Asaja denuncia que el cierre del presupuesto retrasará las líneas de ayudas pendientes de Agricultura

Asaja considera que el cierre del presupuesto decretado por Pilar del Olmo ha cogido de "improviso" a Agricultura, y conllevará "un nuevo retraso de todas las líneas de ayudas pendientes", fundamentalmente los programas agroambientales –que incluyen la ayuda a la remolacha de 2015-, los apoyos a la modernización de explotaciones y a la incorporación de jóvenes al campo.

La organización agraria Asaja de Castilla y León reclamó a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que informe al sector agrario de cómo va a influir, en el pago de ayudas pendientes de su departamento, la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016 de 27 de septiembre, publicada en el Bocyl el miércoles 5 de octubre.

Dicha orden, en su Artículo 8, establece que “a partir de la entrada en vigor, no se podrán remitir a las intervenciones para su fiscalización, expedientes de aprobación de gasto con imputación a los capítulos de inversiones reales, transferencias corrientes y transferencias de capital con cargo al presupuesto 2016”. Si bien dentro de las excepciones se encuentra la “Sección 31 Política Agrícola Común”, esta partida se refiere a las ayudas directas financiadas al cien por cien por Bruselas, pero no a otras medidas de la PAC cofinanciadas por los estados miembros.

La organización estima que se dejaría así de pagar partidas de las que ya en pleno verano anunció el abono inminente la consejera Milagros Marcos. Asevera que también afectaría esta medida a las ayudas comprometidas para el seguro agrario –que acumulan importante retraso–, los pagos de la campaña de saneamiento ganadero, y a las inversiones que ejecuta la consejería de Agricultura, entre otras materias, en concentraciones parcelarias y modernización de regadíos.

Asaja responsabiliza a la Junta de Castilla y León de dar bandazos en sus directrices políticas, de cambiar las reglas del juego a mitad de partido, y de obligar a improvisar a los empresarios agrarios, cuando éstos lo que necesitan es estabilidad y certidumbre para poder tomar las decisiones más acertadas en la gestión de las explotaciones.

La opa recuerda a las consejerías de Agricultura y de Hacienda que la morosidad de las administraciones públicas termina poniendo sobre las cuerdas a quienes de una forma u otra dependen del presupuesto público –y el campo depende en un tercio de su renta–, y que el problema se agrava cuando los precios y las cosechas no son favorables, como es el caso.