La energía eólica, tabla de salvación para las cuentas de muchos municipios de Castilla y León

 No atraviesa buenos tiempos el sector eólico del país. Las continuas reformas energéticas sacuden de incertidumbre las inversiones en marcha y las proyectadas a futuro, algo que ya han denunciado en numerosas ocasiones los empresarios del sector. Pero hay un pequeño oasis en la tormenta perfecta. Lo representan los municipios en los que se asientan los aerogeneradores, la mayor parte de ellos con un bajo número de habitantes, que albergan en sus terrenos molinos que nutren sus arcas gracias a la recaudación tributaria: el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el de Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices).

Estos parques se han erigido en la tabla de salvación para las cuentas de muchos de estos ayuntamientos de Castilla y León que reciben vía impuestos partidas importantes por parte de las eléctricas, que además deben hacer frente a la 'ecotasa' de la Junta.

Ávila es un buen ejemplo de ello, con 16 municipios 'eólicos'. Incluso la capital posee uno en el barrio anexionado de Urraca Miguel, en terrenos particulares, que tributan al Ayuntamiento, unos 27.500 euros al año por el IBI de Características Especiales.

Uno de los consistorios que más percibe en esta provincia por concepto de impuestos eólicos es Santa María del Cubillo, que desde hace cinco años les supone entre 50.000 y 60.0000 euros al año por IBI. La energía eólica aporta una cantidad inferior en Ojos Albos, cuyos molinos se ubican en una finca particular y repercute unos 46.000 euros. Hasta 24.000 euros alcanza la cifra anual en Valdecasa y unos 15.000 en Muñana.

En Las Navas del Marqués -las parcelas pertenecen a la Sociedad Montes de las Navas, compuesta por Ayuntamiento, Diputación y Junta-, hace una década que los aerogeneradores están operativos. Por este concepto el Consistorio ingresa cada año unos 300.000 euros, aunque en función del año la cifra varía ligeramente. Y en San Juan de la Nava perciben desde el año 2008 unos 170.000 euros anuales.

Menos dependencia externa

El parque eólico ‘Grado’ ubicado en el término municipal de Ayllón (Segovia) comparte un total de 16 aerogeneradores con las provincias de Soria y Guadalajara, reportando al Ayuntamiento segoviano hasta 50.000 euros de beneficio. Un montante que su alcaldesa, Sonia Palomar, considera “importantísimo” y que se convierte en más necesario aún en unos tiempos de crisis en los que “se aprende a ser eficientes y poner en valor los recursos disponibles”. Palomar incide en la necesidad de “depender lo menos posible de una financiación externa”, por lo que no descartaría la instalación de infraestructuras similares si se diera el caso.

A pesar de la polémica que suscitó la puesta en marcha del parque eólico en el espectacular entorno natural que lo alberga, Palomar asegura que los habitantes tienen más que “interiorizado” su uso y asegura que aunque por el momento la energía que producen no se usa en el término municipal considera que podría revisar los términos del contrato para establecer su uso en Ayllón.

No es de la misma opinión el regidor de Navares de Enmedio, Francisco Gutiérrez, quien, muy crítico, apunta a que desde el año 2003, cuando se instalaron los molinos, el Ayuntamiento “no ha visto ni un sólo euro”, más allá de los 50.000 euros anuales por los dos impuestos, IAE y Bices.

Hasta disputas por su ubicación

El Ayuntamiento de Ólvega (Soria) obtiene unos ingresos anuales de unos 150.000 euros con los 60 aerogeneradores distribuidos por el término. El alcalde, Gerardo Martínez, asegura que “supone un ingreso extra que puede convertirse en millonario si se tiene en cuenta el periodo de veinte años de vida útil de un aerogenerador”.

El regidor ratifica que “nunca un suelo habrá producido un beneficio considerable como el que está aportando la energía eólica”. De hecho, expone como prueba del interés por el beneficio de los aerogeneradores las diputas de los agricultores para buscar la ubicación de los molinos de viento en sus términos. Martínez pone a Ólvega como ejemplo de “aprovechamiento del recurso” al trazar un itinerario turístico denominado la “ruta del viento”, en un recorrido por los distintos aerogeneradores del término, en una señalización costeada por la empresa que gestiona el recurso en el municipio.

En Ágreda esperan recaudar este año 48.000 euros del IBI, “ya que el IAE dependerá de los rendimientos que tenga la empresa”. Para el municipio es el primer año en el que el parque eólico con 12 aerogeneradores está en marcha, según informó el primer edil, Jesús Manuel Alonso, quien destaca que para el ayuntamiento “es capital”.

La Mancomunidad Tierras Altas de Soria es ejemplo de buena gestión. Su gerente, Fernando García, explica a Ical que la mitad de lo que perciben procede de la ocupación de los terrenos, con una cantidad que ronda los 4.750 euros por megavatio instalado. El otro 50 por ciento se corresponde con el Bices (unos 4.000 euros por megavatio al año) y el IAE (otros 4.500 euros).

De estas cantidades, la Mancomunidad mantiene un acuerdo para que el 45 por ciento de los ingresos repercuta en los 16 ayuntamientos adheridos, mientras que el 55 por ciento restante se utiliza para la prestación de servicios mancomunados (limpiezas, mantenimiento y saneamiento), para el que la organización tiene contratadas a diez personas. “Tanto el empleo como las actividades culturales, limpieza o energía se desarrollan gracias a la energía eólica”, señala García, a lo que se suma la repercusión en los ayuntamientos, “que tal y como están los ingresos...”.

Además, este tipo de consistorios cuentan con presupuestos de entre 60.000 y 300.000 euros y este tipo de ingresos procedentes de la energía eólica “les salvan el año y si no llegan lo notan mucho”.

Recuerda que se encuentra paralizada la tramitación del proyecto para duplicar la capacidad para 220 kilovoltios, que tenía como objetivo nutrir a una línea de alta tensión de Red Eléctrica Española (REE) hasta Logroño y hubiera permitido una mayor construcción de parques. Ello hubiera permitido inversiones de entre 250 y 300 millones de euros “que ahora están en el aire por la incertidumbre legislativa del Gobierno”.