El interventor admite que dos modificados habrían sido "paralizados" si la Junta "no subsana" la falta de informe previo

El interventor general de la Administración de la Comunidad, Santiago Salas Lechón, admitió hoy que dos modificados, uno de obra y otro de equipamiento, en el proceso de ejecución del Hospital Universitario de Burgos habrían quedado “paralizados” si la Junta no subsana el informe previo que se había omitido al órgano de control, si bien garantizó que todo el procedimiento administrativo se ha realizado desde el “cumplimiento de la absoluta legalidad”, ante las dudas expresadas por la oposición a los cambios en el proyecto inicial que llevaron a unos reequilibrios en el contrato con la concesionaria.

Salas Lechón compareció en la comisión de investigación parlamentaria sobre el Hospital de Burgos para informar de la función interventora ejercida sobre el contrato de concesión de obra pública y sus modificaciones, aspecto en el que incidieron Manuel Mitaliel (Ciudadanos), Laura Domínguez (Podemos), Mercedes Martín (PSOE) y José Sarrión (IU) al expresar dudas de que estuvieran justificados, mientras que Ángel Ibañez (PP) pidió que “se deje de hablar de sospecha” en la contratación de la obra y reequilibrios producto de los modificados, cuando existe el aval de legalidad y ha pasado los controles de los consejos de Cuentas y Consultivo.

El interventor general relató el proceso de legalidad en los distintos pasos administrativos, sin entrar a pronunciarse sobre el modelo de concesión público privada, que para la oposición ha sido “lesivo” para los intereses generales de la Comunidad y ha elevado la inversión inicial en casi un 50 por ciento, a la vez que consideran que “ha beneficiado” a la empresa adjudicataria cuando en los reequilibrios “no se ha penalizado el retraso”, sino que se ha reconocido un lucro cesante por falta de actividad de casi 90 millones.

Santiago Lechón explicó que la inversión inicial prevista era de 231 millones de euros y 1.010 hasta 2036 por la explotación de la vida del contrato, así como 42 meses de ejecución de la obra, que se superaron, y detalló los cuatro modificados y los tres reequilibrios del contrato, debido a un aumento tanto de la superficie, nuevos servicios y equipamientos sobre el proyecto inicial.

En ese marco, reconoció que el primer modificado de obra a coste cero, sobre el cambio de emplazamiento del hospital, no tenía el informe previo de la Intervención General, igual que otro relativo al equipamiento, cuyos cambios suponían 9 millones de euros mal que elevaban éstos hasta los 103 millones. Sin embargo, explicó que, comunicado a la Junta esa “omisión, “se subsanó” en mayo de 2007, en el primer caso, y noviembre de 2011, en el segundo. La socialista Mercedes Martín preguntó qué hubiera supuesto la no subsanación y Salas Lechón respondió que los dos modificados “habrían quedado paralizados”. “No es excepcional, se da en más ocasiones”, aseveró.

Sin objeciones

“Todos los reajustes se han informado favorablemente”, aseguró, al tiempo que apuntó también a los informes del Consejo de Cuentas del año 2009 -fiscalizó los ejercicios 2006-2007- y del Consejo Consultivo, “sin que hubiera ninguna objeción de legalidad” sobre los modificados, cuya justificación pusieron en duda los representantes de la oposición, si bien señalaron que en ningún caso cuestionan la legalidad porque ello correspondería a los tribunales.

Para Manuel Mitadiel, “buena parte” de los modificados “no tenían una justificación real” y se remitió a algunos de los aspectos, el helipuerto o la conexión con el Divino Vallés, estaban ya en el proyecto inicial. Por lo que se preguntó si no se realizan primero los cambios y luego “se viste el expediente”. También, cuestionó que, ante los retrasos, saliera la Junta “a salvar” a la empresa y cuestionó si la Intervención no tenía nada que decir cuando de una inversión inicial de 209 millones se pasa a 314 -no recoge el IVA-. “Es sorprendente”, apostilló.

Laura Domínguez y José Sarrión pidieron conocer si la Consejería realizó algún informe de impacto económico y beneficio para la empresa, a la vez que cuestionaron los modificados. “¿No piensa que hay laxitud con la concesionaria?”, inquirió la segunda, que censuró “decisiones políticas” para ella “erróneas” en relación al modelo, mientras que Sarrión insistió en un “beneficio” para la empresa sobre el interés general.

Mercedes Martín lanzó una batería de preguntas relativas a que “desde el minuto uno el contrato se modificó” y recalcó que la “mezcla” en el contrato de la construcción y la explotación supone un sobrecoste, denuncia que motivó la apertura de la comisión de investigación. También, abundó en si los modificados estuvieron justificados o fueron “una coartada para amparar desfases y sobrecostes”.

Legalidad y sobrecostes

El interventor recordó la función que tiene asignada para no dar respuesta a la mayoría de las preguntas que consideró que fueron en una dirección que no le compete. “No puede valorar si el modelo es el adecuado, fue una decisión del órgano de contratación, que es legal, igual que las modificaciones”, argumentó, para asegurar que los presupuestos de la Junta “pueden soportar” el canon a la concesionaria hasta 2036.

“Si cree que no puede responder, nada que decir”, alegó Sarrión en su segundo turno, mientras que Mitadiel habló de una función interventora “coja”, Domínguez insistió en conocer si todos los informes fueron conocidos por la Intervención y Martín en que todos los cambios han ido al alza para la empresa y en detrimento de la ciudadanía.

Ninguno de los portavoces de la oposición salió satisfecho con las explicaciones, según expresaron en el último turno, mientras que para el representante del PP “existe una garantía absoluta en la legalidad del expediente”. “Será legal, pero el resultado es el que es”, zanjó Mitadiel. “Llama la atención los sobrecostes”, remató Martín.

“Lo fundamental era dar cumplimiento a la legalidad, queda claro que se ha cumplido”, afirmó Ángel Ibañez, que pidió a la oposición dejar de hablar de “sospechar” y de “poner en tela de juicio” la contratación de la obra y los reequilibrios en el contrato. “Aquí no ha habido laxitud, sino control de legalidad, quien hable de sospechas e irregularidades, qué aporte alguna prueba”, concluyó.