Los recortes en educación provocan el cierre de unidades y la reducción de ayudas y docentes

“Castilla y León no va a entrar en la guerra de horas”. Esta frase la formulaba hace un año el consejero de Educación, Juan José Mateos, quien aseguraba que de hacer recortes en en esta materia, se harían en infraestructuras pero no en servicios básicos. Pues bien, este año el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público, aprobado por el Gobierno central, trajo esos temidos recortes y la educación de Castilla y León se convulsionó como ya había ocurrido anteriormente en otras comunidades. 

El propio consejero reconoció estos “recortes” y aseguró que le dolía tomar estas medidas fruto de la tan traída y llevada actual situación económica. Por lo tanto, se incrementó el horario de los docentes, se les redujo el sueldo con la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad -que se extendió a todos los empleados públicos- y se eliminaron unidades en el entorno rural, al tiempo que se dejó de contratar a más de 800 profesores interinos, se eliminaros programas de conciliación y se redujo el importe para becas. El incremento del horario de los profesores, según el consejero, serviría para “mejorar la calidad de la enseñanza”, aunque no lo vieron así los propios docentes, quienes salieron a la calle durante este año en múltiples ocasiones. 

Otra de las medidas fue la eliminación de cerca de 300 unidades de Educación Secundaria en el medio rural, lo que llevó a que se tuvieran que trasladar 486 alumnos de primero y segundo de la ESO a institutos de referencia, otro de los aspectos que incluía el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público mediante el cual alumnos que hasta ahora cursaban sus estudios en los centros de las localidades donde vivían, fueran trasladados a institutos de referencia más cercanos, motivo que causó diversos problemas y quejas de los padres afectados y que era obligatorio si en cada curso no había más de diez alumnos, aunque se dio una moratoria a aquellos que en una unidad tenían diez y en otra siete pero que serán eliminadas el curso que viene. 

También, se redujo el número de profesores interinos hasta cerca de 800, aunque la previsión inicial era no contar con 665 interinos este curso que comenzó en septiembre. Un curso que fue calificado por el propio consejero de “muy complejo”, donde apeló al “sacrificio, la vocación y el esfuerzo” de los docentes y que comenzó con un 1,04 por ciento más de alumnos, hasta alcanzar los 363.889.

En Formación Profesional el curso escolar arrancó con 39.679, cerca de mil más que el curso pasado. Precisamente, la inauguración del curso en este tipo de enseñanzas corrió a cargo de los príncipes de Asturias y del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que se llevó una sonora pitada a las puertas del Centro Integrado de Formación Profesional Juan Herrera de Valladolid. 

No obstante, durante el año fueron numerosas las concentraciones, movilizaciones y protestas tanto del profesorado como de los estudiantes, hasta el punto de convocar varias jornadas de huelga contra los recortes puestos en marcha por el Gobierno de España y por la Junta de Castilla y León. 

Además, otra de las polémicas del año fue la supresión del programa de conciliación de la vida laboral y familiar Centros Abiertos. La Consejería de Educación ya había modificado su funcionamiento con el cobro del servicio a los padres durante el periodo estival, mientras que continuó siendo gratuito los sábados y días no lectivos. Este año decidió no poner en marcha el programa por considerar que no era un programa educativo y por el coste que suponía en la actual situación de crisis económica. 

Además, puso en marcha un copago en los programas Madrugadores y Tardes en el Cole, también de conciliación, con cuantías máximas mensuales de 35 y 25 euros, respectivamente, aunque estableció bonificaciones y exenciones para familias numerosas, entre otros colectivos. 

También se produjo una reducción drástica en las ayudas para la adquisición de libros de texto, al pasar de 17 millones de euros a 4,5 los fondos destinados por el Ejecutivo a tal fin. Además, se redujo el nivel de renta de las familias para ser beneficiarios a 30.000 euros anuales. 

Nueva ley

Durante este año, el Gobierno dio a conocer su nueva Ley de Educación para cumplir con la tradición de que nuevo Gobierno, nueva Ley educativa. Así, con ella el Ejecutivo podrá imponer un diez por ciento más de los contenidos a las comunidades autónomas, al tiempo que elimina la prueba de acceso a la universidad y serán ellas quienes decidan hacer pruebas específicas para las carreras con más demandas.

Tampoco hubo tranquilidad en las universidades este año, dado que se incrementaron las tasas de matrícula en una media de entre 200 y 400 euros, lo que provocó numerosas manifestaciones y protestas de colectivos estudiantiles. El consejero habló en las Cortes de la creación de un Fondo de Solidaridad dirigido a los estudiantes con menos recursos económicos, pero no dijo que ese fondo lo gestionarían las universidades y lo costearían también ellas. No obstante, las cuatro universidades públicas de la Comunidad tenían ya (con otra denominación) una partida para becas con alumnos con necesidades económicas o personales especiales. 

Las protestas también fueron la tónica general en esta etapa educativa, una de las más significativas se produjo en la inauguración oficial del curso de la Universidad de Valladolid, que este año se trasladó a Palencia con motivo del 800 aniversario del Estudio General de Palencia, que dio origen a la Universidad española. Allí diversos colectivos protestaron contra los recortes con pancartas como '¡En la Administración más recortes!', 'Rotundamente no' o 'Un Gobierno sin vergüenza', entre otros.