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El director de Gestión Económica de Sanidad asegura que mientras el precio del contrato se encareció un 37,6% la inversión lo hizo un 50%

José Ángel Amo argumentó que las condiciones de todos los reequilibrios beneficiaron a la Junta sin que se perdieran prestaciones

El director general de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Junta, José Ángel Amo Martín, comparece ante la comisión de investigación del Hospital de Burgos-ICAL

El director general de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Junta, José Ángel Amo Martín, comparece ante la comisión de investigación del Hospital de Burgos-ICAL

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Soria

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El director general de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Junta, José Ángel Amo Martín, rechazó hoy que los reequilibrios realizados en el contrato de la concesión del Hospital Universitario de Burgos como consecuencia de los modificados del proyecto beneficiaran a la empresa concesionaria y aseguró que “sin perder prestaciones, todas las ratios mejoraron en favor de los intereses de la administración”.

Amo Martín, quien defendió la validez del modelo durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre los repetidos sobrecostes, el estado actual de su infraestructura, las modificaciones de las adjudicaciones y el presupuesto final del Hospital Universitario de Burgos, aseguró que mientras el incremento del precio del contrato se elevó un 37,62 por ciento, la inversión lo hizo en un 50 por ciento.

A su vez, el director general de Gestión Económica de Sanidad rechazó que la rentabilidad de la concesionaria esté garantizada, tal y como planteó la portavoz socialista, Mercedes Martín, que llegó a cifrar los beneficios en 751 millones de euros hasta 2036, cantidad que Amo Martín calificó de “imposible”, a la vez que no descartó que la concesionaria pueda tener pérdidas.

Con relación a los reequilibrios, también argumentó que al incrementarse la inversión la concesionaria ha tenido que recurrir a una nueva financiación con un tipo de interés dos puntos más alto e insistió que la Junta no está haciendo “ninguna concesión a la concesionaria”. En este sentido, recordó que varias de las reclamaciones de la concesionaria han terminado con sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo a favor de la Junta -aún hay dos recursos pendientes-, y puso como ejemplo la negativa de la Junta a incrementar el precio del contrato a pesar de que la empresa reclamó una compensación dado que el coste del instrumental quirúrgico fue de 4,8 millones de euros y no los 373.000 euros que ella estableció en su oferta inicial.

A su vez, también resaltó que a la tasa de rentabilidad del 7,11 por ciento que se determina en el último de los reequilibrios sea la real, dado que en este baremo no se tiene en cuenta ni los costes de explotación ni de mantenimiento. Con relación a este asunto, insistió que el contrato establece que la empresa concesionaria realice las reposiciones del material teniendo en cuenta la evolución tecnológica del mismo y las necesidades asistenciales futuras del hospital. Además, también insistió que en 2036, cuando acabe la concesión y el hospital pase a la Junta, debe estar en perfecto estado y funcionando con el mismo nivel de exigencia que el resto de hospitales públicos.

Por otra parte, Amo Martín sí reconoció un encarecimiento de 4,5 millones de euros como consecuencia de los retrasos en las obras y aseguró que los mismos fueron ajenos a la concesionaria y respondieron al interés de la Consejería de Sanidad de modificar el proyecto para adaptarlo a las necesidades reales.

Mientra tanto, Mercedes Martín insistió que “estamos ante un experimento singular que se ha convertido en un pozo sin fondos para las arcas de la Junta y en un seguro de vida para la empresa concesionaria” y argumentó que los sobrecostes “no están justificados”. Al mismo tiempo, reclamó a Sanidad que deje de hacer una “defensa numantina de una fórmula que se ha demostrado que es ruinosa”.

Financiación

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Manuel Mitadiel, criticó que los modificados y los posteriores reequilibrios sólo sirvieron para que los problemas de financiación de la empresa concesionaria, “que se había pillado las manos con su oferta”, los acabara asumiendo la Junta.

A su vez, la procuradora de Podemos Laura Domínguez, criticó que la falta de previsión de la Junta que modificó un proyecto a los dos años de su puesta en marcha y denunció que el hospital se puso en marcha sin que estuvieran funcionando los contadores de electricidad o gas.

Por último, el portavoz del Partido Popular, Ángel Ibáñez, aseguró que con la intervención de Amo Martín se ha demostrado que con los modificados no supusieron ningún beneficio para la empresa concesionaria, ya que porcentualmente la inversión inicial creció mucho más que el canon y que el contrato garantiza que el hospital cuenta con un equipamiento adecuado. “Además, este modelo, que nos ha permitido seguir invirtiendo en Sanidad en el resto de la Comunidad,, posibilitará que en 2036 el hospital pase a manos de la Junta en perfecto estado de revista”, sentenció.

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión disculpó la ausencia del procurador de Izquierda Unida José Sarrión por motivos de salud.

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