El director de los Servicios Jurídicos de la Junta asegura que los modificados responden al interés público

El director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sáez, aseguró hoy que los cuatro modificados al contrato de concesión de obra pública del Hospital de Burgos, sobre los que su departamento emitió informes, tenían “causas suficientes, motivadas y justificadas” y, en respuesta a las dudas de la oposición, aseguró que responden al interés público, punto en el que subrayó la “tranquilidad” que les dio el aval del Consejo Consultivo.

Ignacio Sáez compareció en la comisión de investigación del HUBU para informar de la participación de los Servicios Jurídicos de la Junta en el expediente del Hospital Universitario de Burgos y explicó que esa se ciño, como dice la ley, a informes preceptivos o dictámenes facultativos solicitados por el órgano de contratación ante algunas dudas, pero precisó que sólo podía informar de los documentos que llegan a su mesa.

Mercedes Martín (PSOE), José Sarrión (IU), Manuel Mitadiel (Ciudadanos) y Laura Domínguez (Podemos) insistieron, en todas sus intervenciones, en conocer por qué la Junta no ha penalizado a la empresa concesionaria ante incumplimientos y retrasos en la obra y en por qué, por el contrario, se amplió el plazo para la ejecución del hospital.

En su respuesta, el director de los Servicios Jurídicos aseguró que el expediente está de forma “permanente encima de la mesa” para velar por su cumplimiento y añadió que se han detectado, por el órgano de contratación -Gerencia de Salud-, “reticencias” de la concesionaria a “hacerse cargo de algunas cantidades”. Al respecto, precisó que las “interpretaciones” distintas han dado lugar a diez resoluciones judiciales a favor de la Junta y han desestimado las “pretensiones” de la empresa.

Además, manifestó que los requerimientos vía administrativa de la Junta hacia la concesionaria al menos en tres ocasiones fueron recurridos por la concesionaria, que son los recursos que llegaron a los Servicios Jurídicos Generales. En el caso de la cláusula de penalidades, recogida en el contrato, señaló que se ha acudido a ella por cuestiones concretas, pero añadió que no le consta la respuesta de la empresa en esos casos.

Tras escuchar estas explicaciones, el popular Ángel Ibañez saludó que, aunque las “dudas” en un primer momento pueden ser legítimas -en relación a la oposición-, el “camino de la concesionaria no ha sido de conclaveo, ni de dejarla hacer, sino que se ha actuado para que no se escaqueara de sus obligaciones”.

A Mercedes Martín la llamó la “atención” que los incumplimientos no se hayan sancionado y preguntó si a la vista de ello, se había pedido a los Servicios Jurídicos un informe para la reversión del contrato, a lo que Sáez respondió que no, pero consideró que, en todo caso, es una decisión de la Gerencia de Salud. La socialista se refirió a posibles “resquicios legales” cuando se cambia el contrato para el helipuerto, que estaba en el proyecto inicial.

Laura Domínguez estimó que puede existir una “interpretación laxa” del contrato en un posible beneficio a la empresa y preguntó por las garantías por la Junta, mientras que incidió también en sí los modificados, aunque sean legales, estaban justificados. José Sarrión realizó dos preguntas, relativas al desfase entre el plan de obra y la ejecución real, que, en su opinión, debería haber derivado en sanciones.

Legalidad

Sobre los modificados y los reequilibrios en el contrato se refirió también el procurador Manuel Mitadiel, mientras que Ibañez estimó que se ha acreditado, conforme a las explicaciones tanto jurídicas hoy, como de fiscalización ayer, que el “expediente es impecable” y que no se puede hablar de “conchaveo” con la concesionaria a tenor de los requerimientos para que cumpla el contrato.

Ibañez acusó a la oposición de no ver la legalidad e insistir en las dudas sobre irregularidades y subrayó que todos los comparecientes concluyen que se ha hecho de “forma adecuada”. En su último turno, Sáez resumió que los términos del contrato están claros y la Junta ha requerido a la empresa para que “no busque subterfugios para que saliera más barato”.

La socialista Mercedes Martín también preguntó si les constaba documentación remitida a posteriori por la Junta para que el Tribunal de Cuentas archivara la denuncia socialista en marzo de 2015 y Sáez respondió que sólo les han comunicado el fallo a favor de la Junta y en contra del denunciante. Ibañez pidió una valoración de ese hecho y el responsable de los Servicios Jurídicos habló de una decisión “trascendental” al ser la primera en avalar la legalidad de las modificaciones y reequilibrios.