Heraldo-Diario de Soria

10 días para pronunciarse

El TSJC pregunta a las partes si debe volver a investigar a Torra

Sería el segundo delito de desobediencia que se imputaría al 'president', ya condenado a 18 meses de inhabilitación por desobediencia

La pancarta a favor de los independentistas presos que cuelga del Palau de la Generalitat.-ALBERT BERTRAN

La pancarta a favor de los independentistas presos que cuelga del Palau de la Generalitat.-ALBERT BERTRAN

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EFE
Soria

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La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo de 10 días para que la Generalitat, la asociación Impulso Ciudadano y la Fiscalía se pronuncien sobre si esta sala es competente para investigar al 'president', Quim Torra, por un segundo delito de desobediencia.

Los hechos del presunto delito se remontan al pasado 20 de septiembre, cuando, fuera de periodo electoral, la asociación Impulso Ciudadano pidió a la sala de lo Contencioso que ordenara retirar una pancarta expuesta en el balcón de la Generalitat con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados'.

El tribunal, invocando la neutralidad de los espacios públicos, accedió a la petición de Impulso Ciudadano y ordenó a Torra retirar la pancarta, dándole un plazo de 48 horas para hacerlo, que expiró sin que este cumpliera la orden jurisdiccional.

Ante la constatación de estos hechos, la sala de lo Contencioso del TSJC remitió la causa a la sala de lo Civil y Penal para que esta evaluara la posible sanción penal que pudiera derivarse de tal comportamiento.

Este jueves, la sala de lo Civil y Penal recoge el testigo y toma la iniciativa en la instrucción de los hechos, que empieza con el trámite de informar a las partes --el denunciado, la fiscalía y la acusación particular-- de la apertura de la causa y el ofrecimiento a las mismas de alegar la incompetencia de la sala ante el enjuiciamiento de los hechos en un plazo de 10 días, a contar a partir de este jueves 2 de enero.

Simultáneamente, Torra espera la decisión que debe tomar este viernes la Junta Electoral Central (JEC) sobre su inhabilitación como diputado del Parlamento, después de ser condenado a año y medio de inhabilitación por el TSJC por desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril.

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