Turismo, ganadería e incendios

La provincia de Soria es un verdadero paraíso natural en forma de vegetación y riqueza medioambiental. Algunos datos lo dicen todo. Alrededor de 600.000 hectáreas forestales, de las que tres cuartas partes son arboladas, con cerca de 250 millones de árboles, de los que 115 millones son coníferas. Difícilmente encontremos datos tan verdes y desbordantes en otra provincia, no solo de Castilla y León, sino del resto de España.

Con esto quiero decir que es mucho lo que está en juego en cuanto a prevención de incendios se refiere, y todos debemos ser conscientes de ello ante peligros tan latentes como las altísimas temperaturas, los vientos tan extremos y la humedad tan baja que estamos padeciendo este verano y que hacen de nuestra masa forestal un hábitat en peligro.

Traigo a colación esta reflexión tras la respuesta del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria a la decisión adoptada por varios municipios sorianos, de cerrar salvo a los ganaderos, el acceso a todas las pistas forestales de los municipios de Valdeavellano de Tera, Villar del Ala, Rollamienta, Rebollar, Sorillo del Rincón, Aldehuela del Rincón y Molinos de Razón.

Y es que el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente nos ha contestado diciendo que el acuerdo adoptado por estos Ayuntamientos “en cuanto afecta a las pistas forestales que discurren por los montes de utilidad pública ha sido dictado por un órgano que carece de competencia para acordar dicha restricción”.

Tendrá toda la razón en su argumentario al decir quién es el que dispone y predispone para determinadas actuaciones, faltaría más, pero la lógica y el sentido común dice que en ocasiones los políticos de despacho deberían estar junto a los que habitan el territorio y viven en él los 365 días al año. ¿Sabremos algo de esto, verdad?.

Dice el sabio refranero castellano que “más vale prevenir que curar”. Yo voy más allá y me pregunto: ¿Es que el turismo es una actividad económica de primera categoría y la agricultura y ganadería, por ejemplo, que aporta alimentos a la sociedad lo es de tercera?. Lo digo porque las restricciones para el sector primario son en muchos casos abusivas y sin embargo para otras actividades como las vinculadas al turismo parecieran que son muy laxas.

A modo de recordatorio. Los agricultores y ganaderos gestionamos como nadie el territorio, y bajo mi punto de vista desempeñamos un papel imprescindible en la prevención de los incendios. En este sentido, la ganadería extensiva contribuye a mantener limpios los montes y reducir la carga de combustible, mientras que los agricultores suelen ser los primeros en detectar y actuar ante un incendio antes incluso de que lleguen los medios de extinción. Así y todo estamos vigilados con lupa, cosa que me parece hasta razonable.

Pero volviendo al comienzo de este artículo, lo que han decidido estos municipios sorianos en representación de todos sus vecinos es simplemente actuar con la máxima responsabilidad y compromiso en la defensa de esta gran joya medioambiental que es nuestro medio natural. Por lo tanto, decir que se restrinja el acceso a determinadas pistas forestales por parte de estos pequeñitos municipios responde a la lógica de preservar y salvaguardar nuestros montes y nuestras poblaciones, y por lo tanto la conservación e incluso la economía de la zona.

Si atendemos al tan manido sentido común, resulta lógico priorizar el cuidado y la preservación del territorio antes que permitir el `libre albedrío´ vinculado al turismo y al movimiento multitudinario de idas y venidas de vehículos en manos de veraneantes por zonas especialmente delicadas y tan sensibles medioambientalmente hablando.

Tal vez me extralimite en mis apreciaciones, pero desde este humilde artículo de opinión reclamo al Servicio Territorial de Medio Ambiente que escuche a los que viven en primavera, verano, otoño e invierno en estos pueblos. Y si no es mucho pedir, que desde la atalaya de su responsabilidad en la gestión de los montes públicos, revise los protocolos actuales y cuente con las corporaciones locales, ayuntamientos, organizaciones agrarias y ciudadanos del medio rural para establecer criterios más ajustados a los riesgos reales de cada actividad.