Las Opas declaran la guerra a las lonjas

Golpe sobre la mesa de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), que le dicen a las lonjas de Castilla y León «hasta aquí hemos llegado». La pasada semana todas denunciaron el hundimiento de los precios de los cereales, también de otros productos como las vezas y los forrajes, cuyas cotizaciones «caen por debajo de los costes de producción» y con ello «se incumple la Ley de la Cadena Alimentaria».

El enfrentamiento ha llegado al punto de que las Opas pidieron la suspensión de cotizaciones del cereal, como fue el caso de Upa Castilla y León. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), fue más allá y anunció que abandona la lonja de Valladolid-Palencia. Coag denuncia la «especulación financiera sobre productos básicos como el trigo o la cebada», donde «el agricultor es el eslabón más débil de la cadena». Por su parte, Asaja exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) y a la Junta de Castilla y León que «velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria».

La decisión más drástica la tomó el pasado jueves UCCL, al anunciar que abandona su participación en la lonja de Valladolid-Palencia, debido a que «esta no refleja con precisión la situación actual del mercado y ha demostrado una falta de eficacia como herramienta de referencia para la fijación de precios». La decisión fue ratificada por el comité provincial de la organización agraria, con la participación de agricultores de todas las comarcas de Valladolid.

UCCL venía participando en la lonja de Valladolid desde su creación en mayo de 2024. Es más, la Opa fue una de los promotores de su creación, «por considerar que era necesario contar con una lonja de Valladolid y Palencia, en las provincias que tienen un mercado muy importante de cereales, y no tener que tomar como referencias la de otras provincias como Segovia, Salamanca o León».

Sin embargo, apuntan desde UCCL, «durante los últimos meses, hemos observado con preocupación cómo los precios establecidos en la lonja se han alejado de la realidad operativa, siempre inferiores al mercado y a otras lonjas, generando distorsiones y afectando negativamente la transparencia y la competitividad del sector».

Se trata de una «desconexión» que «ha dificultado la correcta valoración de nuestros productos, siempre en perjuicio del agricultor, en las transacciones comerciales, de venta de sus cereales y forrajes». Desde UCCL defienden «un mercado transparente, justo y basado en datos reales». Por ello, a partir del pasado jueves, 19 de junio, la organización ha dejado de asistir y participar en la Lonja de Valladolid-Palencia. Considera que esa lonja «no es válida, por no reflejar la realidad del mercado» y aconseja a los agricultores de la provincia «que se guíen por los precios derivados directamente de la oferta y la demanda, y que antes de realizar una venta se informen a través de las cooperativas y organizaciones agrarias de la situación de los precios de mercado».

Al día siguiente, viernes 20, UCCL volvió a cargar contra las lonjas, en esta ocasión poniendo sobre la mesa las cotizaciones de la salmantina. La organización agraria calificó de «vergonzoso» lo que está pasando con los precios del cereal «y en especial la bajada de 15 euros por tonelada de la cebada de esta semana en la lonja de Salamanca, que no tiene ninguna justificación», subrayó.

«Desde Unión de Campesinos no se entiende que el precio del cereal esté en mínimos y tanto el pienso como el carro de la compra no haya bajado en concordancia», apuntó la entidad en un comunicado. Achacó la bajada de precios a «una especulación por parte de ciertos grupos de poder en el que siempre pierden los mismos: los agricultores, los ganaderos y los consumidores».

UCCL recordó que el pasado 17 de junio se reunieron en Europa los ministros de agricultura de los diferentes países, por la regeneración del campo de los jóvenes agricultores ya que 3 de cada 4 agricultores pasan de los 40 años: «A todos nuestros políticos habría que recordarles que para que una persona joven apueste por el sector primario, lo primero que tiene que tener es una explotación que sea rentable». Sin embargo, «con los costes de producción más altos de la historia y unos precios que ya tenían nuestros abuelos, el sector se va a la ruina. Un sector que, cabe recordar, es el que nos da de comer».

«Esperamos que todos los gobiernos se pongan a trabajar antes de que tengamos que cerrar nuestras explotaciones y en un futuro no tengamos que arrepentirnos si viene cualquier desgracia y no queden ya ni agricultores ni ganaderos que nos provean de algo tan básico como el alimento», señalaron desde UCCL.

