El obispo que cobijó a Ramos Gordón presidirá la comisión antipederastia
Blázquez crea una grupo de trabajo que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia
Juan Antonio Menéndez, en una imagen de archivo.-ICAL
Un obispo que no investiga a los encubridores de abusos sexuales a menores, el de Astorga, al mando de la Comisión antipederastia que ha creado la Conferencia Episcopal «para preparar los materales de trabajo» que presentará la institución en la reunión que organizará el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019 con los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo.
Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, no ha tenido ninguna intención de investigar a quienes sabían de los abusos sexuales que cometían algunos sacerdotes y cobijó al propio Ramos Gordón, quien realizó tocamientos a los niños que acudían en los años 80 al Seminario Menor de La Bañeza (León) y al colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).
Después de que el Vaticano reconociera como probados los abusos sexuales e impusiera a Ramos Gordón la mayor condena canónica a un sacerdote en España –diez años de ‘exilio’, en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga–, el obispo de Astorga dio carpetazo al asunto y decidió no abrir una investigación.
Y eso que algunas víctimas proporcionaron con nombres y apellidos los encubridores de sus casos, aquellos que debían proteger a los niños y que decidieron mirar a otro lado y hacer la vista gorda, como si cerrando los ojos esos abusos no existieran y no hubieran dejado marcas que nunca sanarán por completo.
Uno de los acusados por F. L., víctima de abusos que destapó el primer caso de pederastia en la Iglesia reconocido en Castilla y León al enviar una carta al Papa Francisco, es Javier Redondo, que entonces trabajaba en el seminario y hoy es vicario de Ponferrada–Galicia y de Pastoral Social en la diócesis de Astorga.
Ese Menéndez, el que encubre y protege a los cómplices por omisión de absusos sexuales a menores, es el elegido por el presidente de la Conferencia y cardenal Ricardo Blázquez, para presidir esta Comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores, según informó la Conferencia Episcopal a través de un comunicado.
En la nota, la institución católica asegura que la Comisión tendrá «un cariz fundamentalmente jurídico» y estará compuesta, además de por el obispo de Astorga, por juristas dela Junta Episcopal que pertenecen a Asuntos Jurídicos, el Servicio Jurídico Civil, el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, el servicio jurídico de la Confer (Conferencia Española de Religiosos) y de la vicesecretaría para Asuntos Generales, aunque sus nombres no han sido anunciados.
La comisión, de la mano de Menéndez, pretende actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia Católica «para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico». También tiene el cometido de redactar «una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores» que sustituirá a los protocolos actuales.
De esta manera, la Conferencia Episcopal pretende implantar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, «para responder a los abusos en la Iglesia y demostrar integridad en este trabajo».
La Iglesia se compromete a «proteger» a todos los menores y adultos vulnerables y a «responder a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia», procurando ofrecer «asistencia y apoyo pastoral» a las víctimas y a supervisar y remitir los casos a las autoridades competentes.
La Iglesia se compremete a esto y más, pero de la mano de un obispo que ya avisó hace un año que no abriría una investigación para aquellos que negaron el auxilio o guardaron silencio ante los abusos sexuales en La Bañeza y Puebla de Sanabria. Un obispo, el de Astorga, que cumplió su palabra y que todavía no ha investigado lo que ha sucedido en su propia diócesis.