‘No’ al veto a las gasolineras desatendidas
Norma Las cooperativas cuentan ya con 12.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular/ Reconocen inspecciones, aunque aún no hay multas
Instalaciones de la estación de servicio de la cooperativa Odarpi.-URCACYL
La Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León sigue su lucha contra la normativa que obliga a las estaciones de servicio a disponer de personal de forma permanente, lo que, a su juicio, perjudica especialmente a las gasolineras ubicadas en el medio rural.
Tras la presentación en el registro de las Cortes de una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley 1/2016 de 13 de octubre, prosigue la recogida de firmas en toda la Comunidad para acabar con el veto a las gasolineras desatendidas.
Por el momento, Urcacyl ha reunido ya cerca de 12.000 firmas de las cerca de 16.000 necesarias para que prospere la ILP. El objetivo, como apunta José María Santos, es llegar, al menos, a las 18.000 antes de diciembre, cuando se cumple el plazo que está establecido para la recogida.
La Unión Regional pide a los partidos políticos que les apoyen en este propósito y respalden la iniciativa de las cooperativas, cuyos principios se centran en la mejora del entorno rural. A pesar de que esperan que no se llegue a aplicar la normativa, Santos reconoce que ya se han producido las primeras inspecciones en las estaciones del mundo rural, a instancias de algunas Asociaciones de empresarios, aunque, por el momento, no hay constancia de multas o sanciones.
Según José María Santos, la situación puede calificarse de «cierto impás», incluso en comunidades como Castilla-La Mancha, que fue donde «se abrió melón» en esta materia y «comenzaron los problemas» para el resto de autonomías.
Desde Urcacyl aluden al último Real Decreto del Ministerio de Industria, en relación a la ITC 04, que, en su opinión, «deja bien claro que las estaciones pueden ser desatendidas». Incluso, se apunta que muchas estaciones de servicio de las cooperativas están «perfectamente» adaptadas a estas instrucciones técnicas complementarias en condiciones de seguridad.
Por otra parte, desde la Unión Regional se recuerda también el informe de la CNMC, que muestra que las instalaciones sin personal «cumplen con todas las medidas de seguridad y atención que el cliente precisa», así como el expediente informativo abierto por Bruselas, cuyo resolución se espera en breve, en relación a las normativas autonómicas sobre las gasolineras desatendidas. Desde la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas consideran que estas legislaciones constituyen restricciones relevantes al libre mercado.
La Unión Regional de Cooperativas tiene la intención de reunirse de nuevo con los grupos políticos con representación en las Cortes, para reclamar una «excepción normativa» en el caso de las cooperativas, ateniéndose a sus peculiaridades económicas y sociales, de servicio al mundo rural.
La nueva normativa obliga a las cooperativas a cerrar las instalaciones a los posibles consumidores en horario nocturno y de fin de semana, que es cuando permanecen sin personal que atienda a los clientes. Una decisión que, según Urcacyl, puede poner en riesgo unos 100 empleos en la Comunidad, además de «dejar desatendido el medio rural».
La reforma del Estatuto del Consumidor de Castilla y León fue aprobada en las Cortes con el apoyo del PP, PSOE y Podemos, el rechazo de Ciudadanos, y la abstención de la UPL. Una decisión que ahora Urcacyl quiere revertir con la tramitación de la Inciativa Legislativa Popular.
En este sentido, las cooperativas rechazan que la seguridad o el empleo puedan invocarse como motivo para justificar el interés general de la limitación aprobada en la nueva norma. Y hacen hincapié en la pérdida de más de 30.000 puestos de trabajo en las gasolineras convencionales en los últimos doce años.
Por contra, defienden el servicio prestado por las cooperativas en el medio rural, no solo a los socios, sino a toda la población de los distintos pueblos, ofreciendo un producto «de calidad a un precio competitivo». Lamentan, de hecho, el que la reforma del Estatuto del Consumidor pueda provocar el cierre de las estaciones en los horarios afectados, obligando a muchas personas a realizar desplazamientos mucho más largos para abastecerse de este suministro.
Hay que recordar que para que la ILP salga adelante se necesitan, al menos, el 0,75% del censo electoral de cada provincia de la región. Mientras tanto, las cooperativas mantienen abiertos buena parte de los setenta postes con los que cuentan, al tiempo que echan en falta un período de adaptación a la nueva normativa, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Hasta esta fecha, solo se ha tramitado una ILP en las Cortes regionales relativa a la regulación de una red de apoyo a la mujer embarazada. Fue en la legislatura 2007-2011. Las otras dos ILP presentadas no fueron aprobadas.
Es importante señalar que las sanciones a las que se enfrentan el medio rural son muy importantes, ya que se sitúan entre los 3.000 y 15.000 euros. Los responsables de las cooperativas son conscientes de que si llegan las multas, no podrán continuar con la actividad. Por eso, piden una reflexión y un cambio de postura, a tenor de lo que está ocurriendo en otras comunidades autonómicas.