Los divorcios vuelven a descender

Poner fin al matrimonio puede resultar ‘un lujo’ que muchas parejas no pueden permitirse. La minuta del abogado, mudarse a otra casa mientras se intenta vender (o malvender) el domicilio común, pasar una pensión al excónyuge... demasiados gastos para las maltrechas economías domésticas en estos años de crisis. Desde 2007, la cifra de disoluciones ha caído un 6% en Castilla y León. El año pasado fueron 5.035 los matrimonios rescindidos, un 8% menos que el año precedente (cuando habían repuntado otro 8%). Y durante el primer trimestre de este 2016, la tendencia se mantiene con un descenso del 14%.

El divorcio es la fórmula jurídica más usada para romper la relación, en especial desde 2005, cuando se aprobó el llamado divorcio exprés, una modalidad más ágil al ser posible sin la separación legal previa, como era obligatorio hasta entonces.. En total, el año pasado se presentaron 4.753 demandas de divorcio en la Comunidad, un 6,7% menos que el anterior. Y en lo que llevamos de año, la caída porcentual es el doble de intensa (-13,7%), según los datos publicados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En los últimos ocho años, los divorcios han bajado un 2%, aunque es cierto que la estadística presenta vaivenes, con repuntes anuales en 2009, 2010, 2012 y 2014 y caídas en 2008, 2011, 2013 y 2015, esta última, la bajada porcentual más pronunciada.

Las que no paran de disminuir son las separaciones, que van camino de convertirse en una opción «residual» como consecuencia del cambio legal antes aludido, según explica la abogada Teresa Vicario Fernández, especialista en derecho de familia. «En el momento en el que la crisis matrimonial es definitiva, directamente se tramita el divorcio», explica. «Si esas crisis es pasajera y el matrimonio quiere tomarse un tiempo para intentar reconducirla, es preferible realizar una separación física regulada, porque la separación legal tiene el mismo coste que el divorcio», explica al advertir que, si al final la ruptura es definitiva y conduce al divorcio, supondría volver a pagar por el proceso, algo así como sufragar dos veces la disolución.

Ese coste varía mucho en función de cada caso (depende del valor del patrimonio de la pareja, de la cuantía de las prestaciones, las cargas...), pero fuentes jurídicas señalan que los honorarios mínimos por llevar un caso matrimonial parten de los 1.500 euros y pueden alcanzar los 3.000 euros.

Vicario Fernández reconoce que toda disolución matrimonial conlleva «un desembolso», no tanto por la minuta del abogado sino por el cambio de «planteamiento de vida», ya que supone «duplicar las economías». La cosa se complica especialmente si alguno de los cónyuges está en paro, si hay que liquidar una hipoteca, mantener a los hijos y pasar una pensión, enumera la abogada vallisoletana.

Durante los años más duros de la crisis, Vicario Fernández ha visto cómo la coyuntura económica ha impedido a algunos matrimonios romper su relación, aunque su percepción es que estos casos son ya los menos. «Han venido parejas y, al hacer números, comprueban que no pueden vivir separados», apostilla esta letrada con 23 años de experiencia, los quince últimos llevando asuntos de derecho familiar.

Esa situación afecta en especial a matrimonios de clase media, aquellas que tienen ‘demasiados’ recursos para acceder a una justicia gratuita pero que, paradójicamente, no pueden permitirse pagarla de su bolsillo.

Tanto en divorcios como en separaciones, los procesos de mutuo acuerdo siguen siendo mayoritarios (representan el 59% de las demandas), aunque los contenciosos no consensuados descienden a mayor ritmo y ganan terreno.

En comparación con otras autonomías, Castilla y León sigue siendo la que registra menor número de disoluciones matrimoniales del país, con 0,49 demandas por cada mil habitantes. Cataluña y Valencia lideran ese ranking, con una tasa de 0,74 por cada millar de habitantes.

La estadística del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revela también que continúa el aumento de procedimientos de modificación de medidas consensuadas en procesos de separación y divorcio:un 7% aumentaron en 2015. Y, en comparación con 2007, el incremento es del 181%.