ecuestre de Castilla y León, construido en Segovia con 7 millones de euros de inversión pública, cerrará el próximo 1 de julio si la Consejería de Agricultura retira la ayuda anual de 270.000 euros que hasta aportaba hasta ahora a la Federación Regional Hípica, que viene gestionándolo desde junio de 2011 como entidad pública sin ánimo de lucro.

Sus gestores organizan anualmente siete campeonatos nacionales entre 40 eventos de promoción equina y cursos de formación en la Escuela de Capacitación Agraria; actividad que según las estimaciones económicas genera en la economía provincial cada año “entre 4 y 6 millones de euros”.

El contrato con la Federación regional de Hípica de Castilla y León venció el pasado 31 de mayo, viéndose obligada a prorrogar su gestión, sin ayuda económica, para cumplir el mes de junio con los dos campeonatos nacionales previstos en el calendario: Ponis (del 20 al 26) y Volteo (del 24 al 26).

«Será una semana que mueve 5.000 personas que dejan en Segovia, alrededor de un millón de euros», calcula el director del Centro Ecuestre, Javier Trenor, que cuenta este mes con dos trabajadores; los otros dos han sido despedidos al finalizar la concesión.

«Trabajar así resulta más difícil, pero hay que cumplir lo previsto: En septiembre hay que mantener el Campeonato del mundo TREC con participantes de 20 países y en octubre los campeonatos de España de árabes, yeguada y caballos de salto y un morfológico de pura raza española», señaló.

La Consejería de Agricultura comunicó hace dos meses a la Federación ‘un cambio de modelo de gestión’, que lleva aparejada la retirada de ayuda pública.

La administración regional prepara un pliego de condiciones para la licitación del Centro Ecuestre: «Estará listo en un par de semanas», según anunció a este periódico ayer Jorge Morro, director general de Competitividad, que reconoce que el Centro, tendrá que cerrar julio y agosto.

Su departamento ha ofrecido a la Federación seguir hasta el 31 de diciembre con la gestión del centro, pero sin ayudas.

¿Qué pasará si la Federación rehúsa hacerse cargo de la gestión sin apoyo económico?. «Aceleraremos la licitación», dijo.

«El pliego que se redacta dará más libertad dentro del uso equino para que puedan celebrarse actividades sin limitación de precio. Quien lo gestione tendrá que autofinanciarse», defendió ayer en declaraciones a EL MUNDO.

Para la Federación Regional de Hípica este «nuevo modelo» hace inviable la gestión pública de un centro declarado de alto rendimiento y considerado referencia nacional.

«La Federación cumple con el papel formativo y divulgador del mundo equino y proporciona mejores precios a los deportistas de Castilla y León», señalan.

Santiago de Gabriel, presidente de la Federación durante los últimos años, apela a «la sensatez» de la Consejería. «Es un despropósito pretender que un centro público con una altísima ocupación, importantes citas y más de 900 alumnos en formación se autofinancie porque solo podrían pagarlo unos pocos. El centro ha multiplicado la actividad y el interés, pasando de 1.000 a 5.000 fichas de federados en estos años y el mundo del caballo mueve mucho más. ¿Cómo se garantiza el uso de las instalaciones públicas desde una concesión privada?», subraya.

Para el director del Centro Regional Ecuestre, Javier Trenor, «la privatización de un centro de estas dimensiones asegura el fracaso».

Trenor cita como ejemplo, ‘El Asturcón’ de Oviedo, en el que el Ayuntamiento gastó 30 millones de euros, celebró en 2002 un Campeonato del mundo de saltos y tras la gestión privada está cerrado, deteriorándose.

Desde la Consejería defienden que «las posibles adjudicatarias tendrán que acreditar su solvencia y la administración vigilará por su mantenimiento».

Jorge Morro reconoce que están «satisfechos» con la gestión de la Federación Regional de Hípica. «Ha hecho muchas cosas; Nos gustaría que se presentasen, pero es un pliego público y hay que dar oportunidad».

«Entendemos que normalizado el uso, después de varios años, se debe autofinanciar con un nivel alto de actividad. La gente tiene que estar dispuesta a pagar por los servicios que recibe. No es una mala política pretender la autofinanciación. Hay que verlo por el lado positivo», dice.