La Unión de Pequeños Agricultores (Upa) de Castilla y León redundó en el caso de la lonja de Salamanca, a la que exigió la suspensión de las cotizaciones de cereal: «Upa Castilla y León exige la inmediata suspensión de la cotización de cereales de la Lonja de Salamanca, que en las últimas horas ha rebajado brutalmente hasta 15 euros por tonelada la cotización de la cebada», apuntó la organización. «Se trata de una maniobra puramente especulativa al servicio de los operadores, y que lleva a una situación dramática a los cerealistas en unos momentos en los que está a punto de recogerse la cosecha actual».

La rebaja de hasta 15 euros la pasada semana en la Lonja de Salamanca situó la cotización de la cebada en apenas 178 euros por tonelada. «Es motivo más que suficiente para que actuasen motu proprio las autoridades competentes y obligaran al cierre de dicha lonja, puesto que esos precios no pueden ser referencia de nada, teniendo en cuenta los altísimos costes de producción en los cereales», señaló Upa, entidad que anunció que va a emprender «cuantas medidas legales» estén a su alcance «para poner fin a maniobras que lejos de buscar un equilibrio en la cadena, lo que buscan es engordar las cuentas de los operadores comerciales arruinando a los productores».

Upa lleva tiempo denunciando la actitud de las lonjas de la Comunidad, especialmente la de Salamanca, «que lejos de defender los intereses de los verdaderos protagonistas en la producción de alimentos, tanto para el ciudadano como para la cabaña ganadera, hace el juego a intermediarios y a quienes desde su despacho levantan el teléfono y por cada operación hacen su negocio», señalan desde la organización agraria.

En su día, Upa logró que la cotización de la Lonja de Zamora cerrase ante los precios ruinosos que marcaba como referencia, y en el caso de Salamanca, pidió que «no se retrase ni un día más» ante «las vergonzosas maniobras que la llevan a cotizar unos precios que rozan la esclavitud contra los productores».

Debido a esta situación, «Upa reclama que se desenmascare a quienes están detrás de estas maniobras en Salamanca y que si tienen alguna duda acudan por ejemplo a la Lonja del Ebro y comprobarán que el precio de la cebada marca una cotización de 190 euros por tonelada».

Upa hizo un llamamiento al Defensor de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León para que actúe con celeridad porque «es insostenible que sigamos comprobando como se van de rositas quienes facilitan el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe precios por debajo de los costes de producción y por lo tanto, que los agricultores se vean obligados a vender a pérdidas», remarcó la organización agraria.

«Resulta lamentable y vergonzoso que las lonjas agropecuarias de la región no asuman su responsabilidad y dignidad adoptando la decisión de dejar de cotizar hasta que los precios no se recuperen. Es significativo que solo tomen esas medidas extraordinarias de no cotizar cuando la situación de precios perjudica a otros elementos de la cadena como son los propios operadores comerciales», concluyó la entidad agraria.

Parecida es la visión de Coag. En una reciente movilización de las Opas contra la bajada de precios del grano el responsable del sector de cereales de la Ejecutiva de Coag, Javier Fatás, remarcó que la especulación financiera sobre productos básicos como el trigo o la cebada «está distorsionando el mercado mundial, y el agricultor es el eslabón más débil de la cadena. El resultado es trigo nacional a precio de saldo. Hoy, en el campo se paga por debajo de 220 euros por tonelada, cuando producirlo cuesta más de 250», apostilló.

Asaja Castilla y León demandó también «que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria con el cereal», y denunció que para rendimientos medios de 2,8 ó 3,2 toneladas y costes de producción para esta campaña de unos 800 euros por hectárea «el precio del cereal, no puede estar por debajo de los 200 euros».

«Estamos a las puertas de acometer una nueva cosecha de cereal en la provincia de Valladolid, con producciones récord. Esta previsión de una magnifica cosecha no se puede ver empañada por unos precios muy por debajo de los costes de producción», señaló la agrupación vallisoletana de Asaja en un comunicado. «Las leyes están para cumplirse y la Ley de la Cadena Alimentaria dicta claramente que no se puede vender ningún producto agrario por debajo de los costes de producción», subrayó.

Asaja Castilla y León exige al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Castilla y León «que velen por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria», ya que «no es de recibo que el agricultor cerealista de secano dependa, única y exclusivamente, de unas condiciones climáticas favorables para no ir directamente a la ruina». La organización agraria informó que muchos agricultores cerealistas de secano necesitan vender parte de su producción «desde la cosechadora», para poder afrontar pagos inminentes.

