Nuevos tributos y recortes para cumplir los objetivos de déficit en una Comunidad

La Consejería de Hacienda de la Junta tiene que afrontar en 2012 un trabajo ímprobo marcado por los ajustes presupuestarios que se exigen desde el Gobierno central, presionado a su vez por la UE, que llevan a recortes sin paliativos en la política de gasto y a la puesta en marcha de nuevos tributos desde el lado de los ingresos. Todo con el objetivo de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que se endurecen. Además, Castilla y León no es ajena a las dificultades para obtener financiación, pero demuestra su solvencia logrando las partidas necesarias en el mercado financiero ordinario y evita así recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y con ello, que sea intervenida de facto por el Gobierno.

Castilla y León arranca el año con un presupuesto prorrogado a la espera de que el nuevo Ejecutivo central, presidido por Mariano Rajoy, otorgue claridad a la situación económica del país, con una previsión cierta de evolución y de ingresos para la Autonomía. En paralelo, el 12 de enero, el Consejo de Gobierno da luz verde al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que es aprobado por las Cortes el 28 de febrero, y supone que a partir del 1 de marzo sube el precio del combustible en 4,8 céntimos de euro (céntimo sanitario), se grava con un tributo medioambiental a las empresas eléctricas y la eliminación de residuos y se aumenta la jornada de los 87.000 empleados públicos en 2,5 horas, hasta las 37,5, si bien esto se aplica desde abril, excepto para los sanitarios, que arranca en mayo, y docentes, que será con el inicio del próximo curso. 

La Junta empieza a trabajar en sus cuentas de 2012 con un objetivo de déficit del 1,5 por ciento, y elabora un Plan Económico Financiero que le permita acogerse al programa diseñado por el Gobierno central para afrontar el pago a sus proveedores. Ese plan recibe el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 17 de mayo, con ajustes previstos de 366 millones de euros para este año, de otros 355 para 2013 y de 138 millones más para 2014 para cumplir con los objetivos de déficit marcados por el Gobierno. 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presenta las grandes cifras de la Comunidad de 2012 el 25 de mayo, con ocho meses de retraso y unos niveles de crédito de 2007, que se aprueban en las Cortes el 12 de julio. En total, 2.137 proveedores de Castilla y León se acogen al mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España para cobrar 287.482 facturas por un importe de 1.052 millones de euros, según las cifras ofrecidas el 13 de junio por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Consejo de Ministros de ese viernes autoriza el endeudamiento de las comunidades autónomas para el abono de estas cantidades. 

Vuelta de tuerca

La crisis no da tregua y el Gobierno aprieta a las autonomías acuciado desde Europa, y el 12 de julio, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se marca un nuevo objetivo de déficit para 2013, que pasa del 1,1 por ciento previsto, al 0,7 por ciento. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se abstiene en la votación, pero asume que la Comunidad hará todos los esfuerzos necesarios para que España salga de la crisis. Asimismo, destaca que el nuevo porcentaje les obligará a reducir mucho más el sector público y la desaparición de algunos entes como empresas y fundaciones, además de recuperar algún impuesto. Los presupuestos de 2013 serán reflejo del nuevo marco. 

El Consejo de Gobierno del 3 de octubre conoce la ley de acompañamiento para 2013, en la que el Ejecutivo autonómico recupera el Impuesto de Sucesiones, aunque también elimina el llamado céntimo sanitario para los transportistas de mercancías y pasajeros y taxistas, ante su impacto en las ventas de carburante y la actividad de estos sectores. Herrera presenta unas cuentas el 15 de octubre en las que las nueve consejerías cuentan con 7.344 millones de euros de gasto en 2013, un 6,09 por ciento menos que este año, lo que sitúa su asignación a niveles de 2004-2005 de unos presupuestos que ascienden a 9.481 millones de euros, un 2,45 por ciento inferiores a los del ejercicio en curso. El Gobierno regional avanza en su objetivo de reducir el sector público en un 50 por ciento al final de la legislatura. 

Financiación

En materia de financiación, cabe destacar que el 4 de diciembre Herrera informa de que la Junta de Castilla y León ha completado sus necesidades de financiación para este año por la vía ordinaria, es decir, emisiones de deuda y préstamos, y no acude al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) aprobado por el Gobierno central, cuyo plazo se cerraba el día anterior. Asimismo, el presidente autonómico remarca que la Comunidad está en condiciones de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento este año. 

Vacaciones fiscales 

Castilla y León sigue en su empeño en 2012 de acabar con las llamadas vacaciones fiscales vascas por la competencia desleal que generan entre territorios, aunque sin éxito. En este sentido, en el mes de abril se conoce que Tribunal Supremo desestima los recursos de los gobiernos de Castilla y León y La Rioja contra el Impuesto de Sociedades de Vizcaya; y el 14 de junio el Consejo de Gobierno de la Junta acuerda interponer ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que considera que se ha vulnerado su derecho de defensa en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco. 

Asimismo, el 28 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) desestima el "último recurso" de la Comunidad de Castilla y León contra la normativa tributaria de Vizcaya, correspondiente al año 2009. Según la institución foral, se notifica la sentencia de Castilla y León tras desestimar, esta misma semana también, los recursos de La Rioja contra el Concierto Económico y las normas forales del Impuesto sobre Sociedades. "Con esta última sentencia, el TSJPV resuelve todos los recursos pendientes contra el sistema tributario vasco".