Un tratamiento agresivo: copago y recortes laborales, en atención a ilegales y en infraestructuras

El diagnóstico del sistema sanitario obligó tanto al Gobierno de la nación como a la Junta a someterlo a varios tratamientos agresivos a lo largo del año para no comprometer su sostenibilidad. En 2012, llegó el tan traído y llevado aumento del copago farmacéutico, ajustes laborales para los profesionales, así como recortes en la atención a inmigrantes ilegales, en nuevas infraestructuras e incluso en la lista de espera. En esta área, la Consejería de Sanidad renunció a su compromiso de operar en un máximo de 130 días y optó por organizarla en función de la gravedad del paciente.

A ello se sumaron otros copagos, el de las ortoprótesis en función del nivel de renta y el del transporte no urgente, con el punto de mira puesto en la revisión de la cartera común, todo dentro del paquete del Real Decreto Ley de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, norma que obligó a las autonomías a tomar sus propias medidas.

En el caso de Castilla y León, con el compromiso de no cerrar centros, ni reducir prestaciones ni servicios como ha ocurrido en otras comunidades, lo primero en llegar fue el aumento de la jornada en 2,5 horas semanales para los profesionales del sistema. La estrategia: aumentar la jornada para acabar con la autoconcertación -las famosas peonadas- e incrementar la actividad de los centros propios, en detrimento de los conciertos.

Lo cierto es que la medida levantó ampollas, sobre todo entre el colectivo de médicos que amenazó a principios de año con una huelga de once días ininterrumpidos. Al final se quedó en eso, en amenaza, ya que la Junta y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla y León llegaron al acuerdo de flexibilizar la aplicación de la medida.

En materia de recursos humanos, el colectivo también recibió como un jarro de agua fría la eliminación de la paga extra de Navidad y de los complementos de productividad, lo que forzó a finales de año a sindicatos y Consejería a firmar un acuerdo, con vigencia hasta julio y prorrogable hasta diciembre de 2013, que garantiza el mantenimiento del nivel retributivo y las condiciones laborales de médicos y enfermeros.

Además, se modificaron aspectos sobre la norma que permitía a los profesionales de Sacyl casi de forma automática jubilarse a los 70 años. Ahora, la decisión quedará en manos de la Administración autonómica. El objetivo de la medida es retener a los profesionales que aporten más conocimiento y experiencia al sistema, y rejuvenecer las plantillas.

Año de ajustes y protestas

Ningún año sonaron tantas veces en la actualidad informativa sanitaria palabras como eficiencia, eficacia, gestión, control... De hecho, buena parte de las políticas se centraron en mejorar la gestión, sin tocar las prestaciones. Mayor control de compras, reducción de la estructura administrativa, cambios en la gestión (unidades de gestión clínica) y mayor integración entre Atención Primaria y Especializada fueron los ingredientes de la pócima para hacer sostenible el sistema.

Entre otras medidas, se abordó una nueva reordenación del mapa de Atención Primaria para corregir los desequilibrios territoriales que existen en la dotación de médicos y enfermeras por habitante. Aunque la voluntad de la Junta fue desde un principio “prestar el mismo nivel y calidad en la asistencia utilizando iguales recursos de manera más adecuada”, pronto comenzó la lluvia de críticas que consideraron que la medida respondía a criterios economicistas y que rebajaba la frecuentación de los médicos a los consultorios locales.

Dentro de esta reordenación, la Consejería también acordó reorganizar la atención continuada de las zonas básicas periurbanas, así como cerrar 16 puntos de urgencias nocturnas en consultorios locales por la baja frecuentación y teniendo en cuenta que es una excepción heredada del Insalud. Esta decisión, que afectó a centros de todas las provincias menos Ávila, fue la gota que colmó el vaso y que dio lugar al nacimiento de la Federación Castellano y Leonesa Salud 24 Horas.

Balón de oxígeno

La Consejería de Sanidad arrancó el año con el objetivo de corregir cualquier desviación de gastos por encima del techo consignado en el presupuesto para evitar, después de la llegada del plan de pago a proveedores, generar de nuevo una deuda que comprometa el futuro de la prestación. Supuso un balón de oxígeno para la sostenibilidad de la sanidad pública, ante una deuda sanitaria, estimada en 17.000 millones en todo el Estado, que hacía que el sistema corriera el riesgo de entrar en barrena y no levantara el vuelo.

Herencia del Insalud

En 2012, el Tribunal Supremo falló a favor de Castilla y León y obligó al Gobierno central a pagar cerca de 70 millones de euros a la Junta derivados del periodo de cogestión de seis meses de la sanidad en 2002, durante las transferencias. Se trata de una cantidad que la Junta recurrió porque, en este tiempo, entre enero y junio de 2002, el Gobierno central liquidó unas cantidades de meses anteriores que luego pretendía endosar al Ejecutivo regional. Ascendían a 53,5 millones, de los que 35,6 correspondían a gasto farmacéutico; 8,19 millones, a personal y 9,64, a bienes y servicios.