«La rentabilidad del cereal de secano está en entredicho y los datos lo confirman», apuntó la organización, que puso de manifiesto que «la superficie destinada a este cultivo ha descendido en más de 300.000 hectáreas en la pasada sementera en Castilla y León. Por ello, Asaja recalcó que es «incompresible» que «una nación como la española, estructuralmente deficitaria en cereal, vea machacados los precios de la producción nacional a causa de las importaciones masivas de cereal ucraniano. Unas importaciones ‘tiradas de precio’ que inmediatamente se trasladan a una caída de los precios de la producción nacional». Y es que «nos parece fenomenal que Europa apoye al pueblo ucraniano, pero la factura no la pueden pagar los agricultores españoles», reiteraron desde la Opa.

Pero los cereales no son los únicos cuya cotización por parte de las lonjas se ha puesto en duda por parte de las Opas. A principios de junio, Upa Castilla y León ya había denunciado el comportamiento de las lonjas de la comunidad «que siguen publicando precios ruinosos, como por el ejemplo el de las vezas y forrajes, contribuyendo con ello a la ruina de los agricultores».

La organización agraria mostró su preocupación «ante esta tendencia que marca un componente especulativo muy acusado». Por ello denunció que las lonjas «son responsables directos, entre otros, de la situación de precios que sufren los agricultores, marcando precios que arruinan a los productores, a pesar de la que la Ley de Cadena Alimentaria prohíbe precios por debajo de los costes de producción y por lo tanto, que los agricultores se vean obligados a vender a pérdidas».

«Resulta lamentable que las lonjas agropecuarias de la región no adopten la decisión de dejar de cotizar hasta que los precios no se recuperen. Es significativo que solo tomen esas medidas extraordinarias de no cotizar cuando la situación de precios perjudica a otros elementos de la cadena como son los propios operadores comerciales», criticó Upa Castilla y León.

Y es que, según la organización, lejos de aportar «sentido común y justicia», las lonjas de esta región «están provocando situaciones límite marcando referencias ruinosas para los productores en las transacciones y la comercialización de productos agrícolas, contribuyendo a una crisis entre los productores de cereales, leguminosas y forrajes. Las lonjas siguen haciendo el juego a comercializadores ávidos por aprovecharse del esfuerzo y trabajo de los agricultores», añade.

Según un estudio realizado por Upa Castilla y León, de media los costes de producción por hectárea en la Comunidad Autónoma para veza alcanzan los 523 euros mientras que los ingresos solo llegan a los 400 euros. En forrajes, «la situación aún es peor». Sumando todos los costes de producción, un agricultor gasta de media 777 euros por hectárea mientras que los ingresos apenas llegan a los 552 euros por hectárea.

«Estamos ante una situación insostenible que requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la Aica (Agencia de Información y Control Alimentarios) y de los organismos competentes en esta materia, entre los que se encuentra la figura del Defensor de la Cadena Alimentaria, dependiente de la Dirección General de Industria y Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León», añade.

«Para Upa, resulta desmoralizante que en una campaña como la actual, buena en producción gracias a la profesionalidad del sector productor, y también a las lluvias de primavera y a las temperaturas tan suaves hasta el momento, los actuales precios sean tan bajos que en algunos casos ni una producción abundante podía salvar la rentabilidad de las explotaciones, que además llevan acumuladas dos campañas desastrosas a nivel de precios y producción», concluye.

Volviendo a los cereales, que son los que se llevan la peor parte y su cultivo es mayoritario en Castilla y León, las organizaciones agrarias se concentraron el pasado día 4 de junio en Madrid para decir «basta» al hundimiento de precios. Cientos de agricultores, convocados por Asaja, Coag y Upa, se congregaron ante las puertas del Mapa para denunciar «la crítica situación que atraviesa el cultivo de cereal en España» y exigir al Gobierno medidas inmediatas.

La concentración trasladó públicamente las reivindicaciones de las tres organizaciones, tras «meses de crisis de rentabilidad agravada por los altos costes de producción, el hundimiento de los precios y la competencia desleal de importaciones masivas».

Los responsables las organizaciones recordaron las tres principales demandas que el sector plantea al Ministerio. En primer lugar, ayuda directa a los agricultores por el sobrecoste de los fertilizantes. En segundo lugar, la supresión inmediata de los aranceles a la importación de fertilizantes, que encarecen artificialmente los costes. Y por último, control real de las importaciones de cereales, «dando prioridad a la producción nacional frente a la entrada masiva de cereal de países terceros sin los mismos controles ni estándares».