Csif denuncia que el Ayuntamiento «no ha cumplido» los autos del juez

El sindicalista de Csif Soria Roberto Sánchez valoró ayer como «justo» el último auto emitido por elJuzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, en el que exige al Consistorio que le notifique los bienes del interventor para embargarle. Y denunció que «el Ayuntamiento no ha cumplido» los autos emitidos porque «ha estado dando largas». 

Este auto, que es el tercero que se emite, pone de manifiesto que el interventor José Luis López Navarro tiene que devolver los 41.175 euros, a razón de 1.500 euros mensuales, que percibió entre el uno de enero de 2009 y el 30 de abril de 2011. Una cuantía económica que el Ayuntamiento le asignó, como complemento de productividad, a través de una resolución de alcaldía. 

Tanto elJuzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria como elTribunal Superior de Justicia de la Comunidad han exigido, por sentencia judicial, que se devuelva la menciona cantidad al Consistorio. 

«El Ayuntamiento no ha cumplido» la sentencia porque «ha estado dando largas», lamentó el sindicalista, que recalcó que le parece «razonable y lógico» los argumentos esgrimidos en el auto por el juez-magistrado Carlos Sánchez Sanz. Además recordó que el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, «es la máxima autoridad de Soria» y «el primer responsable» del no cumplimiento de los autos. 

El sindicalista insistió que «el auto nos parece justo», por lo que «lo normal es que si hay una sentencia se tiene que cumplir». «No entramos a nada más; nosotros pusimos la denuncia en su día y lo dejamos en manos del Juzgado», recordó.

En los últimos meses, el interventor envió varios escritos al Juzgado para pedir «la nulidad» de la ejecución de los autos emitidos. «Es entendible que lo haga», recalcó el miembro del Csif, ya que subrayó que cada uno defiende sus intereses. En la misma línea recalcó que «veo lógico» y «razonable» que «nosotros queramos llegar hasta el final».

«El Ayuntamiento tendrá que andar con cuidado porque las cosas podrían ir contra ellos» si no acata el cumplimiento de este caso, subrayó.

En la misma línea se posicionó el concejal del PP Alberto Rodríguez, que advirtió que

«están rayando el que les puedan poner una querella criminal por el artículo 404 del Código Penal, por prevaricación administrativa». «No se comprende que los asesores» del Ayuntamiento «no digan» que «hay que ejecutar ya la sentencia». 

Rodríguez recordó el daño que está causando este proceso judicial a la imagen de los trabajadores municipales, y abogó porque se zanje «cuanto antes» para dejar de estar «en una ilegalidad permanente». Para los populares, «el alcalde de la ciudad es el responsable de que no se esté ejecutando la sentencia», porque él mismo «se nombró como la autoridad» competente para seguir este proceso judicial, designación que podría haber recaído en «cualquier alto funcionario o alta autoridad» municipal. 

«Estamos aquí por el empecinamiento y la cabezonería del alcalde», prosiguió el popular, quien lamentó que «los sorianos hemos puesto» al interventor y a Mínguez para que «cuiden de nuestro patrimonio», y no para que se produzcan estas situaciones. 

El edil popular, que precisó que la administración no está «para prestar dinero a nadie», insistió que el complemento de productividad que percibió este alto funcionario municipal es «ilegal», y «no se puede devolver en cómodos plazos, como dijo el señor alcalde». Rodríguez instó al regidor «a que esto vuelva a la normalidad, porque no me hace gracia que estemos así», en una situación de «ilegalidad manifiesta».

El último auto, además de exigir que se notifiquen los bienes necesarios para embargar al interventor, exige al Ayuntamiento que, en el plazo de cinco días, «aporte a este Juzgado la justificación documental de las retenciones practicadas» al interventor estos meses. Además desea conocer la cantidad que este trabajador percibe al mes, el porcentaje de retención aplicado hasta ahora y el desglose de las cantidades retenidas -5.141,59 euros, según el Ayuntamiento-, precisando en cada caso la fecha de la retención.