Más de 2.000 personas no pueden trabajar con niños por delitos sexuales
Castilla y León , quinta autonomía con menos proporción de condenados por población / El número de delincuentes sexuales crece un 9% desde 2016 / 100.400 ciudadanos han pedido el certificado de penales
Un profesor escribe fórmulas sobre un cristal.-E. M.
Tienen prohibido trabajar o desarrollar actividades en contacto directo con menores de edad. El motivo de ese veto es que sus ‘expedientes’ están manchados de delitos sexuales. En Castilla y León, un total de 2.083 personas cargan con sentencias firmes por haber cometido uno o varios delitos de índole sexual, lo que les aleja obligatoriamente de ejercer profesiones, actividades u oficios con niños y adolescentes.
Ese es, al menos, el número de condenados en firme en la Comunidad por este tipo de delitos y, por tanto, los que figura en el Registro Central de Delincuentes, que entró en vigor en 2016, aunque las cifras podrían ser muy superiores si, como plantea la recién estrenada campaña de Save the Children, se lograra ‘romper el silencio’ y salieran a la luz todos los casos reales de abusos cometidos sobre menores.
El número de sentenciados en Castilla y León representa el 4,6% de los 45.155 registrados a nivel nacional. Se sitúa, en términos absolutos, como la séptima autonomía con mayor número de este tipo de delincuentes confirmados; muy alejada, eso sí, de Cataluña, Andalucía, Valencia o Madrid.
Sin embargo, si atendemos al volumen global de población, se observa que Castilla y León es la quinta autonomía de España con menor proporción de personas condenadas por prácticas que violan el derecho a la integridad sexual. Sólo Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid contabilizan menos porcentaje.
Según la información del Registro Central de Delincuentes, en la Comunidad ocho de cada 10.000 habitantes han sido condenados por vulnerar ese derecho. La media de España se fija en 9,68 por cada cien mil vecinos.
Aún así, la cifra de ‘fichados’ en Castilla y León se ha incrementado en 178 personas desde que el registro de delincuentes sexuales viera la luz el 1 de marzo de 2016 con 1.905 casos contabilizados en la Comunidad. Eso significa que en dos años y medio ha aumentado su número en un 9,3% –un punto menos que en el conjunto de España–.
Y ha crecido el listado después de que el año pasado (primer ejercicio completo del registro nacional) fueran inscritos los 83 castellanos y leoneses condenados por los tribunales de justicia por haber cometido algún tipo de delito de carácter sexual. De esos 83, doce fueron declarados culpables sin ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad.
El mayor número de condenas se produjo en León, con 20; seguido por las 18 de Burgos, las 13 de Valladolid o las nueve de Salamanca, por seis en Segovia, cinco en Palencia y cuatro en Ávila, Soria y Zamora.
Las identidades y el ADN de todas estas personas condenadas permanecerán activas en ese registro durante 30 años. Ese tiempo comienza a contabilizarse tras el cumplimiento de la condena por un delito contra la libertad e indemnidad sexual o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.
Solo hay una excepción. En el caso de los condenados menores la inscripción en ese registro ‘caduca’ una vez que hayan transcurrido diez años desde la mayoría de edad, por aquello de posibilitar su reinserción y evitar que los infractores queden estigmatizados.
Hasta que trascurra ese plazo ninguno podrá trabajar con menores, ya que es requisito imprescindible para acceder a un empleo en contacto directo con niños o adolescentes adjuntar desde 2016 un certificado de penales limpio de cualquier sospecha.
Lo necesitan profesores, pediatras, odontólogos, entrenadores, monitores de actividades culturales o de ocio, compañías de teatro, conductores y acompañantes de autobuses escolares, personal de comedores escolares, cocineros y limpiadores de colegios, catequistas... El abanico es inmenso, aunque no existe un registro concreto sobre qué profesiones u oficios lo requiere de forma obligatoria.
Prueba de este gran abanico es que más de 100.400 castellanos y leoneses han solicitado de forma gratuita el certificado de antecedentes de delitos sexuales desde que entrara en vigor esta obligación.
En lo que va de año, el Ministerio de Justicia ha expedido 18.956 documentos en Castilla y León a través de la Plataforma de Intermediación o de manera presencial en la Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid y de Burgos (las dos únicas con las que cuenta la Comunidad). Se suman a los 48.932 solicitados en 2016 y los 32.512 requeridos en 2017.
«Resulta imposible», tal y como confirman desde elMinisterio, contar con el dato exacto de cuántos certificados se han solicitado en cada una de las provincias, ya que los ciudadanos pueden solicitarlo por muchas vías (presencial, electrónica, por gerencias territoriales…).