Familia firmará «con carácter inmediato» el nuevo acuerdo marco de financiación local

Respuesta gubernamental a una de las reclamaciones más extendidas entre las instituciones locales. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, aseguró ayer que su departamento firmará «con carácter inmediato» –en los próximos meses, según matizó– el nuevo acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales con estas corporaciones, un convenio que, en la práctica, supondrá incrementar los fondos destinados a las ayudas de este tipo que prestan ayuntamientos y diputaciones provinciales y que pasan, sobre todo, por la atención a domicilio, en especial a las personas mayores, para lo que también se incrementarán las partidas a contratar más personal.

Así lo indicó la consejera durante su comparecencia para valorar el grado de cumplimiento de los compromisos de legislatura de su departamento, que cifró en un 75% al que sumó otro 12% «en ejecución avanzada». En el encuentro, García echó mano de datos, cifras y comparativas entre autonomías para sacar pecho de la gestión de su departamento, del que avanzó que aprobará, en los próximos meses, el primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León. Éste irá en la línea de los ya suscritos en distintas áreas como la igualdad, la drogodependencia y la juventud y buscará aunar esfuerzos entre consejerías y eliminar las duplicidades para lograr una «mejor atención» a los usuarios desde un «enfoque ético».

La consejera presumió, sobre todo, de los avances en la atención a la dependencia que han tenido lugar durante el primer ecuador de la legislatura y que sintetizó en la incorporación al sistema a las personas con dependencia moderada, es decir, aquellas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida cotidiana, al menos una vez al día, o tienen necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. En este punto, la consejera recordó que, a partir de enero, el periodo máximo para tramitar las solicitudes de ayudas a la dependencia se reducirá a cinco meses y que el objetivo al final de la legislatura es que baje hasta los tres.

«Mientras que, en España, la lista de espera para estos usuarios es del 50%, en Castilla y León es inexistente», esgrimió García, que, para defender su trabajo, se amparó en el último informe del Observatorio de la Dependencia, que situaba a la Comunidad, por novena vez consecutiva, en el primer puesto del país en cuanto a este tipo de atención, siendo la única autonomía donde la legislación aprobada en 2006 «se cumple al cien por cien».

También insistió la titular de Familia en el «considerable esfuerzo presupuestario» llevado a cabo por el Ejecutivo autonómico para ofrecer los servicios durante estos años. Más de una vez –y más de dos– repitió García que las cuentas para 2017 incluyen 925 millones de euros, la mayor dotación de su historia para un sistema de servicios sociales «que funciona, que responde con agilidad, pero que cuenta con un amplio margen de mejora». Y es que, pese a la retahíla de números y menciones a que Castilla y León encabeza las comparativas en este aspecto, la consejera manifestó que «no es momento de autocomplaciencia».

SIN MENCIÓN A SARA

Si hubo un punto por donde Alicia García pasó de puntillas fue el de la protección a la infancia. Apenas dos meses después de la muerte de Sara, la niña de cuatro años vallisoletana que falleció tras las presuntas agresiones físicas y sexuales por parte del compañero sentimental de su madre –un suceso que ha acarreado numerosas críticas a la Consejería por la actuación de los Servicios Sociales y por el que ya compareció García en septiembre–, la responsable de Familia sostuvo que el sistema de Protección a la Infancia de Castilla y León es «susceptible de refuerzo y perfeccionamiento» pese a que «atiende con calidad a miles de menores desprotegidos».

Sin mencionar en ningún momento a la pequeña, García se refirió al paquete de medidas que los Servicios Sociales autonómicos anunció hace unos días para reforzar este servicio y que pasan por mejorar la detección y la notificación de situaciones de maltrato y coordinar a todas las instituciones relacionadas, los dos puntos que fallaron en el caso de la menor vallisoletana.

Respecto a la creación de empleo, un denominador común de todos los departamentos de la Junta, la consejera aseguró que es la «mejor política social» y citó la creación de casi 7.400 puestos de trabajo vinculados a la dependencia en estos dos años hasta lograr un sector donde, en la actualidad, trabajan 24.000 personas en la Comunidad. También mencionó los 5.500 beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía que han salido de esta prestación –dotada con un presupuesto de 76,5 millones de euros y que, en la actualidad, perciben alrededor de 38.000 personas– por encontrar un empleo en ese periodo, gracias a los programas de inserción laboral.

En cuanto a otras ayudas económicas, la consejera avanzó que, «próximamente», se va a publicar la convocatoria de subvenciones destinadas a compensar la disminución de ingresos de los padres que soliciten la jornada partida o una excedencia para el cuidado de sus hijos. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres también estuvo presente en el discurso de la consejera, que explicó que los esfuerzos en este ámbito tienen como principal destino el medio rural.